La agencia de calificación de riesgo Fitch rebajó recientemente el rating de México a BBB (estable), según indica el equipo gestor de deuda de mercados emergentes de MFS Investment Management. Este hecho plantea preguntas sobre las perspectivas de calificación de grado de inversión para el país y Pemex, la mayor compañía del país y la empresa petrolera más endeudada del mundo.
Por su parte, Moody’s modificó su perspectiva a negativa, dejando la calificación intacta en A3, mientras que S&P sigue calificando la deuda de México en BBB+ con perspectiva negativa. Fitch y Moody’s basaron sus decisiones sobre políticas cuestionables impulsadas por la nueva administración del estado hacia el sector energético, el deterioro de las finanzas de Pemex y las perspectivas de un menor crecimiento en el medio plazo. Ambas agencias también enfatizaron la continuada incertidumbre política que está afectando a las inversiones. El equipo de MFS IM comparte la postura de cautela sobre el crecimiento de México y creen que las perspectivas económicas muy probablemente se deteriorarán aún más en el corto plazo por un número de razones:
- Una perspectiva de inversión interna débil, en parte relacionada con la incertidumbre sobre las políticas del gobierno hacia el sector privado y su relación comercial con los Estados Unidos.
- Un endurecimiento de la política monetaria doméstica, ya que Banxico mantiene una postura agresiva y la inversión pública sigue estando retrasada.
- El debilitamiento de la actividad económica estadounidense y global.
La perspectiva fiscal también se ha vuelto más incierta y desafiante. En el frente de los ingresos, un crecimiento más débil y la caída de la producción de petróleo por parte de Pemex pesarán sobre los ingresos fiscales. En el lado del gasto, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO) sigue centrado en impulsar el desarrollo social y en perseguir algunos proyectos de infraestructura con unos retornos cuestionables. El Gobierno se ha comprometido a cumplir sus objetivos fiscales. Sin embargo, la caída de los ingresos y las presiones sobre el gasto deberían poner a prueba la resolución de la administración en materia de disciplina fiscal.
Más significativo aún es el deterioro de la situación financiera y operativa de Pemex, que sigue siendo un elemento clave de desafío estructural a las cuentas fiscales. Si bien el gobierno ha reducido su dependencia a los ingresos del petróleo (de casi el 40% de los ingresos totales hace 5 años a menos del 20% en 2019), los impuestos y la cuota de derechos o royalties que la compañía continúa pagando sigue siendo alta y ha privado de efectivo a la firma.
Desde que los precios del petróleo se derrumbasen en 2014, Pemex tuvo que recortar su presupuesto de inversión y aumentar considerablemente su deuda. Esto ha resultado en una caída significativa en la producción de petróleo (en más de un tercio desde 2014) y en un agotamiento constante de las reservas de petróleo (con su índice de reservas de 1P cayendo a niveles insosteniblemente bajos). Una situación que ya no es sostenible.
El esfuerzo político de la administración de AMLO ha sido, sin embargo, decepcionante y ampliamente percibido como insuficiente. El enfoque inicial fue abordar los problemas de corrupción profundamente arraigados de Pemex y proporcionar un mosaico de medidas temporales de ayuda financiera para la empresa.
Mientras que el presidente AMLO ve a la petrolera Pemex como un estratégico campeón nacional, su estrategia no parece abordar completamente el deterioro estructural de la compañía. Su actual presupuesto de gastos de capital en exploración o en la parte del “upstream” se considera insuficiente para revertir el declive de la producción e impulsar sus reservas de petróleo. La decisión de posponer la posibilidad de “farmouts” o empresas conjuntas también limita la capacidad de Pemex para utilizar capital privado para apalancar sus operaciones.
Los problemas operativos y financieros de Pemex requieren soluciones más estructurales y permanentes. Si el gobierno sigue decidido a limitar el papel del sector privado, tendrá que proporcionar los necesarios recursos financieros a Pemex de una forma más permanente.
Esto debería implicar en última instancia el apoyo fiscal, probablemente a través de una reducción permanente en la carga fiscal de Pemex. A su vez, el gobierno tendría que abrir espacio fiscal a través de una reducción permanente en el gasto y/o el aumento en los ingresos no relacionados con el petróleo.
Estas cuestiones subrayan el desafío estructural a las cuentas fiscales. En el corto plazo, la administración está buscando reducir el gasto excesivo y la corrupción, pero estos esfuerzos de austeridad podrían resultar menos efectivos de lo que se esperaba inicialmente y es poco probable que sean sostenibles a largo plazo.
En última instancia, la reforma fiscal podría convertirse en cada vez más necesaria, a pesar de las promesas de AMLO de no aumentar los impuestos durante los primeros tres años de su administración. Como resultado, en MFS IM toman una postura cautelosa tanto en su inversión en la deuda soberana de México, como en la de Pemex, y están posicionados con una infraponderación en las carteras de sus clientes.
MFS IM está monitoreando de cerca la situación, controlando los nuevos desarrollos que podrían justificar cualquier cambio de posicionamiento. Como es habitual, el equipo de deuda emergente de MFS IM está prestando mucha atención al grado de divergencia entre los fundamentales y la valoración, buscando determinar si la compensación es adecuada para el riesgo involucrado.
