OCU ha presentado ante la Audiencia Nacional una querella contra la cúpula del Banco Popular. Se trata de la primera de las acciones en defensa de los pequeños inversores y los accionistas minoritarios que emprende una organización tras la intervención y posterior venta al Banco de Santander. La querella se dirige contra los antiguos administradores del banco responsables de la última ampliación de capital en 2016 y la auditora Pricewaterhousecooper, a los que acusa de los presuntos delitos de falsedad contable y estafa a los inversores, según explica la organización en un comunicado.
Los miembros del Consejo de Administración han ido tomando sus decisiones menospreciando a los accionistas minoritarios que en ningún caso han podido hacer oír su voz. Estos han invertido en acciones del Banco Popular por confiar en una información auditada, pública y supervisada. Esta información se ha revelado finalmente muy alejada de la realidad, ya que incluso hace un mes se cifraba el valor patrimonial de la entidad en 10.777 millones, según documentos registrados en la CNMV. OCU recuerda que la entidad estaba supervisada por el Banco de España y sus cuentas auditadas de forma independiente.
La organización destaca, sin embargo, que las pérdidas de valor de la entidad no han dejado de sucederse lo que ha derivado en la situación actual, en la que los pequeños accionistas y poseedores de bonos y deuda subordinada han perdido toda su inversión. «Ante esta situación es preciso garantizar y defender los intereses de los miles de inversores y accionistas minoritarios del Popular que se han visto gravemente perjudicados por la completa pérdida de valor de los títulos y depurar las responsabilidades, si las hubiera, de todos los que han intervenido de una u otra manera en esta operación», explica el comunicado.
OCU considera imprescindible esclarecer responsabilidades y examinar a conciencia toda la documentación, así como las comunicaciones con las autoridades supervisoras. Con esta querella, la primera de las acciones que se emprende en defensa de los afectados, OCU manifiesta su intención de llevar a cabo todas las acciones necesarias para intentar recuperar el dinero de los afectados. Para ello estudia en la actualidad otras vías posibles, judiciales y extrajudiciales, que permitan a los afectados obtener una compensación por el perjuicio sufrido.
Por todo ello hace un llamamiento a todos los inversores y accionistas minoritarios afectados para que se sumen a la plataforma de movilizate, para estar informados sobre la situación y de las posibles acciones judiciales que va a llevar a cabo para defender los derechos de los afectados. Hasta el momento casi 9.000 afectados se han puesto en contacto con la organización a través de esta plataforma.
Mientras tanto con el ánimo de buscar una solución para los afectados, OCU ha solicitado al ministerio de Economía y al Banco de España un mecanismo extrajudicial inmediato. Para OCU es necesario, además, adoptar medidas para evitar que este tipo de situaciones sigan produciéndose. «Los pequeños inversores y accionistas no tienen por qué pagar las consecuencias de la mala gestión de las entidades», concluye.
