El Instituto Juan de Mariana y Value School publican el informe Una sociedad de propietarios: una transición urgente e ineludible. El informe plantea una alternativa a Estado del Bienestar: la sociedad de propietarios.«El Estado del Bienestar ha tenido un crecimiento indebido. Muchas decisiones que deben recaer en el ámbito de la familia o el individuo han sido asumidas por el Estado, con perjuicio de la sociedad en su conjunto. El Estado está condicionado por unas carencias que explican que no dé una respuesta adecuada a los retos a los que se enfrenta: le falta información relevante y sus decisiones están marcadas por incentivos perversos. A ello se suman dos condicionamientos: actúa con uniformidad, cuando la sociedad es compleja y cambiante, y con una perspectiva cortoplacista. Hay una alternativa: la sociedad de propietarios».
«El sistema político elogia al ciudadano responsable y comprometido, y le otorga el poder de decidir sobre las cuestiones más complejas por medio del voto. Pero al día siguiente a las elecciones, el mismo sistema considera al ciudadano un ser incapaz de organizar los aspectos más nimios de su día a día. Por ejemplo, no nos permite decidir cuándo nos jubilamos, o pactar todas las condiciones de trabajo; tampoco nos permite elegir quién será nuestro médico o el profesor de nuestros hijos», denuncian.
Esta paradoja se ha producido por un enorme crecimiento del poder del Estado sobre nuestras vidas. Ese poder se ha encarnado en la forma del Estado del Bienestar. Y este informe del Instituto Juan de Mariana y Value School pone en duda algunos de los principales argumentos en favor del mismo.
En cuanto al argumento económico, los ciudadanos no podrían pagar por sí mismos los servicios básicos (sanidad y educación). El informe lo pone en duda, entre otros motivos, porque si se permitiera a los trabajadores retener la parte de su sueldo que ahora se llevan los impuestos correspondientes, podrían destinarlo a sufragar esos servicios, dice.
Por otro lado en cuanto al argumento solidario destaca que aun así hay una parte de la población a la que le costaría acceder a esos servicios públicos. El informe también lo pone en duda porque no es lo mismo que el Estado pague un servicio a que lo preste él mismo. Es decir, podría sufragar los servicios públicos a las familias más necesitadas, y permitirles elegir en el mercado a quienes les prestasen un mejor servicio. Hay ejemplos de que esto se está haciendo, como el cheque escolar o el cheque sanitario.
El informe también critica la posición de que la posibilidad de que tomemos decisiones erróneas justifique automáticamente el estatismo. El motivo es que el propio Estado actúa sin poder acceder a toda la información que está dispersa en la sociedad, y está sometido a unos incentivos que no coinciden con los intereses generales de la población.
En este sentido, el informe incide en dos críticas a la actuación del Estado que no se suelen resaltar, pero que son muy importantes: la uniformidad. “En un Real Decreto uno no puede establecer diferencias por los gustos o los requerimientos de los beneficiarios. Esto contrasta con nuestra vida cotidiana, donde cada persona y cada familia son diferentes, como lo son también sus necesidades”.
La otra hace referencia al cortoplacismo del proceso político. Las promesas electorales tienen una vista muy corta; como mucho llegan a los próximos cuatro años. Esto contrasta con el capitalismo. “En realidad, el capitalismo, como su propio nombre indica, nace del ahorro y la inversión (la acumulación de capital) aplicada a procesos productivos cada vez más extensos y complejos que nos permiten fabricar bienes y proporcionar servicios que cubren necesidades más alejadas de la mera supervivencia. De ahí que las sociedades capitalistas sean más ricas y por eso mismo ofrezcan más posibilidades de consumo”.
Sostenibilidad de las pensiones
El informe reconoce todas las virtudes de los sistemas públicos de pensiones, pero recoge las advertencias que se están haciendo sobre su sostenibilidad a largo plazo desde hace décadas.
Y plantea una alternativa: si al sueldo de un trabajador (que incluya todos los costes laborales) le liberamos del pago a la Seguridad Social y destinamos una cantidad similar al ahorro y la inversión a largo plazo, las pensiones serían mucho mayores.
El informe propone diferentes medidas, entre las que destacan:
Por un lado, detener el castigo al ahorro iniciado hace unos años y, como mínimo, volver a los tipos vigentes en el IRPF antes de 2010, y olvidar de una vez por todas el Impuesto sobre el Patrimonio. «Es un tributo injusto, que recauda poco, que distorsiona muchísimas decisiones y que nos convierte en una anomalía en Europa. Nuestros políticos, que constantemente nos animan a compararnos con nuestros vecinos del norte, lo olvidan cuando se trata de este impuesto. En este caso, además, al ser el único país que mantiene un tributo de este tipo, la comparación es aún más pertinente, dado que es mucho más probable que frene la llegada de inversiones y nuevos contribuyentes».
Recalcan también la necesidad de amplios límites exentos en el Impuesto de Sucesiones y tipos más reducidos. «En la línea de lo apuntado a lo largo de este informe, creemos que el impuesto de sucesiones es injusto y que suele penalizar a las familias de clase media y media-alta que han construido un pequeño patrimonio con muchísimo esfuerzo. Buscan incentivar el ahorro por medio de planes de empresa. De los algo más de 35 puntos de cotizaciones que se pagan en la actualidad, se podrían usar entre 3-4 puntos (dos de las cotizaciones para el desempleo y dos de contingencias comunes) para este nuevo fondo de ahorro individual».
Finalmente proponen sicavs para todos. «Cada español mayor de edad poseería una cuenta de largo plazo abierta a su nombre. La única decisión que tendría que tomar es en qué banco se deposita. Incluso puede plantearse la opción de que la cuenta esté abierta en el ICO, para aquellos jóvenes que quieran poner todo su patrimonio bajo gestión en manos del Estado. Incluso podría plantearse que la primera aportación de la cuenta, casi como regalo de cumpleaños por la mayoría de edad, proceda del Estado: teniendo en cuenta que hay unos 450.000 – 475.000 jóvenes que cada año cumplen los 18 años, una aportación de 1.000 euros tendría un coste total de algo menos de 500 millones de euros anuales».
Por Funds Society, Madrid
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Por Marcelo Soba