La Ley de Reducción de la Inflación de EE. UU. (IRA, por sus siglas en inglés) es el proyecto de ley climático más grande del país en décadas y tendrá un impacto profundo en la política y la industria, asegura en un informe Sustainable Fitch.
El proyecto de ley conducirá a una inversión de casi 370.000 millones de dólares en energía limpia, industria, fabricación y otros esfuerzos de mitigación del cambio climático.
La IRA reducirá las emisiones de gases de efecto invernadero de EE. UU. en más de un 40 % para 2030 desde los niveles de 2005, acelerando la transición del país hacia una economía baja en carbono y fortaleciendo las industrias nacionales y las cadenas de suministro. El proyecto de ley vincula las disposiciones a los requisitos que cubren el contenido nacional, el salario prevaleciente y los aprendizajes, reconociendo la necesidad de una transición justa y el desarrollo de industrias nacionales y cadenas de suministro.
El sector de la energía limpia será el principal beneficiario gracias a los créditos fiscales, incentivos y otros apoyos financieros. Se fortalecerá la competitividad de costes y la creciente cuota de mercado de las energías renovables, especialmente en comparación con la generación de energía con combustibles fósiles. Además, los créditos fiscales IRA podrían ser fundamentales para mejorar la competitividad del hidrógeno verde sobre el hidrógeno azul y revitalizar la industria nuclear, al tiempo que fomentan la inversión en tecnología de próxima generación.
Fitch señala que “si bien es probable que los importantes créditos fiscales para vehículos eléctricos (EV) y transporte limpio en la IRA aumenten la demanda de EV, los problemas existentes en la cadena de suministro y las restricciones de contenido nacional con respecto a la fabricación y los minerales críticos pueden obstaculizar la adopción acelerada de EV en el corto plazo”.
“Los cambios en las tasas mínimas de regalías, los alquileres y las ofertas mínimas para los arrendamientos de tierras federales para desarrollos de petróleo y gas afectarán los planes de inversión, los diseños de proyectos y los gastos operativos de las empresas”, señala la calificadora.
“Sin embargo, dado que solo una fracción del desarrollo de petróleo y gas ocurre en tierras federales, el impacto general en la producción será limitado y se espera que la demanda de productos de petróleo y gas permanezca estable durante la década. Un nuevo cargo por emisiones de metano, aplicado a nivel de las instalaciones, alentará aún más al sector a invertir en medidas de eficiencia y reducción de emisiones”, añaden.