Los gobiernos de todo el mundo se han comprometido a cumplir una serie de objetivos de emisión de dióxido de carbono a través del Tratado de París que tiene como misión combatir el cambio climático y evitar que las temperaturas mundiales aumenten en más de 1,5 °C de aquí a 2030. Sin embargo, como puede observarse en el siguiente gráfico elaborado por JP Morgan AM, muchos gobiernos se encuentran muy lejos de alcanzar este objetivo.
La barra gris muestra las emisiones totales estimadas sobre la base de la actual política por país/región, y la verde son las emisiones objetivo en función de las Contribuciones Determinadas a Nivel Nacional (NDC, por sus siglas en inglés), que forman parte del Tratado de París. A modo de referencia, los puntos azules muestran el CO2 emitido por el mismo país/ la misma región en 2017.
Algunos gobiernos están tratando de revertir sus políticas rápidamente para volver a encarrilarse hacia la consecución de este objetivo. Entre sus iniciativas, se incluyen inversiones en proyectos respetuosos con el clima que influyen sobre el comportamiento mediante la imposición de impuestos y reglamentos. Muchas de las nuevas normativas se centran específicamente en el papel que los mercados de capitales deberían jugar en la aportación de soluciones.
En marzo de 2019, el Parlamento y el Consejo de la Unión Europea introdujeron un nuevo reglamento para garantizar la coherencia, la divulgación de información y la transparencia en las actividades de los asesores y participantes de los mercados financieros en los estados miembros de la U.E. Dicho reglamento establece la forma en que los riesgos y oportunidades de ESG deben integrarse en sus procesos como parte de su deber de actuar en pos de los intereses de los clientes.
En junio de 2019, se proporcionaron datos adicionales cuando el Grupo de Expertos Técnicos de la Comisión publicó sus recomendaciones finales para la elaboración de una “taxonomía” de actividades medioambientalmente sostenibles. El informe principal describe criterios técnicos para la selección de 67 actividades económicas que pueden realizar una importante contribución a la mitigación del cambio climático. De acuerdo con esta nueva normativa, los gestores de activos que comercialicen productos calificados como “medioambientalmente sostenibles” deberán ahora explicar y divulgar información sobre la relación que guardan con estas 67 actividades.
Aunque el actual gobierno estadounidense se ha retirado del Tratado de París, sería erróneo suponer que el cambio climático no constituye una prioridad a escala nacional. El siguiente gráfico muestra que el número de resoluciones de juntas de accionistas estadounidenses en las que el cambio climático es un tema principal viene incrementándose de forma gradual.
Puesto que la mayoría de los expertos en cambio climático coinciden en que los siguientes 10 a 20 años serán cruciales para limitar sus efectos, desde JP Morgan AM prevén que las políticas gubernamentales en este ámbito se incrementarán exponencialmente a corto plazo conforme las amenazas para el medio ambiente van aumentando.
Más allá del cambio climático, las cuestiones sociales son otro factor que influye sobre las políticas de los gobiernos. Según la entidad, uno de los corolarios de la lentitud del crecimiento durante esta etapa de expansión ha sido la mediocre ampliación de los salarios reales, especialmente entre las clases media y baja.
A este respecto, la entidad sospecha que las políticas sociales –como los ingresos mínimos vitales y la capacitación en el trabajo– serán un componente cada vez más relevante de la política gubernamental en un gran número de países desarrollados. “En consecuencia, entender cómo las políticas gubernamentales relacionadas con los criterios ESG afectarán a las ganancias corporativas tiene una importancia creciente a la hora de valorar adecuadamente las acciones de una determinada empresa”, aseguran desde JP Morgan AM.
Los criterios ESG también están influyendo sobre el comportamiento de los consumidores y los inversores. La reciente aversión a los plásticos de un solo uso es un ejemplo de cómo la concienciación puede tener un impacto notable sobre las conductas de consumo. Además, los ahorradores prefieren poner sus ahorros a producir de formas que se ajusten a sus valores sociales. En una encuesta reciente, un 87% de los encuestados millenials hizo referencia a la importancia de los criterios ESG en sus decisiones de inversión.
¿De qué forma pueden incorporarse los criterios ESG al proceso de toma de decisiones de inversión?
Al tomar sus decisiones de inversión, los inversores valoran los criterios ESG del mismo modo que considerarían otras variables tradicionales –como, por ejemplo, la demanda del producto– que podrían afectar a las previsiones de una determinada empresa. Por ende, es al inversor a quien corresponde determinar la pertinencia de estos criterios ESG o si el precio del activo está reflejando este riesgo adicional. Las estrategias ESG específicas son procesos de inversión más fundamentados en reglas y que pueden invertir en temas relacionados específicamente con la sostenibilidad.
Por otro lado, según las estimaciones de JP Morgan AM en un estudio que ha analizado el volumen de activos gestionados (VAG) de los 400 principales gestores de activos, un volumen de activos de aproximadamente 30,7 billones de dólares (un 47% del VAG total) incluye algún tipo de integración de criterios ESG o método de selección basado en exclusiones. Sin embargo, las estrategias de inversión específicas solo representan un volumen inferior a 10 billones de dólares (un 12% del VAG total).
El último gráfico presenta el crecimiento por región durante los últimos dos años. Mientras que tradicionalmente Europa se ha encontrado en la vanguardia de la inclusión de criterios ESG dentro del proceso de inversión, el crecimiento registrado en Japón y EE. UU. merece especial mención.
¿Cuál es el proceso para calificar un activo a partir de criterios ESG?
Puesto que cada vez más los inversores evalúan a las empresas sobre la base de criterios ESG, las directivas están mejorando sus capacidades en lo que respecta a la provisión de datos sobre el desempeño de sus negocios. De hecho, el 85% de las empresas del S&P 500 informa actualmente sobre cuestiones ESG, lo cual contrasta con la cifra de 2011, en la que solo lo hacía un 20%.
Paralelamente, la influencia e importancia de las agencias de calificación ESG también ha aumentado, y MSCI y Sustainalytics figuran actualmente como los dos actores más prominentes del ámbito.
Es preciso señalar que las calificaciones ESG de las agencias pueden variar notablemente de unos casos a otros (de hecho, la correlación entre sus puntuaciones es de tan solo 0,53). Estas diferencias se deben a una combinación de factores entre los que se incluyen la metodología, la cantidad y calidad de los datos subyacentes, la interpretación subjetiva de los informes ESG de una determinada empresa, y la falta de normalización.
En consecuencia, las puntuaciones de las agencias de calificación pueden terminar por presentar un sesgo hacia países, sectores o empresas cuyas prácticas informativas son más adecuadas. Algunas firmas de gestión de activos desarrollan sus propias herramientas para generar sistemas de puntuación internos que les permiten tener en cuenta estas limitaciones.