La Asociación Española de Banca (AEB), CECA y la Unión Nacional de Cooperativas de Crédito (UNACC) presentaron recientemente en Madrid el “Informe sobre la Inclusión Financiera en España”, elaborado por el Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas (Ivie).
Este profundo análisis de la atención bancaria en España dibuja el mapa de acceso a servicios financieros en España y especialmente en el ámbito rural y señala que, pese al ajuste en la red de oficinas bancarias de España de los últimos años -concentrado en municipios de más de 10.000 habitantes-, “la accesibilidad a los servicios bancarios es buena, ya que en la actualidad el 98,6% de la población reside en un municipio donde al menos hay un punto de acceso a servicios bancarios”.
El evento ha contado con la participación de representantes de las tres asociaciones bancarias impulsoras de la elaboración del informe, que han reafirmado en sus intervenciones el compromiso del sector bancario con la inclusión financiera y el cumplimiento de las acciones previstas en el Protocolo Estratégico para reforzar el Compromiso Social y Sostenible de la Banca, firmado hace un año. Entre estas medidas figura la actualización del mapa del acceso a servicios financieros en la España rural, de modo que en el futuro se puedan arbitrar, en su caso, conjuntamente entre el sector y las administraciones públicas, mecanismos para ampliar el acceso a los servicios financieros básicos de la población.
María Abascal, directora general de AEB, ha recordado que el objetivo del sector bancario siempre ha sido acompañar a todos sus clientes, incluidas las personas de las zonas rurales. En este sentido, Abascal ha señalado que “el sector está trabajando con sensibilidad y responsabilidad para dar una respuesta adecuada a esta situación”. En esta línea, Antonio Romero, director corporativo de Servicios Asociativos y Recursos de CECA, ha destacado que “la despoblación en España es un fenómeno que afecta a la provisión de todo tipo de servicios. El sector bancario, en línea con su compromiso social, lleva muchos años desplegando medidas para favorecer el acceso de servicios financieros en las zonas rurales”. Por último, Cristina Freijanes, secretaria general de UNACC, ha remarcado «el compromiso del sector financiero con la sociedad, que se plasma en las iniciativas que las asociaciones llevamos a cabo de manera conjunta, para unir esfuerzos en aras de objetivos comunes».
La presentación del informe ha corrido a cargo de Joaquín Maudos, catedrático de Análisis Económico en la Universidad de Valencia, director adjunto del Ivie y colaborador de CUNEF, quien, como director del equipo de investigación responsable del estudio, ha señalado algunas de las principales conclusiones del profundo estudio realizado.
Ajuste de oficinas
Así, con respecto al proceso de ajuste de la red de oficinas bancarias (motivado por la crisis financiera, los problemas de baja rentabilidad del sector en un contexto de reducidos tipos de interés y el crecimiento de la competencia bancaria y no bancaria) se concluye que no se ha traducido en exclusión financiera, debido a la existencia de otros puntos de acceso a los servicios bancarios (cajeros automáticos, agentes financieros, oficinas móviles, oficinas de Correos) y el crecimiento de los usuarios de banca por internet. Sin embargo, en atención a las dificultades de determinados colectivos vulnerables y al posible riesgo de exclusión, se ha cuantificado el porcentaje de la población que reside en municipios donde no existe ningún punto de acceso a los servicios bancarios, así como la distancia de acceso a los más cercanos.
El análisis realizado muestra que la mayor parte del ajuste en la red de oficinas ha tenido lugar en municipios de más de 10.000 habitantes (81,8%) y en los de menos de 1.000 habitantes únicamente se concentra el 3% de la reducción.
El informe señala que en el conjunto de estos municipios no puede hablarse de exclusión financiera, ya que, si se tienen en cuenta las otras vías de acceso a los servicios bancarios, el porcentaje de población en estas circunstancias pasaría del 3,3% al 1,4%. “En concreto, 898.131 personas y 1.192 municipios pueden acceder a servicios bancarios en su municipio de residencia gracias a que el sector bancario ha adoptado medidas para evitar la exclusión financiera en forma de instalar un cajero donde no hay oficina, firmar un acuerdo con Correos, ofrecer los servicios de un agente financiero y/o prestar servicios a través de oficinas móviles”, señala el estudio. Teniendo en cuenta, además, el acceso a otras oficinas cercanas se concluye que “el problema de accesibilidad a los servicios bancarios está muy acotado” ya que el 99,1% de la población tiene un punto de acceso a los servicios bancarios a menos de 5 kilómetros de distancia y el 99,5% a menos de 10 minutos.
Las asociaciones bancarias, en atención a los resultados de este informe, al balance de las medidas de inclusión financiera adoptadas y a su propia vocación de servicio a la sociedad, valorarán nuevas medidas que permitan reforzar la inclusión financiera.
Por Carlos Burgos