El Consejo General de Economistas de España, casa común de los profesionales de la ciencia económica, dedica buena parte de su tiempo a trabajar y hacer propuestas para el progreso económico y social de España, buscando ayudar aportando elementos de reflexión y criterio a la sociedad civil y a los responsables públicos. En este sentido, ante la convocatoria de elecciones generales, todo indica que nos hallamos en un momento crucial para nuestro país, un momento en el que hay que estar a la altura de las circunstancias y de los enormes retos que tenemos a futuro.
El adelanto electoral coincide con el momento en el que, tres años y medio después, se ha vuelto a la casilla de salida en términos macroeconómicos, habiendo recuperado el nivel de PIB real previo a la pandemia. Por ello, desde el Consejo de Economistas creen que es bueno aprovechar el momento para subrayar algunas cuestiones fundamentales en materia de diagnóstico de la situación económica y, a partir de ello, destacar algunos puntos que parecen fundamentales para el futuro Gobierno, sea del color político que sea.
“La legislatura que ahora termina ha estado marcada, como mínimo, por dos hechos de la máxima relevancia. Por un lado, la pandemia ha dejado una profunda huella en nuestra estructura social y económica, con unos costes muy elevados para el tejido productivo que nos han alejado de la senda de la convergencia con la Unión Europea. Pero, por otro lado, en menos de tres años se ha dado un paso de gigante en la construcción europea con la primera emisión de deuda conjunta y la creación del programa Next Generation, del cual España ya ha recibido 37.000 millones de los más de 144.000 millones a los que deberíamos optar en los próximos años”, apunta el informe.
“Una vez puesto en marcha este ambicioso programa, y también superado, aunque con cautelas, lo peor de la crisis inflacionista y la guerra en Ucrania, la vuelta a la normalidad invita a pensar en medidas tanto de corto como de medio y largo plazo para superar los desequilibrios económicos que aparecieron durante la pandemia o fueron agravados por la misma. Éste es, sin lugar a duda, un ejercicio necesario de responsabilidad de los dirigentes de nuestro país, más aún, ostentando España la presidencia de turno del Consejo Europeo”.
El Consejo General de Economistas de España recalca que desde 2007, momento en el que la ratio de deuda pública sobre PIB registró su cota más baja desde el ingreso en la UE (35,8%), hasta el primer trimestre de 2023, el endeudamiento del sector público se ha multiplicado por 3,2 veces en términos nominales y ha aumentado en 77,2 puntos en términos de PIB. En estos últimos años hemos gozado de una situación excepcional, con tipos de interés muy bajos, que hemos aprovechado para financiarnos a largo plazo y a costes reducidos. Sin embargo, ante la amenaza de que la partida de los intereses de la deuda supere el 3,5% del PIB en 2024, parece razonable detener cuanto antes el crecimiento nominal de la misma (y reducir más rápidamente su peso en el PIB) para no generar un efecto “bola de nieve” en el futuro inmediato. Así lo han transmitido recientemente en su Observatorio Financiero y así advierte la AIReF, que pronostica que, de seguir así, se producirá un aumento en la ratio de deuda sobre PIB para 2030.
“No sólo tenemos un problema de deuda acumulada hasta la fecha, sino el riesgo de un ritmo de acumulación aún mayor en los próximos años debido a diferentes macrotendencias. Desde las políticas de mitigación y adaptación al cambio climático a las crecientes necesidades asistenciales por el envejecimiento de la población, pasando por el refuerzo de la seguridad y defensa europeas, sin olvidar el gran capítulo de gasto presente y futuro que son las pensiones públicas, observamos que la presión sobre los presupuestos irá en aumento y, por tanto, es conveniente manejar con prudencia el endeudamiento presente para tener capacidad de actuación en el futuro”, añaden.
Para abordar estos desafíos sobre la sostenibilidad de las cuentas públicas, exponen un hecho clave: la recuperación del Pacto de Estabilidad y Crecimiento, suspendido en los últimos años por motivo de la pandemia. “Así, al tener unas cuentas públicas saneadas y un déficit estructural cercano al 0% se evita una competencia entre el Estado y el sector privado a la hora de captar financiación en los mercados (máxime cuando los tipos de interés seguirán subiendo y la liquidez irá escaseando en los próximos meses), además de acumular un margen de maniobra que es necesario en los momentos de crisis. Por ello, nos parece razonable ser ambiciosos e ir más allá del objetivo de déficit del 3% del PIB para 2024, mediante una revisión tanto de las políticas de gasto como de la fiscalidad, convirtiendo ambas en herramientas que ayuden a la competitividad de las empresas, al ahorro familiar y a la sostenibilidad económica de los servicios públicos esenciales, siempre buscando ensanchar las bases imponibles y la gestión pública competitiva”, subrayan desde el Consejo.
Estabilidad al empleo
Señalan en el informe que los excelentes resultados en términos de empleo, contratación y afiliaciones a la Seguridad Social son la puerta de entrada a nuevas y profundas medidas en el ámbito laboral. A los ciudadanos les preocupa qué ocurre con los salarios y el deterioro de un 10% de la renta real familiar en los últimos cuatro años. Pero también les preocupa la volatilidad de los contratos laborales,las horas trabajadas y su estabilidad en el empleo.
“El próximo Gobierno tiene por delante el reto de explorar iniciativas para dar más estabilidad real al empleo y mejorar la eficiencia del mercado a la hora de casar oferta y demanda para dos segmentos de la población especialmente afectadas: los jóvenes y los mayores de 50 años, que concentran el grueso del desempleo, tal como hemos advertido en diferentes ocasiones desde el Consejo. Al mismo tiempo, es necesario contener los costes laborales vía menores impuestos sobre el factor trabajo”, reiteran.
Enfatizan que: “En el fondo, hablar de estabilidad y progreso salarial es hablar de productividad. Entre los economistas hay un consenso amplio en torno al círculo virtuoso entre formación profesional, adaptación de las titulaciones universitarias a la realidad del mercado, digitalización, reciclaje de los trabajadores y aumentos de la productividad. El Banco de España destacaba especialmente la cuestión de los niveles de formación y adaptación al mercado de trabajo. Para ello es necesaria una mayor y más estrecha colaboración público-privada, aumentar los volúmenes de inversión específica y un marco regulatorio estable. Parece evidente la necesidad de aplicar reformas sobre el marco educativo y una estrategia de modernización de sectores productivos,muchos de ellos abocados a una reconversión económica y laboral”.
Calidad y gasto público
La pandemia y las medidas anticrisis de los últimos tres años han hecho mella en la calidad de los servicios públicos, algo que los ciudadanos perciben y destacan en las encuestas de opinión pública. El Consejo General de Economistas de España cree que elevar los niveles de inversión, sabiendo priorizar el gasto en lo importante con criterios de eficiencia y recuperar la presencialidad y trato directo con el ciudadano por parte de la Administración, son tareas básicas que merecen acuerdos generales de las fuerzas políticas para que sean estables en el tiempo. Asimismo, es necesario priorizar gasto y reorientar la estructura descentralizada de gasto público, teniendo en cuenta que desde 2014 está caducado el sistema de financiación autonómica lo que crea demasiados conflictos institucionales. Ha llegado el momento del acuerdo y del diálogo.
“Está claro que el crecimiento económico es uno de los pilares del progreso social. En este sentido, es necesario enfatizar que para crecer y lograr la convergencia real es una premisa fundamental incrementar, como ya hemos indicado, la productividad, la tasa de actividad y/o el empleo. Todo ello pasa por acometer políticas públicas que valoren a las empresas, así como la importancia de invertir en capital humano, tecnológico, natural e intangible, y salvaguardar e incentivar las políticas de desarrollo sostenible y la seguridad jurídica en los ámbitos que más afectan a los ciudadanos (p. ej. el caso de la vivienda).
El respeto al mérito, sin dejar a nadie atrás, ha de ser un valor esencial de un modelo que asegure y respete la igualdad de oportunidades. A esto debe dedicarle tiempo el próximo gobierno con unas políticas activas de medio y largo plazo que tengan como foco el continuar dibujando un modelo productivo reconocible y fácilmente explicable tanto dentro como fuera de nuestras fronteras. Por último, y dada la importancia que para nuestro país tienen los órganos reguladores y supervisores de los diferentes aspectos económicos, sería conveniente seguir apoyándolos y potenciándolos para que puedan continuar desarrollando adecuadamente su función, como hasta la fecha, función ésta que resulta fundamental en una economía abierta como la nuestra”, reiteran en el informe.
Conscientes de la complejidad de la realidad actual, estas cuestiones que plantean nacen de ciertos consensos existentes en nuestra profesión y que, en los últimos años, el Consejo General de Economistas de España ha planteado en numerosos estudios, notas y colaboraciones con las instituciones públicas y otras entidades privadas. El afán del documento presentado por el Consejo es trasladar a los políticos que se presentan a las elecciones generales la problemática que la ciudadanía vive a diario.
Los economistas trabajan en el día a día con los agentes económicos, lo cual les permite aproximarse muy bien a los problemas e intentar ayudar a encontrar las mejores soluciones. “Deseamos todo el acierto y oportunidad posible al futuro Gobierno”, concluyen.
Por Funds Society, Madrid
