La implantación de la normativa europea, las incertidumbres que quedan sobre la mesa en la aplicación de directivas como MiFID II o PRIIPs, y la estabilidad regulatoria también en España fueron temas protagonistas en el X Encuentro Nacional de la Inversión Colectiva, organizado por la APD, Deloitte e Inverco y celebrado esta mañana en Madrid. Angel Martínez-Aldama, presidente de Inverco, criticó el posible impuesto a las transacciones financieras como algo que “sería negativo para economía española” y pidió ir de la mano con el G10 para evitar efectos indeseados que ha tenido en otros mercados.
Entre esos efectos, calculó aquellos para los partícipes de fondos: solo por el efecto en la compraventa de acciones y los derivados sobre acciones, “el efecto sería de un 7% menos de rentabilidad en 25 años en los fondos de inversión y de casi un 6% en los fondos de pensiones”. Y dejó muy claro que “este impuesto no lo pagarían las entidades, sino los ahorradores pequeños y medianos a través de los productos de inversión colectiva”. Por eso lo rechazó –por sus efectos negativos y porque sería una doble imposición, dijo, para fondos e instrumentos financieros- y apeló a que, si se hace, se haga en coordinación con países a nivel europeo.
Martínez-Aldama también criticó que en los últimos años ha habido nueve cambios en el tipo de gravamen del ahorro, “y la mayoría de las veces para aumentarlo”, y, sobre los planes para cambiar la fiscalidad de las sicavs (cuyo volumen controla la agencia tributaria), criticó que “cualquier modificación en materia fiscal o cambios en la regulación financiera no va a implicar que las sicavs desaparezcan sino solo las españolas –desde 2016, 600 se han dado de baja-, porque las internacionales de la UE que se comercializan en España no están sujetas a las mismas restricciones fiscales ni regulatorias”. Por último expresó su deseo de que el Gobierno promueva los instrumentos de ahorro, que son clave en la economía.
Los detalles pendientes de MiFID II
Sebastián Albella, presidente de la CNMV, aprovechó su intervención para referirse a los detalles que quedan pendientes de la normativa europea MiFID II. El primero, el asunto de los incentivos, puesto que el real decreto no ha dado detalles sobre los requisitos necesarios para considerar una mejora de la calidad del servicio y que legitimarán el cobro de incentivos por parte de los distribuidores de fondos, y que se desarrollarán vía reglamentaria. “El reglamento podrá establecer una lista cerrada de supuestos. Esto prefigura lo que esperamos que haga la norma, pues desde la CNMV defendemos considerar solo los tres supuestos expresamente mencionados en MiFID II”, explicó, lo que implica el rechazo al cuarto supuesto pedido por Inverco.
“Desde la CNMV hemos apoyado esta solución, una opción no extensiva (pero tampoco restrictiva, como podría definirse en Reino Unido u Holanda) porque a medio y largo plazo creemos que va a favorecer que haya más asesoramiento en fondos de inversión, algo bueno para el equilibrio entre entidades e inversores, y porque va a impulsar la competencia y hacer más dinámico el entorno”.
Sobre el segundo tema pendiente de detalle, habló del régimen de análisis, que en principio no sería obligatorio aplicar en el ámbito de las IICs, puesto que MiFID contempla solo la gestión de carteras. “Sin embargo, desde la CNMV hemos recomendado al Gobierno que los mismos principios se apliquen también al ámbito de las IICs por una cuestión de coherencia”. Sobre las consecuencias, explicó que se observa una tendencia general –en la Europa continental y en España, “donde ha habido una avalancha de modificaciones de folletos para contemplar la repercusión de costes a IICs”– por la repercusión de los costes de análisis a las IICs, a diferencia de Reino Unido, donde el movimiento es hacia la asunción de costes por parte de las gestoras.
Albella indicó que desde el supervisor no tienen una postura ni defienden una u otra opción: “Si las gestoras lo asumen es de esperar que a medio plazo eso presione al alza las comisiones de gestión y también podría tener un efecto no favorable desde una perspectiva de rentabilidad, lo que llevaría a la contratación de menos análisis y a una menor riqueza en la gestión. Somos agnósticos sobre la decisión a tomar, pero llamamos la atención sobre la dificultad de la repercusión a las IICs, pues en ese caso hay que cumplir requisitos rigurosos”.
Falsa gestión activa
Sobre el cerco al closet indexing, y siguiendo un comunicado que emitió ayer el supervisor, aclaró que “en España no estamos especialmente preocupados por este tema, pero sí a favor de reforzar la transparencia de los fondos”, dijo. Así, explicó que en los análisis comparativos por países sobre la gestión referenciada a índices “hemos salido muy bien en la foto, informamos mucho”, e indicó que la CNMV solo ha identificado una decena de fondos con deficiencias de transparencia, a los que ha pedido mejoras. Sobre este tema, “lo que más preocupa a la CNMV es la cultura de los inversores, que es menos sensible al nivel de comisiones de los fondos de lo que debería ser, y eso habría que mejorarlo desde el punto de vista de funcionamiento de nuestro sector. Vemos cierta insensibilidad que no nos parece sana”, añadió Albella.
Sobre la liquidez en los fondos aseguró que no preocupa, pero sí ocupa: “Es un tema de moda desde la perspectiva de la estabilidad financiera, pues los mercados contribuyen estructuralmente a la misma. Nuestra regulación siempre le ha dado mucha importancia a la liquidez y todos debemos dársela”, añadió, recordando que la mayor parte de las IICs funcionan aquí con arreglo a un esquema de liquidez diaria.
Por Fórmate a Fondo