La deuda de infraestructuras privadas ha experimentado un fuerte crecimiento en los últimos años, proporcionando una fuente de duración, diversificación y rentabilidad en un entorno de bajo rendimiento de la renta fija. Esta clase de activo es solo un ejemplo de las bondades que han encontrado los inversores en los activos de infraestructuras, una tendencia que continuará, según las gestoras, debido a los fuertes motores motivos que impulsan su desarrollo: la transición energética, el envejecimiento poblacional y la recuperación económica.
El outlook de DWS sobre infraestructuras para este año destaca varias claves que apoyan la visión tan optimista sobre el desarrollo de las infraestructuras. Por ejemplo, el documento recuerda que las condiciones de liquidez siguen siendo favorables incluso para los estos activos de alta calidad que han sido afectados por la pandemia. Una vez controlada la pandemia y vacunada la población, la recuperación de las economías también impulsará las infraestructuras, por ejemplo la producción industrial y los volúmenes comerciales seguirán apoyando las operaciones portuarias y el transporte de mercancías por ferrocarril, y se mejorarán las redes y servicios públicos. Además, hay tendencias que son imparables como la movilidad sostenible o la transición energética y digital.
“Dados los riesgos asociados al cambio climático, la disminución de los recursos naturales y los cambios demográficos, esperamos que el universo de las infraestructuras invertibles crezca a nivel mundial. Por ejemplo, el rápido envejecimiento de la población significa que hay una creciente necesidad de activos que generen ingresos fiables para la jubilación. Los activos de infraestructuras están bien posicionados para proporcionar los flujos de ingresos deseados a largo plazo. Un ejemplo actual es nuestra inversión en una de las plantas desalinizadoras de agua de mar más avanzadas tecnológicamente y eficientes energéticamente de Norteamérica. Este activo se gestiona en nombre de los planes de pensiones del sector público”, señala Gershon Cohen, Global Head of Infrastructure Funds de Aberdeen Standard Investments.
Según Cohen, la pandemia no ha modificado las razones macroeconómicas para invertir en infraestructuras nacionales nuevas y existentes. “En todo caso, la necesidad de acelerar las inversiones es cada vez más acuciante. El crecimiento demográfico, la urbanización, la industrialización, la competitividad y el deseo de mantener y mejorar el nivel de vida de los ciudadanos son los principales argumentos. La demanda actual de inversión en infraestructuras se ha visto exacerbada por la falta de inversión en el pasado y el crecimiento de la movilidad”, añade.
Ahora bien, todo este argumento tiene un enfoque de fondo, la sostenibilidad. Aberdeen Standard Investments y DWS coinciden que la transición energética a la que se han comprometido la mayoría de los países del mundo otorga gran protagonismo a las infraestructuras, ya que estas desempeñarán un papel clave en el cambio climático. Este protagonismo se verá apoyado por los gobiernos, ya que, tras el COVID-19, los responsables políticos han acelerado sus objetivos en infraestructuras sostenibles con motivo de la recuperación económica y la descarbonización.
“Las oportunidades de inversión en infraestructuras abarcan múltiples sectores que prestan servicios públicos esenciales. Por lo general, estos proyectos pretenden generar ingresos sostenibles a largo plazo, al tiempo que tratan de salvaguardar el medio ambiente y/o aportar beneficios sociales. Incluyen proyectos energéticos, planes de transporte, puertos aéreos y marítimos, instalaciones de gestión de residuos, escuelas y hospitales. Se trata de sistemas físicos básicos que se consideran esenciales para impulsar la productividad de la economía”, señala Cohen.
Las actuales presiones fiscales y la necesidad de que los gobiernos adopten disciplinas más comerciales están poniendo de manifiesto la necesidad de contar con la experiencia y el capital del sector privado. Según indican desde Pictet AM, los inversores institucionales asignan el 6% de sus inversiones a infraestructuras, siendo el grueso activos privados, con rentabilidades totales de casi 14% anualizas la última década. De manera que 54% de los inversores institucionales encuestados este año por Preqin, proveedor de datos de activos alternativos, esperan comprometerse más con la inversión en infraestructuras los próximos doce meses que en 2020.
“Pero a medida que se aceleran los esfuerzos en descarbonización, las empresas cotizadas especializadas en energía limpia, son cada vez más un complemento y alternativa a los activos privados, que son escasos y de altas valoraciones, sin las ventajas de diversificación, liquidez, supervisión y mejores métricas ASG. La alternativa de las cotizadas en infraestructuras relacionadas con energía limpia se ve impulsada por las SPACS”, explica Xavier Chollet, gestor de Pictet Clean Energy, fondo de Pictet AM.
En opinión de Chollet, es probable que el atractivo de las infraestructuras entre estos inversores se fortalezca la próxima década, especialmente en cuanto a energía limpia. “En una encuesta reciente, más de 80% esperaba que la energía limpia sea la principal fuente de inversiones en infraestructuras en los próximos diez años. Hay que tener en cuenta que EE.UU., Europa y China están a punto de emplear billones de dólares para una recuperación verde y una amplia gama de activos renovables y sostenibles -plantas de energía eólica y solar, redes de electricidad renovable, infraestructura de vehículos eléctricos y el sector de construcción- puede experimentar rápido crecimiento y, con el tiempo, representar la mayor parte de nuevos activos de infraestructuras”, añade.
En este sentido, Estados Unidos será una de las regiones más atractivas para invertir en infraestructuras sostenibles. De hecho, según la Agencia Internacional de Energía Renovable, para cumplir los objetivos climáticos, las inversiones en el sistema energético en EE.UU. entre 2016 y 2050 deben aumentar 16% respecto a lo que se prevé, hasta 110 billones de dólares. “Las correspondiente oportunidades de inversión en electrificación e infraestructura -redes eléctricas, redes de carga de vehículos eléctricos e instalaciones de producción de hidrógeno o gas sintético- pueden llegar a sumar 26 billones de dólares para 2050”, destaca Chollet.
Las regiones más activas
Una visión que comparte claramente Stéphane Monier, CIO de Lombard Odier, quien destaca que el Plan de Empleo Americano, propuesto por el gobierno de Biden el 31 de marzo, invertiría décadas de «desinversión» pública en EE.UU. y pondría la economía en una base más sostenible para el futuro. La propuesta señala que EE.UU. ocupa el 13º puesto mundial en calidad de infraestructuras. El gasto del gobierno federal estadounidense en sus infraestructuras se ha reducido a más de la mitad en relación con el producto interior bruto en las últimas seis décadas, pasando del 3,8% en los años 60 al 1,6% en la última década.
“La propuesta de ley de EE.UU. incluye proyectos específicos para el clima, por valor de unos 670.000 millones de dólares, es decir, un tercio del total. El objetivo es conseguir una economía neutra en carbono para 2050, incluida la electricidad libre de carbono para 2035, y acabar con las exenciones fiscales y otras subvenciones a las industrias de combustibles fósiles. El plan también mantendría los créditos fiscales para la energía eólica y solar durante diez años, además de ofrecer a los consumidores incentivos para los vehículos eléctricos y mejorar las redes ferroviarias”, añade Monier.
El CIO de Lombard Odier también recuerda que la necesidad de inversión en infraestructuras no se limita a Estados Unidos, aunque es especialmente acuciante allí. Por ejemplo, señala que China, en un punto muy diferente de su evolución económica, sigue gastando más que el resto del mundo. En las próximas dos décadas, la segunda economía del mundo necesita gastar 28 billones de dólares en sus infraestructuras, según estimó el Banco Mundial en 2017, para mantener el ritmo de su desarrollo.
“El gasto en infraestructuras en toda la Unión Europea ha disminuido desde aproximadamente 2010, a raíz de la Gran Crisis Financiera. En 2017, el gasto de la UE en infraestructuras equivalía al 2,7% del PIB y la falta ha pasado factura incluso a las naciones más ricas de la región. La UE ya ha establecido un plan de gastos. El año pasado, el bloque elaboró un paquete de estímulo por valor de 1,8 billones de euros, que incluye su presupuesto septenal de 1,15 billones de euros y un fondo de recuperación de Nueva Generación de 750.000 millones de euros. Los 27 Estados miembros del bloque se propusieron transformar sus infraestructuras energéticas, de transporte, agrícolas y sanitarias. Alrededor de 1 billón de euros de este total está vinculado al cumplimiento del objetivo de neutralidad neta de carbono para 2050”, concluye Monier.