El Salvador se ve cada vez más riesgoso a los ojos de los inversionistas internacionales, en medio de señales de alerta en distintos frentes, ese es el diagnóstico del Instituto de Finanzas Internacionales (IIF, por su sigla en inglés) con respecto a la situación fiscal del país.
Según indicó la entidad internacional en un informe reciente, el premio por riesgo del país centroamericano ha subido fuertemente desde las elecciones legislativas de febrero, en medio de preocupaciones por su capacidad de pago.
Este fenómeno, delinea el IIF, surge de las prolongadas negociaciones del país con el Fondo Monetario Internacional (FMI) por un Servicio Ampliado del Fondo, lo que ha alimentado la incertidumbre sobre su capacidad de cumplir sus necesidades financieras.
Además, agrega el reporte, “una decisión de la Justicia que le permitirá al presidente Nayib Bukele de lanzarse a reelección en 2024, junto con otros cambios institucionales, han elevado las preocupaciones sobre una erosión en la gobernanza del país”.
El país implementó uno de los paquetes fiscales más grandes de América Latina en 2020 para sobrellevar la pandemia de COVID-19, ampliando el déficit fiscal a 9% del PIB. “Si bien los ingresos han aumentado significativamente este año, gracias a un crecimiento vigoroso (con un récord en remesas que ha ayudado a traer la actividad cerca de niveles pre-pandemia), el gasto público se mantiene alto, sumando a los requisitos de endeudamiento”, indicó el IIF.
Hacia delante, la entidad destaca que la amplia mayoría parlamentaria del gobierno podría impulsar la implementación de reformas necesarias –incluyendo un cambio al sistema de pensiones–, pero que “el fracaso en deshacer completamente el apoyo fiscal extraordinario”, con la ley de responsabilidad fiscal suspendida, “es un riesgo clave”.
Esto en un contexto en que el IIF ve las condiciones de liquidez más estrechas, considerando que el desliz en las políticas domésticas y los problemas de gobernanza han retrasado las negociaciones con el FMI.
Otra arista de riesgo que identifica el reporte –firmado por María Paola Figueroa, jefe de Frontier LatAm Research, Martín Castellano, jefe de LatAm Research, y Jonah Rosenthal, economista asociado– es la vulnerabilidad externa. Esto, señalan, se debe a buffers de reserva frágiles y restricciones de política en una economía dolarizada.
“Un riesgo más alto subraya la necesidad de un acuerdo rápido con el FMI para ayuda a cubrir las brechas de financiamiento y reforzar el compromiso de consolidación fiscal post-COVID-19”, indicó el IIF.
Por Magdalena Martínez
