La polémica reforma al poder judicial, propuesta en febrero pasado por el presidente Andrés Manuel López Obrador, y retomada con fuerza después de la arrasadora victoria de su partido en la elección del 2 de junio, sigue erosionando la confianza en el mercado financiero mexicano.
Morgan Stanley, la multinacional financiera estadounidense que está considerada dentro de las 500 empresas más relevantes de los Estados Unidos, según Forbes, degradó su recomendación para invertir en activos mexicanos.
En su reporte “Modelo de Portafolio de América Latina”, publicado este martes por la noche, hora de la Ciudad de México, la compañía degradó su recomendación del país a Underweight o subponderada, lo que significa que espera un rendimiento de las acciones mexicanas por debajo del promedio de la región.
“Degradamos a México a Underweight (subponderado) tras la propuesta de reforma judicial que el Ejecutivo envió al Congreso. Creemos que reemplazar el sistema judicial aumentaría el riesgo, las primas de riesgo de México y limitaría el gasto de capital. Esto es un problema, a medida que el nearshoring está llegando a cuellos de botella clave”, dijo Morgan Stanley a sus inversionistas.
Adicionalmente, Morgan Stanley recomendó a sus clientes reducir su exposición a acciones de empresas mexicanas como Walmart de México (Walmex), Fomento Económico Mexicano (FEMSA) y Coca-Cola FEMSA, así como eliminar de sus portafolios de inversión a las también mexicanas Quálitas, Kimberly Clark México y Laureate.
Lo anterior pese a que también agregó al conglomerado regiomontano Alfa a su portafolio de recomendaciones de inversión para el subcontinente americano, y dejó sin cambios sus recomendaciones de otras seis empresas mexicanas: América Móvil, Cemex, Fibra Prologis, Grupo México, Banorte y Cuervo.
La firma estadounidense se convierte en una voz adicional de alerta sobre la inminente aprobación de los cambios al Poder Judicial en México, ante una sobrerrepresentación que beneficiará al partido gobernante y que supone retos para la presidenta electa, Claudia Sheinbaum.
Apenas el lunes pasado la calificadora Fitch Rating dijo de manera breve que las reformas, especialmente la del poder judicial, si se aprueban sin modificaciones y se implementan rápidamente, pueden afectar negativamente la calidad institucional y los controles y contrapesos de México.
La reforma propuesta por López Obrador y apoyada en principio por la presidenta electa Claudia Sheinbaum, quien asumirá oficialmente el próximo 1 de octubre, incluye la renovación de todos los jueces y magistrados federales, así como de los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), para que todos ellos pasen a ser elegidos mediante voto popular.
Para ser aprobada la reforma al Poder Judicial necesita una mayoría calificada (de dos terceras partes) en ambas cámaras del Congreso de la Unión. Esto no es posible con la actual legislatura, pero el próximo 1 de septiembre inicia la siguiente legislatura elegida el pasado 2 de junio, en ésta el partido en el poder se perfila para contar con dicha mayoría.
Este martes el actual coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ignacio Mier, dijo que la reforma al poder judicial se dictaminaría el próximo 26 de agosto, señal de que piensan dejarla lista para su aprobación sin problema alguno en la siguiente legislatura.
La oposición a la reforma por parte de los capitales es evidente y eso aumenta la incertidumbre; apenas la semana pasada una de las cúpulas empresariales más importantes del país, el Consejo Coordinador Empresarial (CCE), advirtió sobre los riesgos de la reforma al poder judicial.
La posibilidad de que los jueces sean elegidos mediante el voto popular los ataría a grupos políticos de interés, que en México es algo común, eliminando el gran contrapeso que hasta ahora ha significado el poder judicial sobre otros poderes, como el ejecutivo, han explicado algunos de los que se oponen a la reforma.
Por Funds Society, México
