Desde finales del pasado mes de marzo, las cuentas bancarias de cinco importantes operadores de criptomonedas en Chile – Crypto Market, Buda, Orionx, TradeBTC y Yaykuy- fueron cerradas de forma unilateral. Dicho cierre pone en riesgo su operativa actual puesto que las necesitan para materializar sus compras y ventas.
La falta de regulación es el motivo oficial para justificar esta decisión aunque los operadores acusan a la banca de querer eliminar a un molesto competidor. En un mercado en clara expansión, y con igual número de partidarios y detractores, este hecho ha provocado un intenso debate sobre la necesidad urgente de regulación por parte de las autoridades chilenas.
Las criptomonedas son monedas virtuales creadas en 2009 con la característica principal de no tener representación física, no estar controladas por ningún organismo ni entidad financiera, cualquier persona puede acceder a ellas y no estar sujetas a las consecuencias de las políticas monetarias ni de tipo de cambio de los diferentes países. Por lo tanto, están disponibles permanentemente a nivel mundial y tienen unos menores costes de transacción lo que facilita el desarrollo del comercio online. No obstante, su uso para actividades de comercio en Chile es hasta la fecha limitada, y a día de hoy, el 70% de los usuarios lo utiliza como medio de inversión o especulación.
En Chile, las empresas que intermedian están sujetas a unos protocolos reglamentarios, inscritas a la Unidad de Análisis Financiero y por tanto sujetas a la Ley 19.913 para prevenir el lavado de activos y financiación de terrorismo. Sin embargo, se percibe la necesidad de una mayor regulación que proteja tanto a clientes como a operadores del mercado.
El primer paso sería aclarar cuál es el organismo competente para legislar. El Banco Central chileno ha declarado recientemente que las criptomonedas no son monedas de curso legal porque no son emitidas por un estado y por tanto no están dentro de su ámbito de supervisión. Por su parte, la Comisión del Mercado Financiero ha establecido que tampoco pueden considerarse valores. La Comisión de Estabilidad financiera, organismo dependiente del Ministerio de Hacienda y responsable de supervisar la solvencia del sistema financiero, se ha comprometido a crea un grupo de trabajo cuyo fin sea analizar los posibles desarrollos en esta industria.
A pesar de que las recientes dificultades impuestas a los operadores de mercado pudiera dar a entender lo contrario, parece que la legislación en Chile irá orientada a regular y a supervisar la actividad. En esta línea, el ministro de Economía, José Ramón Valente, ha declarado que las criptomonedas son un emprendimiento y “como cualquier emprendimiento va a encontrar piedras en el camino” a lo que añadió que “en la medida que sea un emprendimiento beneficioso para la gente, nosotros como autoridad tenemos que liberar esas piedras cuando sean regulatorias y que no tengan sentido”.
En esta línea más abierta se encuentran países como México y Argentina. México aprobó el pasado mes de marzo un proyecto de ley para regular el sector de tecnología financiera, incluidas las firmas de crowdfunding y criptomonedas. Argentina, igualmente, ha anunciado su intención de supervisar las transacciones de criptomonedas durante el 2018. Por el contrario, países como Brasil, Ecuador o Bolivia han prohibido el uso de criptomonedas prácticamente en su totalidad.
Por Funds Society, Madrid