Este lunes 5 de febrero el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), presentará al Congreso del país una serie de reformas, varias de ellas constitucionales, que incluyen cambios en el sistema de pensiones. La principal incógnita es si se podría anunciar un sistema híbrido gobierno-afores para pagar pensiones.
Esta “batería” de reformas como la han llamado los analistas de la vida política y económica de México, tendrán un intenso debate en el Congreso mexicano, especialmente la relacionada con el poder judicial ya que el propio presidente ha adelantado que propondrá la elección por voto directo de los miembros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Pero sin duda, en el ámbito económico la propuesta de reforma que más se espera es la relacionada con el sistema de pensiones.
Lo que se espera
1) AMLO anticipó que se mantendría el sistema de Afores, es decir el sistema de cuentas individuales; en este sentido no se espera un anuncio sobre la eventual desaparición de estos intermediarios.
2) Sin embargo, en algunos de sus discursos el presidente López Obrador ha abierto la posibilidad de que el gobierno participe en la administración de los recursos del Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR), es decir, sí podría anunciar un sistema híbrido gobierno-afores para pagar pensiones.
3) Otro anuncio podría ser en el sentido de que el gobierno complementará el faltante del salario de un trabajador cuando acceda al retiro, para que con el pago de la Afore se complemente al 100%; algunos cálculos estiman que el costo inicial podría llegar a ser hasta de 77.700 millones de pesos, pero solamente para los trabajadores que se pensionen a partir de este año, si se pretende que el beneficio llegue a los pensionados de antes, el costo se podría disparar hasta cerca de 400.000 millones de pesos.
4) El aumento generalizado de la cuota social (aportación del gobierno), es otra de las expectativas que se han levantado; en este sentido, el costo adicional podría llegar a ser hasta de 3% del PIB año con año, que llevaría en una década a incrementarse entre 20 y hasta 30% las obligaciones del gobierno para aportaciones a pensiones.
5) En ningún caso se espera que se modifique la aportación de los trabajadores, sobre todo en el contexto electoral actual ya que eso significaría un suicidio político que el gobierno no estará dispuesto a realizar.
6) Citibanamex señaló el pasado viernes que una opción más podría ser que se reduzca el tiempo de cotización de los trabajadores para acceder a una pensión, aunque eso no abonaría directamente a favor de subir la tasa de reemplazo al 100% del SBC como quiere el presidente.
7) Se descarta la presentación de una propuesta de reforma fiscal, debido a que ya se aprobó el presupuesto para este año, aunque se considera que ésta sería el único mecanismo que le daría cierta viabilidad de largo plazo a cualquier propuesta.
8) El presidente podría ligar la eventual desaparición de órganos autónomos para financiar el pago de pensiones, sin embargo, analistas consideran que eso sería inviable en el mediano y largo plazo.
9) Otra propuesta iría en el sentido de volver constitucional su política de “austeridad republicana”, con lo que pondría sobre la mesa cifras de miles de millones de pesos que desde su punto de vista servirían para financiar las pensiones, algo que también parece un remedio de muy corto plazo para el tamaño del reto.
10) Desde luego, la propuesta que sea que presente tendrá el carácter de vitalicia, especialmente si tiene intención política y electoral. Lo anterior significará un compromiso permanente y creciente para el estado mexicano, que todavía no se sabe de qué manera se financiará.
Justamente esa es la gran pregunta de la que hoy por la tarde-noche de la ciudad de México se espera la respuesta: ¿de dónde?
Reforma a la reforma
Es importante recordar que apenas en el año 2020, ya en la administración del actual mandatario, se logró luego de más de 20 años la primera reforma de gran calado al sistema de pensiones mexicano, especialmente en lo relativo al porcentaje de aportación a las cuentas individuales, que hasta antes de dicha reforma era de 6.5% del Salario Base de Cotización (SBC) de los trabajadores.
Con la reforma de 2020, las aportaciones obrero-patronales, sumadas a la cuota social aportada por el gobierno, subirán de 6.5 a 15% entre los años 2023 cuando entró en vigor la reforma, al año 2030 cuando se alcanzará el tope estimado.
En el detalle, se estableció que las aportaciones patronales a la subcuenta de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez, subirán paulatinamente de 3,150 a 11,875%, pero dependerá del SBC de cada trabajador. Mientras tanto, las aportaciones de los empleados se mantendrán en 1.125% de su SBC.
También, se redujo el requisito para tener derecho a pensión, a 750 semanas a partir de 2021 y se incrementó en 25 semanas cada año hasta llegar a 1.000 semanas cotizadas en 2031, además de que se mantuvo la edad de retiro a los 60 años por cesantía y a los 65 por vejez.
En lo que respecta a la cuota social (aportación del gobierno), se mantuvo sin modificaciones (0.225% del SBC) hasta el 31 de diciembre de 2022; a partir del 1 de enero de 2023, se otorgará una cuota social adicional para los trabajadores que perciban hasta 4 veces la Unidad de Medida y Actualización (UMA). El monto de la cuota social será de carácter progresivo.
En virtud de que todos los cambios anteriores apenas estaban en sus primeros años o meses de implementación, la propuesta de reforma anunciada por el presidente ha sorprendido a todos en el país, lo que sugiere una clara intención electoral.
De cualquier forma, electoral o no, la llamada “reforma a la reforma” impactará en la economía de México dependiendo de lo que contenga la propuesta, estas son algunas de las expectativas sobre lo que se espera anuncie el presidente esta tarde.
Por Funds Society, México
Por Meritxell Sedo
