Los retos ambientales, sociales y económicos transformadores en el ámbito de la sostenibilidad se materializan en distintas capas (laboral, salud, alimentación, movilidad, vivienda) con efectos cada vez más visibles, en particular para las regiones y los colectivos con mayor riesgo de vulnerabilidad, como las regiones menos desarrolladas o las personas con discapacidad. La transición hacia un modelo más sostenible y resiliente a estos cambios precisa de una gran movilización de financiación e inversión sostenible que tenga en cuenta los desafíos presentes y futuros de manera integral.
Con motivo del Día de los Derechos Humanos (DDHH), que se celebra cada 10 de diciembre, Spainsif, junto con otras entidades sociales, académicas, financieras y laborales, ha analizado estas cuestiones en un coloquio promovido por Fundación ONCE. En él han participado representantes de Fundación ONCE (José Luis Martínez Donoso, Fernando Riaño, Carla Bonino y Clara Ramos), Human Rights Watch (Jonás Bull), Banco Cooperativo Español (Leticia Vítores Mingo y José Luis Garzón), Lazard (Domingo Torres Fernández), Standard & Poor’s (Luisina Berberian y Luis Solís), Gabeiras y Asociados (Elena Morris), UNED (Orencio Vázquez), Economistas Sin Fronteras (Gloria González), CCOO (Mario E. Sánchez Richter), Triodos Bank (Antonio Martínez) y Cecabank (Manuel Yébenes).
Dimensión social de la sostenibilidad y los derechos humanos
Son varios los factores que marcan el ritmo de incorporación de las cuestiones sociales y derechos humanos en el ámbito de las finanzas sostenibles, aunque uno de ellos destaca reiteradamente por su influencia e importancia: el marco regulatorio. Han surgido en la última década distintas iniciativas normativas y reguladoras en materia de reporte de información y de responsabilidad y debida diligencia respecto a cuestiones ambientales, de DDHH y laborales. Este avance regulatorio resulta clave teniendo en cuenta que hasta tiempos muy recientes las iniciativas vinculadas con la protección y respeto de los DDHH se concentraban mayoritariamente en el ámbito de los estados, ajeno a las empresas y los inversores privados.
La Comunicación de 2011 de la Comisión Europea (CE) “Una nueva estrategia de la UE 2011-14 sobre Responsabilidad Social Corporativa (RSC)” puso por primera vez el foco de la RSC en la responsabilidad sobre los impactos ocasionados por las empresas y en la protección de los derechos de las personas. En junio del mismo año, se aprobaron los “Principios Rectores sobre las empresas y los DDHH” de Naciones Unidas, que asignan roles y responsabilidades para estados y empresas.
En un primer momento, surgieron directrices y códigos de conducta voluntarios como las “Líneas Directrices de la OCDE para Empresas Multinacionales”, un listado de recomendaciones de los gobiernos para una conducta empresarial responsable de empresas multinacionales. Desde su actualización en 2011, incorpora capítulos específicos en materia de derechos humanos y laborales, y aspectos relativos a la corrupción, responsabilidad fiscal y debida diligencia. En 2017, los Líderes del G20 se comprometieron a fomentar la aplicación de normas laborales, sociales, medioambientales y de derechos humanos, de acuerdo con los marcos reconocidos a nivel internacional, con el objetivo de que las cadenas de suministro sean sostenibles e inclusivas, subrayando la responsabilidad de las empresas de ejercer la debida diligencia. Entre dicho año y 2022, la OCDE ha publicado Recomendaciones sobre la diligencia debida y una conducta responsable para las empresas, sector financiero e inversores institucionales.
La Unión Europea, por su lado, adoptó la Directiva de Divulgación corporativa de información de sostenibilidad (CSRD), los Estándares Europeos de Informes de Sostenibilidad (ESRS) y el Reglamento de Divulgación de Finanzas Sostenibles (SFDR), que incorporan obligaciones de reporte sobre los riesgos e impactos medioambientales y sociales -si bien el reporte de algunas cuestiones sociales queda a expensas del análisis de materialidad de las entidades afectadas-. Asimismo, la cobertura de las cuestiones sociales no es homogénea entre ambos marcos, y cabría una mayor ambición respecto a la inclusión en la SFDR de otros indicadores de Impactos adversos (PIAs) en materia social.
Quedan por completar los trabajos iniciados por la Comisión Europea para una Taxonomía social que fije criterios para clasificar actividades económicas que hagan una contribución sustancial un objetivo social; y acordar el texto final de la Directiva de Debida Diligencia (CSDD) propuesta por la CE en 2022, en la que se establecerán por primera vez obligaciones en materia de derechos humanos y medio ambiente para las empresas por sus actividades y las de su cadena de valor, y cuyos términos y alcance todavía se están negociando.
Retos para la integración de los DDHH en las finanzas sostenibles
El protagonismo de las temáticas medioambientales todavía prima sobre las sociales en las decisiones de inversión y financiación, si bien existen evidencias de una creciente sensibilización por parte de los inversores de los retos sociales derivados del cambio climático. Así, la violación de los derechos humanos y derechos laborales están presentes como criterios de exclusión de las inversiones sostenibles y responsables (ISR) entre el 60% el 70% de las entidades nacionales consultadas por Spainsif en su último estudio anual sobre el mercado de activos gestionados con algún criterio de sostenibilidad en España.
Las cuestiones relativas a los derechos humanos ocupan el segundo lugar en las temáticas más presentes en las iniciativas de engagement, mientras que los asuntos relacionados con la diversidad e igualdad de género y los derechos laborales se sitúan en tercera y cuarta posición. El primer lugar lo ocupan los planes de transición climática.
Entre las estrategias de inversión temática destacan las vinculadas a aspectos medioambientales, si bien los aspectos sociales cobran fuerza especialmente en el ámbito de acceso a servicios básicos como salud y bienestar, y agua. Los aspectos más cercanos a los DDHH, tales como la diversidad e igualdad, son también relevantes. En menor proporción, se sitúan las temáticas de inclusión financiera o el acceso a la vivienda. A pesar de ello, la demanda por parte de los inversores de productos de inversión focalizados en temas sociales o de derechos humanos es todavía modesta.
Más allá de las estrategias que ponen el foco en una cuestión específica de sostenibilidad, se vislumbra una mayor popularidad del abordaje integrado de las dimensiones ambientales y sociales (incluido los DDHH) del cambio climático, haciendo especial hincapié en la promoción de una transición inclusiva y justa. Este enfoque da respuesta a la magnitud y complejidad de los retos que requieren de mecanismos de coordinación y financiación público-privados, y de un relevante rol de las entidades financieras de desarrollo y multilaterales, que combinen garantías, asistencia técnica y distintos tramos de financiación capaces de atraer y movilizar capital privado.
Existe todavía un déficit de información corporativa sobre el en impacto en las cuestiones sociales que más preocupan a los inversores. El calendario para el primer reporte bajo el marco regulatorio de la CSRD para un número significativo de empresas se sitúa en enero de 2026, y las pymes cotizadas incluso podrían comenzar a reportar en 2028. Ello pospone en gran medida la capacidad de construcción de carteras focalizadas en los aspectos sociales en base a esa información.
Por su lado, el inversor particular, a la hora de enfrentarse a estos criterios en la toma de decisiones de inversión, necesita una información más precisa y clara sobre las cuestiones sociales y de derechos humanos, de manera que pueda efectivamente alinearse con sus preferencias.
Discapacidad y finanzas sostenibles
Gracias a la labor de entidades como Fundación ONCE, distintos indicadores relativos a la discapacidad forman parte de los estándares de reporte de Global Reporting Initiative (GRI). Esto, a su vez, tiene una influencia en su incorporación a los ESRS desarrollados por EFRAG en el marco de la CSRD. Queda pendiente una mayor interconexión de dichos indicadores con el listado de SFDR de Principales Impactos Adversos (PIAs).
En el presente, es posible seguir dando pasos adelante en la sensibilización sobre la vulnerabilidad y exposición de ciertos grupos a riesgos medioambientales y sociales. Estos riesgos, interconectados entre sí, son un factor multiplicador de los riesgos de exclusión. Un ejemplo de la necesidad de investigar dichas dinámicas entre los retos sociales y ambientales es el resultado del reciente estudio realizado en España sobre la respuesta a las olas de calor y su efecto en las personas con discapacidad elaborado por Human Rights Watch.
Para abordar estos desafíos es esencial llevar a cabo una transición verde de manera inclusiva y equitativa, considerando con especial interés los riesgos específicos y las oportunidades laborales que puedan surgir durante esta transformación del sistema económico, asegurando que estos grupos puedan acceder efectivamente a ellas.
Por Funds Society, Madrid
