El aplazamiento de las elecciones de Bolivia y la crisis del coronavirus han prolongado la incertidumbre en torno a los ajustes de política para superar los desequilibrios estructurales en el país, afirma en una nota Fitch Ratings. La recesión inducida tanto por la pandemia como por la crisis política en 2019 ha ayudado a reducir el déficit externo de Bolivia, pero la incertidumbre política deja poco claro si se logrará un reequilibrio duradero y de qué manera.
El jefe del tribunal electoral de Bolivia dijo en julio de 2020 que las elecciones presidenciales y legislativas programadas para el 6 de septiembre deberían retrasarse hasta el 18 de octubre debido a preocupaciones de salud pública. Este es el segundo aplazamiento en 2020, y es posible que las elecciones presidenciales no se decidan hasta una segunda vuelta el 29 de noviembre. El gobierno interino de la presidenta Jeanine Añez asumió el cargo después de que las elecciones celebradas en octubre de 2019 se vieron empañadas por irregularidades y protestas que llevaron a la renuncia del presidente Evo Morales.
Fitch bajó la calificación de Bolivia a ‘B +’ / Negativa en noviembre de 2019 debido a los crecientes riesgos macroeconómicos de la caída de las reservas internacionales y la inestabilidad política. Desde entonces, la crisis del coronavirus también ha afectado a la economía, que se contraerá un 5,7% en 2020 antes de crecer un 3,6% en 2021.
La compresión resultante de las importaciones ha ayudado a estabilizar las reservas en alrededor de 6.600 millones de dólares a julio de 2020, junto con precios más altos del oro y la conversión del banco central de los activos en dólares estadounidenses de los bancos comerciales a bolivianos. Sin embargo, estos factores son en gran parte transitorios. Las reservas podrían enfrentar una nueva presión a medida que se recuperen las importaciones, el impacto en los precios de exportación del gas (que están vinculados a los índices de referencia petroleros mundiales con un retraso) se sienta plenamente y la reciente expansión de la oferta monetaria se suma a la demanda de dólares.
Las reservas son relativamente bajas para una economía dependiente de los productos básicos con un tipo de cambio fijo. Si bien sigue siendo alto en términos de cobertura de importaciones y servicio de la deuda externa, las reservas cayeron al 91% de la medida de adecuación de reservas del FMI en 2019, por debajo del 150% de referencia del FMI para los exportadores de productos básicos. Las reservas representaron el 19% de la oferta monetaria general a mediados de julio de 2020, en comparación con la mediana del 30% entre los soberanos calificados por Fitch con tipos de cambio fijos.
Los analistas de Fitch piensan que el fuerte compromiso de las autoridades con la paridad hace que la devaluación sea poco probable. Sin embargo, una menor adecuación de las reservas limita su capacidad para llevar a cabo políticas anticíclicas, al tiempo que garantiza la viabilidad de la paridad, y hace que el logro de estos objetivos dependa más del endeudamiento externo soberano.
Un reequilibrio externo sostenible para reconstruir las reservas y mejorar la capacidad de resistencia a futuros choques requeriría, sin una devaluación, ajustes macroeconómicos y reformas microeconómicas. El gobierno interino de Añez ha tomado medidas con este fin, levantando las restricciones a las exportaciones agrícolas y reduciendo la inversión pública.
Sin embargo, el alcance y el calendario de un plan integral no estarán claros al menos hasta que se forme una nueva administración electa. Los principales candidatos a la presidencia son Añez del Movimiento Social Demócrata de centro derecha (MDS), Carlos Mesa del centrista Frente Revolucionario de Izquierda (FRI) y Luis Arce del izquierdista Movimiento por el Socialismo (MAS).
En opinión de Fitch, quienquiera que gane el poder probablemente revertirá las políticas fiscales, monetarias y crediticias altamente expansivas para evitar riesgos para la paridad fija y la estabilidad macroeconómica. Dicho esto, los factores políticos podrían determinar qué tan bien podrían implementarse tales ajustes. Además, podría haber diferencias significativas entre las preferencias de política microeconómica de los candidatos. Estos serán clave para aumentar la inversión excepcionalmente baja del sector privado (6,5% del PIB en 2019), que sería necesaria para respaldar una recuperación económica en caso de que el sector público retroceda.
Bolivia tiene espacio fiscal para facilitar un ajuste gradual, habiendo financiado altos déficits pasados principalmente mediante la retirada de depósitos y préstamos a bajo costo de organismos multilaterales en lugar de emisiones de mercado. Los bonos comerciales representaron solo cinco puntos porcentuales de su deuda soberana (44% del PIB) a fines de 2019, y la tasa de interés-ingresos del 5% se encuentra entre las más bajas de América Latina.
Sin embargo, las divisiones en el Congreso de Bolivia hasta ahora le han impedido autorizar algunos préstamos externos, destacando el riesgo que presentan las divisiones políticas para la implementación fluida y oportuna de las políticas de ajuste. Este riesgo se refleja en la Perspectiva Negativa de la calificación soberana.
Por Fórmate a Fondo
Por Magdalena Martínez