Gran parte de la campaña del candidato Donald Trump ha incluido retórica en contra de los inmigrantes latinoamericanos en su país. Además de deportar a los once millones de inmigrantes ilegales que viven actualmente en Estados Unidos, Trump también ha dicho que, de ser elegido presidente, incautará todos los pagos de remesas derivados de los salarios ilegales.
Utilizando datos sobre la población total de inmigrantes del Migration Policy Institute y estimaciones del número de inmigrados ilegales realizadas por el Center for Migration Studies para calcular el porcentaje de inmigrantes ilegales por país de origen, Claudia Calich, gestora del fondo M&G Emerging Markets Bond y especialista en mercados emergentes, preparó un análisis sobre el impacto que las medidas contra la inmigración ilegal propuestas por el candidato republicano puede tener en los envíos de remesas a México y Centroamérica.
Calich comenta que «las remesas benefician a los países receptores, ya que reducen sus déficits por cuenta corriente y tienen un impacto positivo en el consumo interno y el crecimiento, aunque algunos estudios señalan también cierto impacto negativo debido al aumento de la desigualdad en las rentas o a la posibilidad de apreciación de la divisa, lo cual reduce la competitividad de las exportaciones.» Además, considera que aunque el foco esté puesto en México por el mayor porcentaje de inmigración ilegal proveniente de este país, los más afectados por un posible recorte de remesas serían Honduras y El Salvador, ya que el porcentaje que representa este dinero sobre su PIB es mayor:
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