“Una formación necesaria” en un momento en el que “los criterios de inversión socialmente responsable ya despiertan un interés puro”, ya que nadie los ve ahora como una moda. Con esta doble reflexión de Carlos García Ciriza, presidente de la Asociación Española de Empresas de Asesoramiento Financiero, y de Vicente Varo, director general de Finect, arrancaba Aseafi Green Evolution 2023. Un evento que ha reunido en Madrid a más de 150 profesionales del sector que han tenido la oportunidad de escuchar las reflexiones y descubrir las novedades presentadas por dirigentes de empresas y departamentos punteros de la industria, concretamente en materia de finanzas sostenibles.
“Estamos en un punto en el que ya no vale con sólo preguntar por preferencias de sostenibilidad”, ha recalcado la directora general de Spainsif, Andrea González, en la primera ponencia de una jornada donde ya se ha puesto sobre la mesa los diferentes escenarios de futuro en cuanto a este tipo de inversión y, más concretamente, respecto al Reglamento de Divulgación de Finanzas Sostenibles (SFDR): “Hay dos alternativas, matizar lo que ya tenemos y reconvertirlo a un sistema de etiquetado; o generar un sistema paralelo de etiquetas públicas voluntarias por parte de la Unión Europea, que se podría diseñar a placer pero que implicaría deshacer lo construido en los últimos tres años”.
Precisamente sobre este sistema de etiquetado, la experta ha destacado que “ha sido una sorpresa que el protagonista del despliegue de este marco regulatorio sea el SFDR”. De hecho, González ha afirmado que su actual uso se ha convertido en el mayor ejercicio de “lobby práctico” del sector que se ha visto en los últimos años en el ante la necesidad de contar con un sistema de etiquetado que actuara de traductor entre conceptos complejos y aterrizados. Más allá de las dudas y los factores a mejorar en este proceso, que también han sido protagonistas en la jornada, la directora ha hecho referencia en su intervención a la necesidad de generar cambios y no huir de los sectores con impacto negativo, sino transformarlos: “Que el marco regulatorio incorpore esas finanzas de transición de manera clara es una muy buena noticia”.
Además de poner el foco en la actualidad y en los próximos retos de este entorno normativo, el director de Sustainable Finance and ESG Risk de EY, Javier Ybarra, ha incidido en su intervención en la directiva europea MiFID, de la que ha destacado que ni siquiera los profesionales de esta industria son capaces de traducir de forma completa: “Trasladárselo a los clientes tiene muchas dificultades”, ha explicado con relación al esfuerzo adicional que supone la correcta identificación de las características de los diferentes productos. Como solución, Ybarra apunta al mercado objetivo del producto y en trasladar esa información mediante etiquetas más entendibles. En esta misma línea de simplificación, el representante de EY ha reivindicado que, actualmente, estos profesionales se centran en trasladar regulación a los clientes: “No estamos trasladando una nomenclatura taxonómica, ni un nombre fácil. Hablamos de fondos artículo 8 y 9 de la SFDR”, ha ejemplificado el ponente refiriéndose a ambos criterios, que abordan respectivamente los objetivos de promocionar características de sostenibilidad y de perseguir una inversión sostenible.
Precisamente sobre la dificultad que implica el cumplimiento de estos artículos ha profundizado el cofundador y director general de Ética, Fernando Ibáñez, en la primera mesa debate de la jornada: “Los objetivos 8 y 9 no son categorías de sostenibilidad, son artículos de una Ley”. Más allá de esta reivindicación, el expresidente de Aseafi también ha afirmado que el sector no puede esperar a que los clientes se formen por sí mismos. Además de incidir en el término ‘sobreregulación’ y de demandar también su simplificación, Ibáñez ha hecho una distinción entre este tipo de inversión sostenible en función de las características del cliente: “El inversor profesional tiene más medios, es más sencillo porque sabe lo que quiere. En el caso del particular, nos hemos confundido un poco todos, hay un pequeño porcentaje de casos que tienen marcados criterios estrictos en sostenibilidad, pero la gran mayoría siguen focalizados en la búsqueda de seguridad y rentabilidad”.
En este mismo espacio, la directora de formación postgrado finanzas sostenibles IEB y responsable de FFSS de Auren, Marta Olavarría, que ha ejercido de moderadora de esta mesa, ha ejemplificado todo este sentir en los resultados de una encuesta de la Unión Europea. Concretamente, a colación del Consumer Protection Day, que cifra en un 66% el porcentaje de profesionales que perciben que esta normativa ha generado “más confusión que claridad, por lo que no hace más que incrementar el riesgo de Greenwashing”.
Sin embargo, y más allá de reforzar esta idea generalizada en la industria, el subdirector de Asset Management de Abante, Manuel Rodríguez, también se ha referido a los avances concretos que ya está provocando toda esta reglamentación, concretamente, en lo que se refiere a las peticiones a las gestoras: “Vamos a paso lento, pero se avanza, se han fijado reportings que tienen que hacer las fábricas de producto y ya empezamos a tener mucha más información. Si ves producto, ves informe precontractual con sus características de sostenibilidad. Son muchas hojas, pero es información específica; está llegando con decalaje, pero está llegando”.
La Head of Wealth and Advisory Business de Nordea, Ana Rosa Castro, también ha mostrado en el segundo debate de la jornada, protagonizado por gestoras, una visión de futuro: “Se están dando pasos, confusos, para recorrer un camino correcto. El problema es que se le está pidiendo algo muy ambicioso a todos a la misma vez, cuando cada uno tiene unos recursos, una información y unos tiempos”. Además de resaltar el papel de adaptación de estas gestoras hacia las demandas de cliente y asesor y para llegar a ser más transparente, Castro ha trasladado en esta jornada la línea de trabajo que siguen en Nordea: “Hacemos un rating basado en la exclusión. Invertimos tanto en los fondos cuyos parámetros sostenibles son excelentes como en aquellos que están recorriendo este camino. Se trata de excluir a los fondos que no se están moviendo para entrar en este terreno”.
En un debate en el que se ha profundizado sobre el término greenwashing, la Head of Marketing Spain & Portugal de Schroders, Pilar Vila, ha hecho referencia a las inversiones sostenibles de su organización desde una perspectiva que va más allá de lo regulatorio, destacando que, en Schroders, todas las inversiones incorporan criterios ESG desde finales de 2020. “Se trata de tener una foto completa, una mejor comprensión de la compañía y de estar mejor posicionado para tomar la inversión de invertir en ella”. Además, Vila ha destacado que, en tan solo tres años, el equipo de sostenibilidad de la compañía se ha multiplicado por tres. “Para cambiar las cosas, no podemos excluir, la idea es cambiar desde dentro. El mejor ejemplo es el tiempo que se lleva desinvirtiendo en el sector petrolero mientras que las emisiones siguen sin bajar”. Más allá de esta reflexión que se ha convertido en una tesis general de la jornada, Vila ha puesto el foco en la necesidad de entender correctamente los riesgos financieros de la organización, saber como los gestiona para saber la forma concreta en la que ayudar, y posteriormente centrarse en la monitorización.
Desde Natixis Investment Managers, la Director Advisory–NIM Solutions, Carmen Olds, ha compartido con todos los asistentes al Aseafi Green Evolution 2023 la fotografía concreta de la incidencia real de este tipo de inversión a nivel nacional. “Aproximadamente el 52% del patrimonio invertido en fondos, excepto activo monetario se destina a fondos de Artículo 8 y Artículo 9”, ha detallado Olds, que también ha comparado esta cifra con otros casos cuya incidencia es mucho más alta, como el 78% de Francia o de los países nórdicos. Más allá de estos números, la experta también se ha mostrado muy clara refiriéndose a la rentabilidad riesgo: “En la cartera media española, no hay que renunciar a la rentabilidad riesgo a la hora de incluir sostenibilidad, pero sí que hay que analizar los sesgos y entender las posibles causas de esta rentabilidad, sobre todo, a corto plazo”. Al respecto, Olds ha concluido que hay un “claro consenso en que los criterios ESG nos ayudan a mitigar el riesgo”.
Y para finalizar con una solución práctica que engloba todas estas vertientes analizadas por los expertos de la industria, la responsable de proyectos y Business Analyst – Product Lead de Openfinance, Paula Moreno, ha desgranado todas las posibilidades que ofrece la herramienta de asesoramiento de su compañía como solución que integra las preferencias de sostenibilidad de los clientes. “Se trata de automatizar y digitalizar los procesos de reporting y asesoramiento y gestión discrecional para facilitar la vida en el servicio y ajustarlo a los cambios normativos”. Además de destacar que en todo este proceso siempre se mantiene el modelo de negocio, Moreno ha destacado como valor añadido de esta herramienta su capacidad de agregar toda la información de las carteras en un único lugar, lo que implica poder realizar el asesoramiento de forma global. “Estamos hablando de un extra en cuanto a rentabilidad y protección al cliente”, ha concluido Paula Moreno.
Por Funds Society, Madrid
