En la opinión de Paul LaCoursiere, responsable global de Inversiones ESG en Janus Henderson Investors, existen principalmente dos posturas extremas en relación al efecto de la descarbonización en los mercados emergentes. Los más escépticos sostienen que afectará a las posiciones de deuda del gobierno, a los beneficios de las empresas, a las sociedades locales y será inflacionista. Para este grupo de opinión, describir el proceso de otra manera es simplemente pasar por alto los principales problemas.
En el otro lado del espectro, los más optimistas creen que el mecanismo de financiación sostenible crea una circunstancia única en la que todas las partes deberían salir ganando. La sociedad debería ser capaz de descarbonizar la economía, evitar cualquier impacto en las sociedades locales y los gestores de activos deberían ser capaces de ofrecer un rendimiento sistemáticamente superior a los inversores.
Así, para LaCoursiere la solución práctica, eficiente y viable se encuentra probablemente en algún punto intermedio entre esos dos extremos. Para ello, es necesario determinar cuáles son las herramientas disponibles para atajar el problema de la descarbonización, cuál será el precio desde una perspectiva de costes y pensar en ello desde la perspectiva de la oportunidad. También es necesario pensar en la financiación del proceso, en quiénes deberían ser los principales actores y qué regulación debe existir para facilitarlo. Todos estos puntos se trataron en durante el panel organizado por Janus Henderson Investors durante la celebración de la Cumbre Mundial del Clima, la COP26, en Glasgow, para debatir sobre las oportunidades y retos que representa la descarbonización de las economías en los mercados emergentes.
El panel comenzó con la intervención de la Dra. Nina Seega, directora de research en el Instituto de Liderazgo Sostenible de Cambridge (CISL), quien presentó datos obtenidos en una investigación reciente: en un escenario de cero emisiones netas de carbono habría entre 11 y 14 billones de dólares de activos abandonados. Esta cifra representa que la mitad de los activos empleados para la extracción de combustibles fósiles del mundo se abandonarán en 2036. En este escenario, no cabe otra opción que buscar oportunidades de descarbonización, tanto en los mercados desarrollados como en los emergentes.
Si bien los procesos de descarbonización en los mercados desarrollados es más sencilla, porque es más fácil invertir en Europa o Estados Unidos, sus calificaciones en materia de sostenibilidad son mejores y hay proyectos verdes muy atractivos, en realidad, gran parte del proceso de descarbonización se debe realizar en los mercados emergentes, que tienen un marco de inversión algo más complejo: existe una alta dispersión entre los proyectos y sus calificaciones de sostenibilidad son algo más problemáticas. Sin embargo, según apuntó Seega, existen soluciones que están surgiendo para resolver estos problemas: los bancos multilaterales de desarrollo ya están trabajando en esta cuestión y también se han realizado anuncios como el de la “garantía verde” para empresas, que servirá para cubrir el riesgo soberano de la inversión en los mercados emergentes.
Cuando se habla de inversión en los mercados desarrollados, se parte de una transición que es absolutamente necesaria. Mientras que, cuando se habla de los mercados emergentes, la necesidad es distinta, se trata de adaptación al proceso de descarbonización. En ese sentido, la experta señaló que es necesario pensar en la forma de combinar la transición y la adaptación y en cómo financiar amabas. Por último, pero no por ello menos importante, es necesario trabajar para mejorar los mecanismos de la entrega de la financiación.
Continuó Francisco López, viceministro de Energía en Chile, quién explicó que el objetivo de alcanzar la neutralidad de carbono en 2050 es un desafío para su país, dada la necesidad de desvincular el crecimiento económico del consumo de energía y reducir la dependencia de los combustibles fósiles importados. Si bien el 77% de las emisiones de dióxido de carbono y otros gases de efecto invernadero en Chile están vinculadas al sector energético, también es este sector el que está atajando el cambio climático y proporciona oportunidades tanto sociales como económicas al país. El sector energético está liderando el plan de descarbonización de Chile y el compromiso de alcanzar la neutralidad de carbono para el año 2050, a través de la inversión en energías renovables. Entre otros, Chile se ha fijado los siguientes objetivos en materia de descarbonización: desarrollar la industria verde de hidrógeno, la retirada de centrales eléctricas de carbón para el año 2040, la sustitución de combustibles fósiles por electricidad en el sector del transporte y el objetivo de tener un 100% de ventas de vehículos ligeros y medianos eléctricos para el año 2035.
Por otro lado, a la hora de modelar la descarbonización desde la perspectiva de operador de activos, Mark Cutifani, CEO de Anglo American Plc, explicó que, en primer lugar, hace más de un lustro, comenzaron a trabajar en su estrategia de minería inteligente, tratando de mejorar la posición competitiva de la compañía. En ese momento identificaron que necesitaban reducir el consumo de energía en un 30%, su estrategia se basó en reducir la huella de carbono incrementando la intensidad de su producción y reduciendo el consumo de energía mediante un cambio en la forma en la que minaban y procesaban su producción. En segundo lugar, trataron de construir asociaciones con empresas de energía renovables, pues éstas proporcionan una base de costes mucho menor en el largo plazo.
En la actualidad, el 36% de la energía que utilizan en sus procesos de minería es renovable y esperan que en 2023, este porcentaje se incremente hasta el 56% en sus operaciones, realizadas principalmente en América del Sur. Además, disponen de una estrategia más a largo plazo para sus minas en Sudáfrica para 2030, año en el que esperan que todo el suministro de energía sea totalmente renovable gracias a la utilización de energía eólica y a través del agua, con unas tecnologías innovadoras que utilizan el agua subterránea como batería de almacenamiento de la energía eólica y solar.
Para descarbonizar sus flotas de producción, Cutifani señaló que consideran que el hidrógeno es la mejor opción. Así el hidrógeno se convierte en la parte central de la estrategia que rodea al espacio de producción y que representa alrededor del 20% de su producción de dióxido de carbono. El hidrógeno se presenta como un combustible híbrido que les permite mantener cierta flexibilidad a la hora de operar sus minas. De este modo, no necesitan supercondensadores o grandes cables de arrastre. A principios del próximo año, integrarán las primeras baterías de hidrógeno de 280 toneladas en un pozo en Sudáfrica, pero también han prometido realizar la misma inversión en otras minas, en los próximos dos años. Así, quieren avanzar en América del Sur, en concreto en Chile. De este modo esperan que entre 2024 y 2034 todas las pistas hayan sido reemplazadas con híbridos de batería de hidrógeno que se alimenten de fuentes primarias de energía renovable.
A continuación, Krista Tukiainen, responsable de research en Climate Bonds Intiative -una organización sin ánimo de lucro que trabaja para movilizar a los mercados de capital de deuda a favor de soluciones climáticas-, mencionó que ya se disponen de 2 billones y medio de dólares de deuda en circulación entre bonos verdes y de sostenibilidad social. Alrededor del 20% de este capital procede de los mercados emergentes, lo que son muy buenas noticias para que la cuota dedicada a estos mercados crezca constantemente. Concretamente, Tukiainen elogió al gobierno de Chile por ser uno de los mayores emisores de bonos verdes de sostenibilidad social, después de China. El caso de Chile fue utilizado por la Climate Bonds Intiative como objeto de estudio para determinar una entrada exitosa en los mercados de capital internacionales, emitiendo tanto en moneda fuerte como en local en su programa de bonos verdes. El espacio de renta fija ya cuenta con unas definiciones y mecanismos de gobierno para garantizar que los proyectos verdes también están proporcionando el tipo de impacto que necesitan tener para ser considerados verdes.
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