El interés por el mercado de bonos verdes está lejos de desaparecer. NN Investment Partners asegura que ya no solo atrae a los inversores en ESG, sino también a los más tradicionales, que han comenzado a identificar su enorme potencial. Prueba de ello es que el crecimiento de este mercado desde 2013, cuando todavía no existía, ha sido exponencial y hoy supone cerca de 672.000 millones de euros, una cifra que, según Bram Bos, gestor principal de bonos verdes, alcanzará los 2 billones en emisiones en 2023.
“La composición del mercado está cambiando: en 2014, los emisores estaban fundamentalmente relacionados con proyectos gubernamentales, seguidos de algunos servicios públicos y unos pocos de perfil financiero. Ahora, se encuentra mucho más diversificado”, afirmó en una conferencia virtual celebrada por la gestora tras la publicación de su Guía de Bonos Verdes: En ese sentido, destacó que las emisiones gubernamentales comenzaron a caer con los años, al tiempo que se incrementaron las corporativas.
Aunque en la actualidad las primeras suponen prácticamente la mitad de las emisiones (300.000 millones de euros), están muy equilibradas con las segundas, y, estas, además del sector financiero o del de los servicios públicos, cada vez provienen más del industrial (57.000 millones en la actualidad). “Esas son las empresas que realmente están produciendo, como Apple, Coca Cola o los fabricantes de coches. Esperamos que sigan ganando momentum, impulsadas por las emisiones de la Unión Europea y las de gobiernos como el alemán o el sueco en la actualidad y el italiano o el español el próximo año”, señaló Bos.
Con él coincidió Jovita Razauskaite, gestora de bonos verdes de NN IP, quien hizo hincapié en la cifra récord de emisiones que alcanzó el mercado en 2019 (casi 200.000 millones de euros). “Esperábamos que este año fuera incluso más elevada, ya que empezó más fuerte que el anterior, pero, con la pandemia, en marzo y abril muchos emisores lo pospusieron para la segunda mitad del 2020”, reveló. Sin embargo, ya comienzan a acercarse a cifras similares a las de 2019, gracias al claro repunte del tercer trimestre, con septiembre alcanzando la cifra récord de emisiones mensuales de 40.000 millones.
Una taxonomía necesaria
Asimismo, destacó que, incluso con el impacto del coronavirus, las emisiones de bonos verdes del sector industrial han superado a las del año pasado, al tratarse de una opción cada vez más factible para cualquier tipo de cartera. En este sentido, otro de los factores que ambos gestores consideran que potenciará estas emisiones es la puesta en marcha de la taxonomía europea, que, a su juicio, dará una mayor claridad y transparencia a los mercados de renta fija, ya que establecerá una definición global de los bonos verdes, el 68% de los cuales se encuentran denominados en euros.
Para Razauskaite, la publicación de los estándares técnicos de bonos verdes de la Unión Europea permitirá trasladar de forma efectiva los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU a las Naciones Unidas e involucrar a sectores que suponen el 93,2% de las emisiones de gases de efecto invernadero.
“Para finales de 2021, se espera que los inversores ya estén informando sobre el impacto de sus decisiones, lo que favorecerá la estandarización del mercado de bonos verdes y, en definitiva, la transición climática”, añadió. A esto se suma que los bonos verdes financiarán un tercio del Plan de Recuperación de 750.000 millones de euros puesto en marcha por la UE a raíz de la pandemia, lo que también favorecerá el crecimiento del mercado.
Mientras, Bos hizo hincapié en que la nueva taxonomía ayudará a regular mejor la actual “manía del etiquetado”, que ha llevado a una proliferación de bonos de todo tipo, como los “sociales”, los “transicionales” y hasta los “pandémicos”. “Existen tantas etiquetas en el mercado que a veces es algo confuso y suelen estar definidas de forma muy débil, algo que no ocurre con los bonos verdes”, criticó.
El análisis de NN IP
Con todo, ve clave que NN IP cuente con un proceso interno que identifique los bonos verdes según sus propios estándares. En su caso, analizan cada emisión para asegurarse de que, además de financiar proyectos verdes o medioambientales, está alineada con los principios de bonos verdes de 2018 y cumple los criterios de transparencia y gobernanza.
En esta evaluación, según Bos, lo más importante es observar de cerca a los propios emisores, ya que cerca del 15% de las emisiones de bonos verdes provienen de empresas que se encuentran involucradas en prácticas controvertidas. “Por ejemplo, nunca compraríamos bonos verdes de una empresa petrolífera que invierte en combustibles fósiles”, aseveró.