El mercado de bonos verdes soberanos es todavía pequeño, tanto en términos de títulos en circulación como de demanda de los inversores. Pero en los últimos tiempos la demanda y la oferta se han disparado. Con respecto a esta última, cada vez son más los países, las instituciones y las empresas que se deciden a emitirlos. El Gobierno español acaba de dar el paso y ha inaugurado sus emisiones, lanzando bonos verdes con un horizonte a 20 años. Los expertos consideran que tiene todo el sentido, en línea con las iniciativas de otros países europeos, con las metas climáticas marcadas y también alentado por el apetito inversor.
“La operación ha sido ampliamente anunciada y es una de las primeras emisiones de bonos verdes soberanos en 2021, incluidos los bonos verdes de Italia la pasada primavera y las próximas operaciones del Reino Unido y la UE. El timing de las operaciones en 2021 tiene sentido”, comenta Mitch Reznick, Head of Sustainable Fixed Income, del negocio internacional de Federated Hermes. “España entra ahora en este mercado tras Francia, Alemania e Italia, entre otros, mientras que otros grandes emisores soberanos, como EE.UU. y Reino Unido, aún no se han estrenado en este mercado”, recuerdan desde Scope Ratings.
“Esta emisión se produce en el contexto de una importante oferta por parte de países de la UE, y también de fuera de la UE. A lo largo de septiembre esperamos, en concreto, sendas emisiones inaugurales en el Reino Unido y Colombia, así como una subasta en Alemania que se enmarcará en un programa de emisiones ya establecido”, recuerda también Ronald Van Steenweghen, gestor de fondos de renta fija de DPAM. En su opinión, cabe esperar volúmenes récord en los próximos meses, cuando la Unión Europea lance su primer bono verde.
«Dentro de la estrategia de financiación del Tesoro Español, supone un hito al ser la primera emisión “verde”, emitida por España», comenta Luis Cotillas, Director del Departamento de Renta Fija de Beka Finance. Para que se le pueda asignar esta etiqueta de ‘verde’, hay que cumplir una serie de requisitos supervisados por una o varias agencias cualificadas que vigilan que el destino de los fondos recaudados se aplicará a promover el crecimiento de la “economía verde” y/o sostenible: «Era obligado que España emitiera un bono verde a la mayor brevedad, ya que los inversores institucionales cada vez asignan más peso a los activos verdes y ESG, en sus carteras», defiende.
Los objetivos climáticos
La emisión cumple objetivos climáticos, por un lado, y es compatible con la demanda de los inversores, por otro. “La primera emisión de bonos verdes de España (aplazada a este año tras la crisis del COVID-19) forma parte de la estrategia de financiación del país para alcanzar sus objetivos climáticos”, dice Giulia Branz, analista de Scope Ratings. Para Branz, desde el punto de vista del crédito, el aumento del seguimiento del mercado y los requisitos de información relacionados con los marcos de financiación verde que deben cumplir los emisores para este tipo de emisiones, pueden contribuir positivamente a la planificación presupuestaria a largo plazo de los riesgos relacionados con la ASG, incluso en torno a las inversiones para hacer frente al cambio climático y la transición a una economía más sostenible.
“Los firmantes del Acuerdo de París sobre el Cambio Climático en la COP21 querrán mostrar los progresos que están haciendo en sus compromisos sobre el cambio climático antes de la COP26 en noviembre”, asegura Reznick.
“Es alentador que los criterios de selección de las diferentes categorías del marco se ajusten a los umbrales descritos en la Taxonomía de la UE y que las categorías estén claramente vinculadas a los Objetivos de la UE. Este marco de bonos verdes excluye también de entrada una amplia variedad de actividades que suscitan controversia (exploración, investigación y explotación de combustibles fósiles; generación de energía por fisión nuclear; generación eléctrica cuyas emisiones superen los 100 gramos de CO2/kWh; ganadería intensiva; sectores de bebidas alcohólicas y tabacaleras, juegos de azar, producción y contratación armamentística, así como minería”, añaden desde DPAM.
“La emisión de deuda verde por parte del Tesoro continúa la tendencia marcada por otros países como Alemania, Italia, Francia, o Países Bajos, y precede a la emisión anunciada por la Comisión europea en el marco del plan Next Generation. La apuesta de Europa por la transición energética y la lucha del cambio climático requiere de grandes cantidades de financiación (Morgan Stanley estima que la financiación del cambio climático costaría unos 48 billones de dólares). Sin duda, este viento de cola unido al apetito de los inversores, es lo que hace que la emisión de bonos verdes haya batido nuevos récords en 2021, con emisiones por importe de 200.000 millones de dólares», recuerda Ana Guzmán, directora de inversiones de impacto en Portocolom AV.
«El bono verde está integrado en la agenda de acción climática de España, basada en dos pilares: el Marco Estratégico de Energía y Clima; y el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. El Grupo de Trabajo interministerial creó el Marco de Bonos Verdes que se encuentra totalmente alineado con los Principios de Bonos Verdes de la Asociación Internacional de Mercados de Capitales (actualización 2021) y buscará la mejor manera de incorporar al marco el contenido de la Norma de Bonos Verdes de la UE que se está desarrollando», destaca Matteo Merlin, Head of Green and Sustainable Finance de Eurizon.
Una potente demanda
Y la demanda también justifica este paso del estado español: “Al mismo tiempo, hay mucha demanda para un acuerdo inaugural de este tipo e incluso puede suponer un pequeño «greenium» para España, ya que el mercado de financiación sostenible ha crecido a un ritmo récord. El plazo de vencimiento es coherente con acuerdos anteriores de Italia, Francia y Alemania”, añaden en Federated Hermes.
“Esperamos que el bono de 5.000 millones de euros encuentre un gran apetito por parte de la creciente comunidad de inversores interesados por la ASG, en línea con los datos iniciales de demanda, y también con lo visto en las recientes operaciones de otros emisores soberanos homólogos, registrando tasas de sobresuscripción muy elevadas. Un buen historial de emisiones exitosas en estas condiciones podría ayudar a mejorar aún más el perfil crediticio, ampliar la base de inversores, atraer a los inversores de largo plazo y ampliar el vencimiento medio de la deuda”, asegura Branz.
En este sentido, en la emisión y compra han participado inversores como Eurizon: «Desde el punto de vista del inversor, el compromiso del emisor con las mejores prácticas y la voluntad de divulgar información al mercado es uno de los puntos clave para evaluar el riesgo/incentivo de un instrumento de financiación sostenible. Por esta razón, y tras las constructivas conversaciones con el emisor, hemos decidido participar en la emisión del bono verde emitido por el Reino de España que cumple el requisito de nuestro dedicado proceso de evaluación. Confirmando nuestro punto de vista, la emisión del bono verde de 5.000 millones de euros a 20 años fue bien recibida por el mercado y tuvo una demanda de más de 60.000 millones, según informó Bloomberg», destacan desde la firma, donde recuerdan que próximamente habrá más países emisores. «Más países están pensando en unirse al Equipo Verde y la Comisión Europea adoptó un marco de bonos verdes evaluado de forma independiente, dando así un paso adelante hacia la emisión de hasta 250.000 millones de euros en bonos verdes, o el 30% de la emisión total de la UE de próxima generación a partir de octubre de 2021».
El atractivo inversor
Para el inversor, esta emisión supone una atractiva oportunidad de compra: «Todo parece apuntar a que las emisiones por parte de gobiernos serán cada vez más numerosas y el diferencial será cada vez menor, con lo que comenzar a construir una cartera de bonos verdes gubernamentales puede ser una opción atractiva», dicen en Portocolom AV.
Y reforzará aún más el perfil de diversificación de los inversores en bonos verdes, defienden en DPAM. “España es el séptimo emisor de deuda pública en euros, pero los emisores con una calificación inferior a AAA/AA siguen infrarrepresentados en este segmento del mercado verde. El perfil de vencimiento a 20 años tiene sentido para el emisor, pero no deja de estar comprendido en las estrategias de largo plazo típicas y, en consecuencia, no aporta diversificación en duración”, matizan desde la gestora.
Dada su similitud con los bonos españoles convencionales, esta emisión inaugural previsiblemente suscitará una elevada demanda inversora (tanto de cuentas sostenibles como convencionales), asegura Van Steenweghen. De cara a la determinación del precio, dice, no es fácil precisar con exactitud un valor razonable, pero de media los bonos verdes del Estado cotizan en el mercado secundario entre 3 y 5 puntos básicos por encima de sus homólogos convencionales.
Sin embargo, algunos matizan su atractivo, ante las próximas actividades de las autoridades monetarias: «La demanda superó en 12 veces el importe de la emisión, pero el plazo a 20 años, en la parte larga de la curva, no está indicada para todo tipo de inversores, y la rentabilidad de la emisión ha estado ligeramente por encima del 1%. Los movimientos de los bancos centrales, para los que el mercado descuenta que anunciarán en breve la reducción en su ritmo de compra de activos supondrá algo de presión para los tipos de interés a medio plazo. Sin embargo, pensamos que la emisión seguirá teniendo buena acogida en muchas carteras que están ansiosas de tener este tipo de activos, para poder colocar sus excedentes de liquidez», explican en Beka Finance.
Como riesgo, Guzmán señala la potencial falta futura de oferta en las emisiones tradicionales: “Sin lugar a duda, el compromiso de los países para la consecución de proyectos verdes concretos y la inversión en I+D+I es muy positiva. Aunque como elemento de reflexión cabría destacar el riesgo a futuro de que las emisiones de deuda ordinarias dejen de contar con el beneplácito de los inversores y se produzca una falta de oferta en las emisiones tradicionales con el consiguiente déficit de fondos para infraestructuras o proyectos necesarios para las economías de los países».
El marco del bono español: la importancia del transporte limpio
Según explica Van Steenweghen, el marco específico del bono destaca la categoría de “transporte limpio”. “Esta categoría se centra en gastos dirigidos a reducir la dependencia del transporte respecto de los combustibles fósiles mediante, por ejemplo, ayudas al desarrollo y al mantenimiento del sistema ferroviario de transporte de pasajeros y mercancías, el desarrollo de vehículos con bajas emisiones de CO2, subvenciones a un transporte público sostenible y el fomento de un transporte modal que promueva la transición hacia modos de transporte más respetuosos con el medio ambiente. Según el inventario de GEI de 2018, el sector del transporte es el principal emisor en España, generando el 27% del total del país. Siendo así, resulta alentador que la categoría esté bien representada en el marco”, explica.
En su opinión, este marco debe también considerarse en el contexto de la gobernanza institucional española. “Se trata de un país con un estado muy descentralizado a nivel administrativo. En consecuencia, y a diferencia de otros emisores soberanos, en España las administraciones públicas subcentrales controlan parte del gasto ambiental e incluso emiten sus propios bonos verdes. Por lo tanto, sus emisiones podrían ser comparativamente menos voluminosas que las de otros estados europeo”, explica. Al respecto cabe mencionar que algunas emisiones regionales optan por el formato de bonos sostenibles, cuyo producto admite tanto un uso ecológico como social.
Las comunidades autónomas y las empresas, por delante
De hecho, las comunidades autónomas llevan delantera al gobierno central en este asunto y han incrementado significativamente la emisión de bonos verdes y ligados a la sostenibilidad en los últimos años, en un retorno gradual a la financiación de mercado frente a la dependencia de la financiación del gobierno central. “Los bonos sociales, verdes y ligados a la sostenibilidad pueden ayudar a mejorar el perfil de la deuda de las regiones al dar a los emisores acceso a nuevo capital en condiciones favorables», afirma Branz. «Esperamos que continúe la tendencia de dejar de depender de la financiación del Gobierno central, que se produjo tras la crisis de la deuda soberana, aunque sólo para las regiones con sólidos fundamentales a nivel fiscal», añade.
Además de las comunidades, también han emitido bonos verdes antes las empresas españolas. “Las empresas españolas son uno de los mayores emisores de bonos verdes a nivel mundial, representando aproximadamente el 8% del mercado crediticio de grado de inversión. Los principales emisores son los bancos españoles, BBVA, Santander… y las empresas de servicios públicos, como Iberdrola, Gas Natural… Los gobiernos y las administraciones locales también están emitiendo bonos verdes. El Instituto de Crédito Oficial de Andalucía emitió bonos verdes este año», recuerda Olivier Debat, especialista senior en inversiones de Union Bancaire Privée (UBP).
«En nuestra opinión, las empresas son un mercado más prometedor en términos de crecimiento, ya que las empresas se comprometen a reducir sus emisiones de CO2 gracias al acuerdo de París sobre el cambio climático y ofrecen un rendimiento más atractivo que las empresas no corporativas. El mercado de bonos verdes está en auge este año impulsado por los bancos, las empresas de servicios públicos y las inmobiliarias en el espacio corporativo. El fuerte ritmo de emisión en la primera mitad del año hace que el mercado supere los volúmenes récord de 2019. En el mercado español destacaríamos la emisión reciente de BBVA, el primer y único bono verde AT1 que paga un cupón del 6,0% en euros”, añade.
Por Funds Society, Madrid
