La oficina de protección al consumidor de Estados Unidos anunció ayer la puesta en marcha de una ley que facilitará que los consumidores puedan demandar a los bancos o a otras compañías financieras de consumo. JPMorgan Chase, Citigroup, Bank of America, Wells Fargo o Goldman Sachs Group serán los más afectados, pero es probable que la regla levante ampollas en todo Wall Street.
La nueva norma, explicó en una comparecencia Richard Cordray, director del organismo, impedirá que las entidades financieras utilicen cláusulas de arbitraje obligatorio en sus contratos. Su inclusión en los documentos bloquea casi por completo la posibilidad de que, ante un conflicto o desacuerdo, el consumidor acuda a los tribunales.
“En el papel, estas cláusulas simplemente dicen que cualquiera de las partes en conflicto puede optar por la mediación en lugar de acudir al sistema judicial. En la práctica, las empresas utilizan estas cláusulas para impedir las demandas colectivas de consumidores”, dijo Cordray en referencia al uso de las conocidas class-actions.
Productos afectados
La norma se aplicará a los nuevos contratos de productos como tarjetas de crédito, préstamos para automóviles, informes de crédito e incluso servicios de telefonía móvil que proporcionan facturación de terceros. En 2010, la Ley de Dodd-Frank y el Congreso ya prohibió las cláusulas de arbitraje obligatorio en la mayoría de los contratos de hipoteca residenciales.
“La inclusión de estas cláusulas en los contratos permite a las empresas eludir el sistema judicial, evitar grandes compensaciones y seguir adelante con prácticas abusivas que pueden violar la ley y perjudicar a un gran número de consumidores”, añadió el director de la oficina de protección al consumidor.
Un exhaustivo estudio de la oficina de protección al consumidor descubrió que debido a la presencia masiva de estas cláusulas, la mayoría de los consumidores no se molestaba en recuperar comisiones de 35 ni sobrecargos de 100 dólares, pues el gasto de la asesoría legal supera la cifra. Al restablecer la capacidad de los consumidores para presentar o unirse a demandas colectivas, la regla otorga a las empresas más incentivos para cumplir con la ley.