Después de un par de años en conversación, gracias a un trabajo coordinado entre las autoridades económicas de Chile y los actores de su mercado, por fin entró al Congreso local el proyecto de ley que pretende regular a las empresas fintech en el país.
Se trata de una iniciativa que apunta a regular a los prestadores de servicios relacionados con el mercado de valores, incluyendo nuevos actores en el perímetro regulatorio de la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), los que estarán sujetos a un registro especial.
Además, el proyecto busca equilibrar la regulación del mercado de valores, ampliar el perímetro de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), regular a actores en el negocio de pagos minoristas, y establecer un marco regulado para el Open Finance en el país andino.
Con el texto ya entregado para que sea votado por los diputados –empezó su trámite el 21 de septiembre de este año–, la industria fintech local mira con buenos ojos el documento propuesto, describiéndolo como un paso en la dirección correcta.
Para Ángel Sierra, director ejecutivo de la entidad gremial Fintechile, es de “vital importancia” implementar esta iniciativa lo antes posible. “Esta ley contribuye significativamente a cerrar las actuales brechas de inclusión financiera y rezago tecnológico en el sistema financiero del país”, indica, además de representar un “catalizador para la transformación digital de la economía”.
Para el ejecutivo, esta medida “es el paso más importante” para las aspiraciones de convertir a Chile en un hub financiero y de innovación para la región, una ambición de larga data en el país austral.
En la firma tecnológica de administración de activos SoyFocus destacan que el trabajo incluyera las visiones de la industria. “Acá se hizo un trabajo serio, que partió con la CMF pero que incorporó un proceso de discusión general que ayudó a que se tengan múltiples visiones (industria, académicos y operadores tradicionales) antes del envío del proyecto al parlamento”, recalca el socio de la firma, Francisco Errandonea.
Desde la gestora fintech Fintual, por su parte, valoran como positiva la propuesta inicial. “Tal como está planteado el proyecto, va encaminado a potenciar el funcionamiento de las fintech, promoviendo el trabajo colaborativo entre empresas financieras tradicionales (bancos) y otros actores de la industria”, indicó Diana Palacios, miembro del equipo de Riesgo y Venture Capital en la firma.
Impacto en asset management
Si bien la industria fintech tiene una amplia gama de aristas, incluyendo distintos aspectos de los negocios financieros tradicionales, no se espera que tenga mucho efecto en las firmas fintech locales dedicadas al asset management.
Los dos mayores representantes de este negocio son SoyFocus y Fintual, y ambos verán un impacto acotado en sus operaciones, ya que ya están incluídas dentro del perímetro regulatorio de la CMF. Esto debido a que ambas empresas están constituidas como administradoras generales de fondos tradicionales, por la que ya cumplen los estándares regulatorios chilenos.
De todos modos, los protagonistas de la industria sopesan las luces y sombras de la propuesta legislativa. Por el lado positivo, las nuevas firmas que entren a competir a los asset managers tradicionales tendrán el respaldo de ser entidades reguladas.
“Si bien implicará algunos desafíos como mayores costos o requisitos de capital, les permitirá competir con empresas tradicionales del sector, elevando su categoría a empresa regulada. Esto, además de las ventajas de operar con un esquema de open banking, que beneficia no sólo a las fintech”, describe Palacios, de Fintual.
Por el lado de lo perfectible, se pasó la oportunidad de mejorar el sistema de traspaso de ahorros de clientes entre operadores financieros.
Actualmente existe la posibilidad de la “portabilidad” de ahorros en el sector, explica Errandonea, de SoyFocus, lo que permite a las personas migrar ahorros en productos como APV y fondos mutuos entre administradoras. Sin embargo, explica el ejecutivo, “es un procedimiento sumamente engorroso, que antes de la pandemia era presencial, intercambiando papeles y que hoy se hace vía mail, con los problemas de trazabilidad, responsabilidad y seguridad propios de este sistema”.
Según cifras de Finnovista citadas por la CMF en sus presentaciones, la administración de activos sólo representa un 8% de la industria fintech chilena en 2021, aunque trading y mercados se constituye como uno de los sectores más dinámicos en el último par de años, con un aumento del 60% entre 2019 y 2021.
Consideraciones de la industria
Para Sierra, de Fintechile, lo primordial del texto son los principios que establece, en torno a la proporcionalidad basada en riesgos, la neutralidad tecnológica y la modularidad; y los objetivos en que se basa, relacionados con la inclusión, la innovación financiera, la promoción de la competencia y la protección de los clientes, entre otros.
En particular, en la entidad gremial destacan la normativa relacionada con Open Finance. “Contiene muchos de los lineamientos que consideramos correctos –como la aplicación obligatoria para la industria financiera, amplitud de sujetos obligados, posibilidad de generar servicios de agregación de información como de inicio de pagos– para una adecuada implementación del sistema, que efectivamente resulten en un beneficio para los usuarios”, comenta el ejecutivo.
Mirando hacia delante, una de las principales preocupaciones de la industria es la proporcionalidad de las exigencias a nuevos actores, temiendo que una regulación muy rígida liquidara la competencia.
En esa línea, para Sierra es crucial evitar “redacciones que puedan generar interpretaciones de la ley que signifiquen barreras de entrada para las empresas entrantes”, además de que los umbrales que establecerá la CMF para el funcionamiento de estas empresas “no pueden quedar sujeto a interpretaciones”.
La presión adicional que le pueda provocar la nueva regulación al regulador chileno también es una preocupación. Para SoyFocus, además de ampliar el perímetro regulatorio de la CMF, el proyecto le ponela responsabilidad de aterrizar el proyecto y definir los detalles a través de normativa propia. “Si esto no va a acompañado de una mejora importante en los recursos que tienen, puede que la implementación de la ley sea un proceso más lento de lo esperado”, advierte Errandonea.