El Consejo General de Economistas de España (CGE) ha remitido a todos los partidos políticos un documento titulado ‘Por un desarrollo socioeconómico inclusivo y sostenible’, que incluye una serie de reflexiones y propuestas ante las elecciones generales del próximo 28 de abril, con el objeto de que puedan ser incluidas en los programas electorales o tomadas en consideración por quienes, finalmente, acaben gobernando.
Todas las ideas y propuestas contenidas en este documento –de un marcado carácter técnico– han sido extraídas de los informes y estudios elaborados por los Servicios de Estudios del Consejo General de Economistas de España durante el último año, así como de las observaciones, comentarios y propuestas de enmiendas a diferentes disposiciones legislativas del ámbito económico que ha presentado dicho Consejo General durante ese mismo período.
En materia fiscal, los economistas consideran necesario reorganizar la tributación de la riqueza (impuesto sobre patrimonio, sobre sucesiones y donaciones, y otros gravámenes relacionados, como el IBI o la imputación de rentas inmobiliarias en el IRPF). Asimismo, para este colectivo es menester revisar de manera global los tributos ligados a la financiación autonómica, reflexionar sobre la tributación medioambiental y mejorar los incentivos fiscales en I+D+i. En cuanto al IRPF, entienden que debería simplificarse y, con respecto al impuesto sobre sociedades, creen que sería conveniente volver a acercar los pagos fraccionados a la tributación anual final para que las empresas no adelanten impuesto sistemáticamente. También consideran que se debe solucionar el problema de las valoraciones, sobre todo de bienes inmuebles y, principalmente, en los impuestos sobre sucesiones y donaciones, y en el de transmisiones patrimoniales, que están en la raíz de un porcentaje importantísimo de la litigiosidad tributaria.
Asimismo, desde el Consejo General de Economistas ven necesario reforzar las inversiones en I+D+i y en infraestructuras, y, en cuanto a la financiación de estas últimas, intentar alcanzar un acuerdo institucional entre los partidos políticos. Respecto a los sectores estratégicos para el desarrollo económico de nuestro país, los economistas creen necesario introducir cambios en el modelo de turismo, especialmente en aquellos factores nuevos ligados a la digitalización y al boom del turismo low cost, en las que el Estado debería marcar las reglas del juego, especialmente con los alquileres turísticos.
En referencia al área de la economía y la justicia, los economistas abogan por introducir mejoras en los procedimientos concursales y preconcursales, reduciendo formalidades, limitando los privilegios del crédito público (Hacienda y Seguridad Social) y garantizando la fluidez de dichos procedimientos, con el fin de evitar que muchas empresas insolventes pero viables acaben en liquidación. Además, estiman que debería incluirse en esta materia un capítulo específico para micropymes y pequeñas empresas. También defienden la necesidad de facilitar la segunda oportunidad, especialmente para impulsar el emprendimiento. En el ámbito de la justicia, los economistas también estiman que se debería promocionar y potenciar la mediación y el arbitraje para la resolución extrajudicial de conflictos, así como las periciales económicas. Por último, consideran imprescindible que el desarrollo digital de la justicia se realice de forma coordinada y con los mismos criterios en todas las comunidades autónomas.
En relación al ámbito de la auditoría y la contabilidad, la principal propuesta es que se promulgue una Ley de Auditoría del Sector Público, y que se regule la actividad profesional del contable en España, al igual que en muchos de los países de nuestro entorno. En cuanto al desarrollo reglamentario de la Ley de Auditoría, deberían limarse aquellos aspectos que dificultan la igual concurrencia de todos los profesionales en el mercado.
«Existen algunos problemas en nuestro país en los que la diagnosis realizada por la mayoría de expertos y técnicos de los partidos resulta coincidente –como, por ejemplo, las pensiones o la financiación autonómica–, conviniendo todos ellos en la necesidad de reformas, y sobre los que deberían pronunciarse enunciando de forma clara qué políticas van a llevar a cabo para su resolución», explica Valentín Pich, presidente del Consejo General de Economistas de España. «En un contexto de cierta desaceleración, con un déficit excesivo y una deuda desaforada, la política no debería abstraerse de esta realidad y hacer propuestas concretas de carácter económico», añade. En este sentido, el presidente de los economistas ha señalado que «en general, se echan en falta programas económicos con cierta profundidad técnica».
Por Funds Society, Madrid