Los analistas de la CEPAL piensan que el impacto del coronavirus podría lastrar el crecimiento económico en Latinoamérica y el Caribe más allá de 2020. El organismo de la ONU advierte que más de un tercio del empleo formal y un cuarto del producto interno bruto (PIB) de la región se generan en sectores fuertemente golpeados por la crisis económica.
Las medidas tomadas por los diferentes países (como la postergación de pagos impositivos y la mejora en el acceso al crédito) suponen que las empresas generarán utilidades con las cuales devolver los créditos y los impuestos y pagos diferidos, pero las perspectivas no indican que eso sucederá por sí solo en un plazo de un par de años, señalan.
Ante esta situación, la CEPAL enfatiza la necesidad de dar una respuesta a gran escala para evitar la destrucción de capacidades productivas. Para ello propone cuatro conjuntos de medidas:
1. Ampliar los plazos y los alcances de las líneas de intervención en materia de liquidez y financiamiento para las empresas.
2. Cofinanciar la nómina salarial de las empresas durante seis meses para evitar la destrucción de capacidades.
3. Realizar transferencias directas a los trabajadores autónomos.
4. Apoyar a las grandes empresas de sectores estratégicos que resulten gravemente afectadas por la crisis.
En particular, la CEPAL promueve la postergación o cancelación de los pagos de impuestos, imposiciones previsionales y contribuciones territoriales, o adelanto de las devoluciones de impuestos por lo menos hasta finales del 2020, así como la suspensión del pago de los servicios básicos (luz, internet y gas) sin pago de multas, hasta finales de 2020. Asimismo, propone la flexibilización de las condiciones de crédito aumentando los períodos de gracia a por lo menos un año y los plazos a cinco años o más, junto con reforzar las operaciones de crédito mediante la banca de desarrollo.
La cofinanciación de la nómina salarial se daría en diferentes proporciones según el tamaño de la empresa, desde 30% a las grandes hasta 80% a las microempresas. Se estima que esta medida tendría un costo equivalente a 2,7% del PIB regional. Por su parte, las contribuciones en efectivo a 15 millones de trabajadores costarían 0,8% del PIB.
Asimismo, la Comisión resalta que es necesario tener en cuenta el rol importante que juegan las grandes empresas ya que proveen el 39% del empleo formal y más del 90% de las exportaciones. Entre las medidas para la reactivación, la CEPAL incluye, además del cofinanciamiento a la nómina y las mejores condiciones de acceso al crédito, la posibilidad de que el Estado participe en la recapitalización de grandes empresas de sectores estratégicos. En este ámbito, también es relevante aumentar la eficiencia, transparencia y regulación de los mercados de capitales.
Estas propuestas complementan a las ya anunciadas anteriormente por la CEPAL: la entrega de un ingreso básico de emergencia (BEI) equivalente al valor de una línea regional de pobreza por seis meses a toda la población de América Latina y el Caribe en situación de pobreza, y la provisión de un bono contra el hambre equivalente al 70% de la línea de pobreza extrema regional
El ingreso básico de emergencia (BEI), el bono contra el hambre y los apoyos a las empresas y el empleo son un conjunto articulado de medidas. El BEI y el bono contra el hambre buscan proteger a los sectores vulnerables y reducen la caída de la demanda con los consiguientes menores impactos negativos en las empresas y el empleo. Por su parte, las medidas de apoyo a las empresas permiten salvar empleos, lo que evita el aumento de la pobreza y la pobreza extrema, reduciendo así el costo de las medidas de alcance social.
Según un informe elaborado por la institución, la crisis generará cambios al interior de las empresas y en la organización de las cadenas productivas. Las nuevas tecnologías serán clave en el modelo de funcionamiento de las empresas.
La CEPAL remarca que las cadenas productivas experimentarían una profunda reorganización. Las grandes empresas buscarán aumentar la resiliencia en las redes de producción diversificando proveedores en términos de países y empresas para reducir su vulnerabilidad, privilegiando proveedores más cercanos (nearshoring) y relocalizando procesos productivos y tecnológicos estratégicos (reshoring). Asimismo, la ruptura de redes internacionales de proveedores genera oportunidades para el desarrollo de capacidades nacionales y regionales, indica el informe.
Por Fórmate a Fondo
