El empeoramiento de la situación epidemiológica con la aparición de la nueva variante de la COVID-19, la denominada Omicron, está provocando la ralentización brusca de la incipiente recuperación de la economía a nivel mundial. Para el Consejo, la preocupación por la COVID-19, unido a la presión inflacionista y los problemas de la cadena de suministro, lastran ese crecimiento. Por eso, el Observatorio Financiero del Consejo General de Economistas rebaja su previsión de crecimiento del 5% al 4,7% en 2021 y del 6% al 5,6% en 2022.
Los índices PMI publicados en el mes de noviembre relativos a la actividad y producción de la zona euro han sido los mejores de los últimos meses, así el índice compuesto de la actividad total ha sido de 55,8 en noviembre frente al 54,2 en octubre; el índice de la actividad comercial del sector servicios ha sido de 56,6 frente al 54,6 en octubre; el índice de producción del sector manufacturero 53,8 frente al 53,3 en octubre y el índice del sector manufacturero, 58,6 frente al 58,3 de octubre.
El índice de precios industriales en octubre (último dato conocido) ha tenido un incremento del 31,9% en tasa interanual, más de ocho puntos que la registrada en septiembre. Esta presión alcista de los precios hace que los fabricantes ya no puedan seguir asumiendo la elevación de los costes, como los de la energía, y los repercutan a los consumidores. Esto está provocando que otros productos, como los de alimentación, incrementen los precios. De hecho, la tasa de variación anual de este índice sin contar la energía ha aumentado nueve décimas desde octubre hasta situarse en el 9,7%. Esto se ha visto reflejado en el incremento de la inflación subyacente en noviembre (según el INE) que ha aumentado 3 décimas hasta alcanzar el 1,7% en tasa interanual. Este incremento, que se estima estará en torno al 2% a final de año, es preocupante dado que se puede producir una espiral alcista de salarios-precios, además del “efecto acaparación” de los consumidores que se puede estar produciendo ante la previsión de que los precios sigan subiendo o por efecto de la situación sanitaria.
Las medidas que se están adoptando a nivel europeo para frenar la propagación del virus se basan en la limitación de movimientos y restricciones en el sector del ocio. Esto tiene un efecto directo en el sector turístico, como pone de manifiesto el hecho de que ya se estén produciendo cancelaciones de reservas, así como en el comercio y, por ende, en el sector servicios. Esto puede lastrar la campaña navideña con su correlativo efecto en el empleo.
Las exportaciones, de momento, están teniendo un buen comportamiento. Han crecido el 22,1% hasta septiembre y superan los valores anteriores a la pandemia. No obstante, como se ha indicado, pueden verse afectadas por este nuevo rebrote, fundamentalmente en Europa, el principal mercado para España. Hay que tener en cuenta que países como Austria o Alemania mantienen actualmente una incidencia elevada del virus y una tasa de vacunación muy inferior a la española. «En nuestro país, la responsabilidad y la solidaridad en este sentido nos han llevado a una incidencia bastante más baja», señalan desde el Observatorio Financiero del Consejo General de Economistas.
Aunque los precios de la energía pueden remitir (el petróleo ya lo hace), sin embargo, la apreciación del dólar respecto al euro se encarga de diluir sus efectos, a la vez que encarece las exportaciones españolas fuera de la zona euro.
Teniendo en cuenta las incertidumbres descritas a las que se enfrenta la economía mundial, en general, y la española, en particular, consideran desde el Observatorio que el crecimiento del cuarto trimestre se va a ralentizar; por ello, rebajan su previsión del 5% al 4,7% para 2021 y del 6% al 5,6% para 2022. Bien es verdad que se espera que sea en 2022 cuando se apliquen los fondos europeos recibidos (19.000 millones de euros correspondientes a 2021, más los 27.000 millones de euros para 2022) y se incremente la inversión. Países como Francia e Italia ya están aplicando las ayudas recibidas, por lo que presumiblemente tendrá un efecto positivo en su crecimiento de este año. En el caso de Italia, país con una sectorización muy parecida a la de España, se está evidenciando un crecimiento de la inversión muy superior al español derivado de la puesta en marcha de las ayudas.
Como se ha indicado, las medidas de contención de la nueva variante del virus, así como el incremento de los precios, está teniendo efectos en el turismo, el ocio y en el comercio, lo que podría llevar a cierta ralentización de la actividad en una época en la que, tradicionalmente, con motivo de la campaña de navidad, suelen concentrarse las contrataciones. Esta ralentización puede influir negativamente en el empleo y, por tanto, incrementar las cifras de paro, a pesar del buen comportamiento que ha tenido a lo largo del año. Por ello, se aumentan en dos décimas la previsión de la tasa de paro hasta el 14,7% a final de este año y al 14,2% en 2022.
La deuda pública en España en el tercer trimestre de 2021 se sitúa en 1.432.301 millones (122,8%), cifra más moderada que en el primer y segundo trimestre del año. Por la contracción del crecimiento, se espera que se sitúe en torno al 122% a finales de año. En cuanto al déficit público, se espera que se sitúe a final de año entre el 8% y 9%.
La reacción de los mercados de capitales a nivel mundial ante esta nueva situación epidemiológica ha sido exagerada, especialmente en la bolsa española, en la que el Ibex 35 se ha dejado más de 400 puntos, un 4,96%. Esto ha sido debido precisamente a la composición del índice, con empresas del sector turístico, del transporte y de bancos, muy sensibles a cualquier riesgo de morosidad. No obstante, se espera una cierta recuperación a final de año, fundamentalmente por el empuje de los valores tecnológicos.
Dada la situación, el gobierno se está anticipando aprobando nuevas medidas, como la extensión hasta el 31 de julio de 2022 de la línea de avales del ICO para autónomos y empresas, y la moratoria concursal, así como otras nuevas medidas que tiene previsto sacar adelante, como el nuevo código de buenas prácticas para promover la refinanciación de los préstamos avalados por el ICO.