El gobierno de Argentina y los acreedores de la deuda bajo legislación extranjera tienen un nuevo plazo de negociación el 24 de julio, una espera que, por su extensión, muestra que el acuerdo se ha enfriado y puede ir para largo, como señalan los analistas de la firma argentina Criteria.
Argentina está en default selectivo en dólares desde el pasado mes de abril por el incumplimento del pago de bonos globales por valor de 500 millones de dólares. El total de la deuda en negociación asciende a 65.000 millones de dólares.
A pesar de la situación de bloqueo, en Criteria piensan que el acuerdo estuvo cerca: “Desde posiciones iniciales antagónicas, ambas partes de la negociación se habían acercado notablemente. La brecha entre el valor presente de gobierno y acreedores estaría en el orden de los 5 y 8 puntos. O en rigor, entre 5.000 y 7.500 millones de dólares de diferencia”, señalan en un informe.
Los analistas de Criteria explican que la última versión de la propuesta argentina, la tercera desde la oferta inicial que fuera rechazada en abril, contiene las siguientes mejoras:
- Sube el cupón promedio a 3,20% desde 2,75%
- Introduce un pago de intereses de 0,125% en 2021
- Reduce quitas de capital y acelera amortizaciones
- Incrementa la compensación por los intereses corridos no pagados
- Crea un cupón con pagos atados al desempeño de las exportaciones de bienes
“Del lado de las contrapropuestas, el grupo liderado por BlackRock solicitaba entre otras cosas la mitad del pago en efectivo por los intereses acumulados y una quita de capital de 1% en vez de 3% estipulado en los bonos globales de la generación 2016 en adelante. Como referencia, a una tasa de salida estimada en 10%, las propuestas están entre 50 dólares y 57 dólares promedio, desde lo económico la distancia se ha acortado a 7 dólares desde los 21 originales”, afirman desde la gestora.
Criteria revela que más allá de números, hay también otras discrepancias en cuanto al resguardo legal: “Los bonistas buscan condiciones de contrato similares a las que consiguieron en el canje de 2005, en detrimento de las que recibieron los acreedores en 2016. Estas últimas ofrecen una protección notablemente inferior a los bonistas, y más favorables al soberano. Son las condiciones con las que el gobierno de Fernández quiere blindar los nuevos bonos del canje”.
En sus últimas declaraciones, el gobierno argentino expresó que no tenía prisa por firmar el acuerdo y que las negociaciones podrían extenderse. Por su parte, el principal grupo de bonistas culpó al gobierno del fracaso y amenazó con empezar a recurrir a la justicia para reclamar los impagos.
Por Magdalena Martínez
