El 2025 traerá más cambios para el sector financiero europeo, que sigue afrontando una avalancha de regulaciones, sobre todo en sostenibilidad, digitalización y protección al consumidor, que exigirá a las entidades financieras adaptarse con rapidez.
Destacamos aquí las normativas clave que marcarán la agenda regulatoria del año 2025: la continuación del desarrollo de los paquetes de finanzas digitales y de finanzas sostenibles, iniciativas que abarcan desde la regulación de criptoactivos hasta la adopción de prácticas sostenibles en toda la cadena de valor empresarial; la Estrategia de Inversión Minorista o la directiva de servicios financieros a distancia, que introducen cambios relevantes que afectan a la comercialización de productos financieros y servicios bancarios para minoristas. Cada uno de los cambios exige a las entidades financieras una revisión exhaustiva de sus modelos operativos y de negocio.
Repasamos las normativas principales y cómo afectarán, a nuestro juicio, al sector financiero.
Finanzas sostenibles
La sostenibilidad seguirá siendo uno de los ejes regulatorios más relevantes para el sector financiero. La directiva de informes corporativos de sostenibilidad (Corporate Sustainability Reporting Directive o CSRD por sus siglas en inglés), en particular, será una pieza fundamental para aumentar la calidad de la información sobre sostenibilidad de las empresas europeas. La CSRD amplía las exigencias de reporte de información no financiera que las grandes empresas y pymes cotizadas de la UE han de cumplir, y va más allá de los requisitos que imponía su predecesora, la directiva de información no financiera (conocida por sus siglas inglesas NFRD).
Por otro lado, la directiva de diligencia debida (Directiva (UE) 2024/1760, de junio pasado) representa una de las iniciativas regulatorias más ambiciosas por su esfuerzo en lograr un mercado europeo alineado con la sostenibilidad y la responsabilidad social. Esta norma, que busca reducir el riesgo de sostenibilidad en la cadena de suministro, se aplicará progresivamente desde 2027 y afectará a empresas con más de 1.000 empleados o con una facturación superior a 450 millones de euros.
La sostenibilidad seguirá siendo uno de los ejes regulatorios más relevantes para el sector financiero
Aunque esta directiva de diligencia debida solo obliga a las entidades financieras por sus actividades “aguas arribas”, es decir, no las obliga a cumplir directamente con estos requisitos en sus propias operaciones con clientes, tendrá un efecto significativo en el sector.
Digitalización y pagos: MiCA, DORA y el euro digital
La digitalización sigue avanzando en paralelo a la regulación. Con la entrada en vigor de los reglamentos sobre los mercados de criptoactivos y de resiliencia operativa digital (conocidos también por las siglas inglesas MiCA y DORA, respectivamente), el sector financiero tendrá que lidiar con nuevas reglas para los servicios de criptoactivos y la fortaleza tecnológica.
El reglamento MiCA entrará en vigor en diciembre próximo y regula la emisión y prestación de servicios sobre criptoactivos, en especial de monedas estables (stablecoins) y de tóquenes de dinero electrónico, para integrarlos en un marco más seguro.
Por su parte, el reglamento DORA, con fecha de aplicación en enero de 2025, exige a las entidades contar con sistemas de gestión de riesgos tecnológicos sólidos, en respuesta a los crecientes ciberataques y los restantes riesgos tecnológicos.
Además, la nueva directiva de servicios de pago (la tercera, ya bautizada como PSD 3) y el Payment Services Regulation (PSR) —nuevo reglamento que hará comunes las normas de la directiva en toda la UE— apuntan a incentivar el acceso al mercado de pagos y a mejorar la competencia en los pagos minoristas, para promover el desarrollo del euro digital y los pagos inmediatos.
Unión de Ahorro e Inversiones (antigua Unión de Mercado de Capitales)
Las reformas que buscan la Unión de Ahorro e Inversiones pretenden reducir los obstáculos en el acceso a los mercados de capitales y simplificar el marco normativo para los emisores. Para ello, por un lado, se modifican la directiva y el reglamento de instrumentos financieros (MiFID II y MiFIR, de nuevo en siglas inglesas), para mejorar la transparencia y la igualdad de condiciones de los mercados, y para facilitar el acceso de los inversores a los datos de mercado. Por otro se aprobó en abril la Listing Act, que procura mejorar el atractivo y la competitividad de los mercados de capitales de la UE.
No debemos olvidar la revisión del reglamento de los fondos de inversión europeos a largo plazo (los FILPE, o los ELTIFs, en inglés) y la promulgación del reglamento delegado que lo desarrolla para que resulten más atractivos para la inversión minorista.
Estrategia de Inversión Minorista
La Estrategia de Inversión Minorista (RIS, en siglas inglesas) define un conjunto de reglas que no solo busca fomentar la inversión minorista, sino asegurar un nivel uniforme de protección en toda la UE al equiparar las normas de conducta y obligaciones de las entidades en la distribución de productos, con independencia de que se trate de instrumentos financieros o productos de inversión basados en seguros (IBIP). Para ello, prevé nuevas obligaciones de actuación en el mejor interés del cliente en el asesoramiento, por ejemplo, analizar una gama adecuada de productos, valorar el coste-beneficio, evitar en las recomendaciones productos o estructuras que supongan costes adicionales, seguir el valor continuado, etc.
Con disposiciones como la de value for money y otras de RIS, el mercado financiero europeo se orienta a buscar una mayor accesibilidad y transparencia para los inversores minoristas
En lo que se refiere al análisis coste-beneficio, conocido en el sector como value for money, el objetivo es conseguir que los productos financieros y servicios de inversión ofrecidos a los clientes sean eficientes y tengan un coste adecuado.
Con estas disposiciones, el mercado financiero europeo se orienta a buscar una mayor accesibilidad y transparencia para los inversores minoristas, buscando ajustar la oferta de servicios financieros a los intereses reales de los clientes, si bien será necesario garantizar una aproximación equilibrada que no comprometa la competitividad de las entidades europeas y que permita la coexistencia de opciones para los consumidores, manteniendo los incentivos y el acceso a asesoramiento financiero personalizado.
Prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo
Las nuevas directrices de la EBA y el paquete de reforma sobre esta materia consolidan las obligaciones de las entidades financieras para prevenir el blanqueo y la financiación del terrorismo. En 2025, además de la creación de la nueva autoridad europea de lucha contra el blanqueo de capitales (AMLA), que es una de las principales iniciativas de la Unión Europea para reforzar la supervisión y el cumplimiento de la normativa en materia de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo, también se espera la implantación de la Travel Rule, que obligará a incluir datos sobre el origen y destino de los fondos en transferencias con criptoactivos, incluidas las internacionales, mejorando la trazabilidad y control de estas operaciones.
Conclusión
El 2025 se presenta con un panorama de alta exigencia regulatoria para el sector financiero, que tendrá que adaptarse a un marco normativo amplio y diverso sobre sostenibilidad, digitalización y protección del consumidor. A medida que la UE sigue avanzando en esta transformación regulatoria, las entidades financieras deberán responder de forma ágil y con visión estratégica para alinearse con los nuevos estándares y fortalecer su posición.
Redactado por Úrsula García Giménez, cofundadora y socia de finReg360, para la revista Funds Society de diciembre 2024.
Por Funds Society, Madrid