Hace un mes los miembros del Consejo de Administración de Banca Privada de Andorra (BPA), destituidos por las autoridades supervisoras andorranas en marzo, interpusieron una demanda contra la decisión de las autoridades de Andorra, alegando indefensión y falta de pruebas, y reclamando poder volver al cargo y seguir dirigiendo la entidad financiera.
Ahora, arremeten contra las autoridades de EE.UU. en respuesta al escrito de acusación del FinCen, el organismo encargado de combatir el blanqueo y la financiación del terrorismo internacional en el país. Así, los hermanos Cierco, accionistas mayoritarios de BPA, han solicitado al departamento Antifraude del Tesoro norteamericano que retire el escrito en el que acusaba a la entidad de favorecer el blanqueo de capitales procedente de actividades criminales. Y reclaman a las autoridades que no adopten “ninguna norma final” en base “a esta iniciativa”, que consideran “precipitada y desproporcionada”, en un intento por evitar las sanciones.
«Tras haber consultado las fuentes de información disponibles en relación a este negocio y el impacto de las medidas en los cientos de empleados y los miles de depositantes, las conclusiones y las actuaciones deberían haber sido diferentes», dicen en su respuesta oficial a la acusación del organismo por lavar dinero procedente de las mafias rusas y china en España, operaciones en Venezuela y del cártel mexicano de Sinaloa. A través de la firma de abogados norteamericana Lewis Baach, el abogado Eric Lewis sostiene que el FinCen “falló en la recopilación de la información y evaluación objetiva del negocio legítimo de BPA”.
Así, los accionistas recriminan al FinCen no haber abordado esos asuntos mediante un “diálogo confidencial”: se lamentan de que EE.UU. y Andorra hayan intercambiado información sobre operaciones sospechosas sin acudir directamente al grupo, que «poseía estructuras contundentes» de autocontrol. «Si Fincen hubiera entablado un diálogo confidencial con el banco habría podido concluir que presentar este escrito era precipitado y desproporcionado», dicen. Y consideran que el escrito alude a hechos “sucedidos en el pasado y ya judicializados”.
Los abogados del clan andorrano señalan que las acusaciones de blanqueo provocaron «consternación y generaron un profundo impacto en los accionistas mayoritarios, sus mil empleados y los más de 25.000 depositantes, distribuidos en 31 sucursales en tres países».
Los Cierco alegan que el consejo había contratado a las consultoras KPMG y Deloitte desde 2003 para realizar auditorías anuales en materia de blanqueo de capitales y éstas aprobaron toda la operativa. Dicen también que no llevaban la “gestión diaria” de la entidad, si bien sí trazaron una “estrategia de crecimiento” que cumplía con lo estipulado por la ley. Además, el hecho de entrar en España y someterse a la regulación europea era ya un signo de que el banco no quería “evitar el escrutinio” de su actividad, dicen en su respuesta.
Los hermanos Cierco «están comprometidos con la cooperación, dicen, así como con las autoridades españolas y andorranas, con el objetivo de comprender lo ocurrido y asistir a sus empleados, depositantes y accionistas, dado que el impacto de esta decisión repercute en todo el mundo», termina el documento oficial de respuesta. Este viernes termina el periodo de 60 días durante el que se ha registrado la entidad en busca de pruebas sobre el blanqueo en BPA. El centenar de técnicos que trabajan en la sede del grupo siguen sin encontrar nada, según publican diversos medios.
Por Funds Society, Madrid
Por Alicia Miguel Serrano