En el marco de su décimo aniversario, la Cámara de Zonas Francas del Uruguay (CZFUY) analizó el impacto de las zonas francas en la economía y las implicaciones de la ley de lavado de activos en Uruguay.
Los economistas Rosa Osimani, directora general de Comercio del ministerio de Economía y Finanzas, e Ignacio Munyo, Business Consultant de Grant Thornton Uruguay, comenzaron la actividad centrándose en el impacto de las zonas francas para la economía en su conjunto.
Osimani señaló que las empresas que trabajan en las once zonas francas emplean a más de 14.000 personas. Más de la tercera parte de los trabajadores son menores de 29 años y el 50% de ellos cuenta con estudios terciarios y de posgrado. La economista destacó que el 75% de los empleos corresponden a zonas ubicadas en Montevideo y el 49% de ellos a Zonamerica. La remuneración promedio de las empresas es de 3.133 dólares mensuales.
Respecto a las exportaciones, señaló que las ventas al exterior desde zonas francas fueron de 4.106 millones de dólares, lo que representa el 28% del total de exportaciones de bienes y servicios del país. Europa es el principal destino y le siguen los países de América Latina y el Caribe, y Asia.
En la misma línea, Munyo hizo hincapié en el contexto actual y destacó las ventajas de las zonas francas. “Estamos en un país donde la confianza al consumidor se encuentra en niveles de pesimismo, con una actividad económica que no crece y una caída importante del empleo y en la inversión. Este marco nos genera un desafío enorme como país, sobre todo para la atracción de inversiones”, apuntó.
Munyo dijo que una de las razones fundamentales que ha complicado la inversión extranjera tiene que ver con el contexto internacional, que es más atractivo. “Hoy invertir en Uruguay se ha encarecido y genera poca rentabilidad. El país tiene barreras elevadas, entre ellas el peso del Estado en la economía, la internacionalización del país y la regulación laboral”, puntualizó.
“Este gobierno desde el día que asumió está haciendo un esfuerzo por tener una economía más abierta y buscar acuerdos de libre comercio, lamentablemente sin éxito”, expresó el experto.
Al mismo tiempo, apuntó que las zonas francas reducen significativamente las barreras y resaltó algunas características.
“El desarrollo de los países va de la mano de la sofisticación. Las exportaciones que salen desde zonas francas tienen más valor agregado que las que salen en promedio del resto de Uruguay, por ejemplo producción de celulosa y farmacéutica o concentrados de bebidas. Otra contribución muy importante es que los trabajos, más allá de que se paguen mejor, son más sustentables ante el avance de la tecnología. La mitad de los puestos de trabajo del Uruguay están en situación compleja porque serían automatizables”, apuntó.
Mejora de los controles y ley sobre el lavado de activos
En tanto, Daniel Espinosa, secretario nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, y el Dr. Leonardo Costa, asesor legal de la CZFUY, analizaron las claves de la norma, su reglamentación y principales implicancias.
Espinosa explicó el contexto, las medidas que se están tomando en cuanto al mejoramiento de los controles y por qué las zonas francas están implicadas en la temática. “Si queremos tener una adecuada inserción internacional tenemos que estar del lado de la transparencia”, enfatizó.
El jerarca también hizo referencia a las situaciones de riesgo, a la estrategia nacional y al proceso de Evaluación Mutua de Uruguay por parte del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT).
Costa, en tanto, señaló que “el riesgo de las zonas francas para el mundo es el tema tributario. De todas formas, los riesgos se han mitigado en el último tiempo, en primer lugar porque la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) ha obligado a Uruguay a cambiar la ley de zonas francas. Con la nueva reglamentación nos exigen sustancias, empleados, los contratos tienen plazos, hay necesidad de un proyecto de inversión y plan de negocios”, concluyó.
Durante la reunión, estuvieron presentes representantes de la Dirección Nacional de Aduanas, la Dirección General de Comercio, la Secretaría Nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo (Senaclaft), el Instituto Uruguay XXI, el Instituto Nacional de Logística, la Cámara Nacional de Comercio y Servicios, y la Asociación de Despachantes de Aduanas, entre otras instituciones uruguayas.
Por Magdalena Martínez