La transposición de la Directiva europea 2017/828, conocida como Shareholders’ Rights Directive II, al ordenamiento español está en proceso de tramitación y se espera que su aprobación se acelere en los próximos meses. Esta nueva normativa europea, que responde a los estudios de la Comisión Europea sobre el gobierno corporativo, busca incentivar una actitud de compromiso a largo plazo por parte del inversor institucional en las sociedades cotizadas.
Ana Puente Pérez, subdirectora general de legislación de mercado de valores e instrumentos financieros del Ministerio de Economía y Empresa; Elisa Ricón, directora general de Inverco; y Borja Miranda, director general de Morrow Sodali para Iberia y América Latina, han compartido su visión sobre el anteproyecto de ley que traspone esta directiva y cómo afectará este a las gestoras españolas en un desayuno-coloquio organizado por Evercom.
La política de implicación y la identificación de accionistas destacaron como alguno de los principales objetivos del anteproyecto y aquellos que podrían ser de mayor interés para las gestoras españolas. Respecto al primero, la normativa se centra en el seguimiento del impacto social, ambiental y de buena gobernanza de las sociedades (ESG). Además, anualmente las sociedades gestoras tendrán que informar acerca de qué política de implicación siguen y cómo la aplican.
“Los gestores deberán explicar cómo hacen el seguimiento de determinadas cuestiones de las sociedades en las que invierten como, por ejemplo, estrategia, resultados financieros y no financieros o los factores ESG”, explicó Ana Puente. En lo referente a la identificación de accionistas aseguró que “la directiva busca profundizar en este derecho, reconociendo expresamente cadenas de tenencia de acciones e intentando poner los medios para que la transmisión de información entre la sociedad y el beneficiario final, el accionista último, funcione adecuadamente”.
Ricón, por su parte, se centró en los aspectos del anteproyecto que afectan a las gestoras de fondos de inversión y de pensiones como inversores que han de implicarse en la gestión de las compañías en las que invierten. Por ello, desde Inverco solicitan, en la medida de lo posible, que se flexibilicen los plazos de la aplicación de la normativa. Con respecto a los costes que se deberán asumir para adaptarse al anteproyecto, Ricón añadió que “en España, al tener posiciones tan pequeñas, cuando a las entidades se les imponen obligaciones de implicación a los accionistas, el coste y la dificultad de cumplir con estas es muy elevado”.
La directora general de Inverco también se mostró a favor de que la directiva tenga en cuenta las necesidades del día a día de las gestoras ya que, según ella, “la norma pretende establecer compromisos a largo plazo, pero al mismo tiempo hay que tener en cuenta liquidez diaria”. Este factor podría dificultar el diseño de estrategias a largo plazo.
“Los inversores tienen una responsabilidad de seguimiento de sus compañías y eso significa implicación”, aseguró Borja Miranda que, pese a la inversión en sistemas, personas y recursos que supone el adaptarse a esta nueva legislación, afirmó que también supone una oportunidad para que las gestoras españolas puedan mejorar su posicionamiento de mercado, atraer nuevos clientes y aumentar el control sobre la gestión de la inversión, incorporando criterios no financieros.
“Si las gestoras adoptan todos estos factores como parte de su estrategia, ganarán de cara a posicionarse de forma diferente en el mercado”, concluyó Miranda que invitó a las gestoras a ver el nuevo marco regulatorio como “una oportunidad de dar un paso hacia adelante y cumplir con los más altos estándares internacionales”.
Por Funds Society, Madrid
