Por tercer año consecutivo, la revista Americas Quarterly publica su índice de Inclusión Social que analiza, entre otras cosas, el acceso a los mercados, la educación, la participación política o los derechos de los ciudadanos de la región. La novedad de esta edición radica en el estudio de los derechos de los discapacitados y el acceso a la justicia.
Los datos finales revelaron que mientras países como Chile y Uruguay clasifican sistemáticamente en posiciones altas en el ranking global, el fuerte crecimiento registrado en Perú provocó su ascenso en un escalón, pasando del séptimo al sexto lugar. La sorpresa corrió a cargo de Estados Unidos, al retroceder un puesto y quedar por detrás de Uruguay, Argentina y Costa Rica. Por su parte, Brasil experimenta el mayor retroceso al pasar del quinto al octavo puesto en esta edición.
“Si bien hay retos claros en lo que se refiere a la inclusión social en el país, vale la pena señalar que no teníamos datos de Estados Unidos en ocho de las variables sobre las que sí han clasificado el resto de países”, explican los autores del informe.
Las cuatro principales conclusiones alcanzadas se resumen así:
- Muchos de los países continuaron mostrando un fuerte crecimiento medio del PIB durante los 10 años abarcados por el índice. La mejor evolución corrió a cargo de Panamá, Argentina, Perú y Uruguay. Estados Unidos se ubicó al final del ranking en lo que se refiere al crecimiento del PIB, no sólo como reflejo de la Gran Recesión económica de 2007–2009, sino también por el hecho de que las economías más desarrolladas han alcanzado una capacidad mayor y por lo tanto crecen a un ritmo menor.
- La revista, que se publica trimestralmente, también encontró que Uruguay y Chile permanecieron en los primeros lugares regionales en cuanto a derechos políticos y civiles. Sin embargo, a pesar de las mejoras relacionadas con la democracia, se evidencian algunas áreas de deterioro. La organización ‘Freedom House’ clasifica a Bolivia, Colombia, Ecuador, Guatemala, México, Nicaragua y Paraguay como parcialmente libres.
- Como en años anteriores, existe una contradicción entre algunas medidas de inclusión social y los resultados de la participación ciudadana. Aquellos países con los mayores puntuaciones en otros temas tienen bajas puntuaciones en participación ciudadana. Es el caso de Argentina, Uruguay, Costa Rica, Chile y Estados Unidos.
- Por último, existe una fuerte correlación entre los resultados del índice de Inclusión Social con respecto a los derechos de la mujer y la percepción que tiene la mujer de la capacidad de respuesta del Gobierno. El Salvador, Honduras, Guatemala y Paraguay tienen algunos de las menores puntuaciones en cuanto a los derechos de la mujer.
En base a estos factores el informe realiza varias recomendaciones para mejorar y promover la inclusión social. “Incluir la raza o el origen étnico en los cuestionarios del censo, concentrarse en aumentar la inscripción de estudiantes afroamericanos e indígenas en la escuela secundaria, aprobar leyes de cuotas para la mujer, mejorar la protección legal de las oportunidades económicas de la mujer, y expandir el empleo formal, son pasos relativamente sencillos que los países pueden dar para mejorar la inclusión social”, concluye el informe.
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