El error generalizado sobre la atención que prestan las empresas japonesas a los factores ESG puede deberse, en parte, a su menor divulgación de información detallada relacionada con el clima. Según explica Tomohiro Ikawa, experto de Fidelity International, más de la mitad de las empresas públicas japonesas de más de 1.000 millones de dólares no revelan las emisiones de carbono, en comparación con menos del 30% de las europeas. El motivo es, en parte, cultural. Las empresas japonesas (al igual que los ciudadanos japoneses) son menos proclives a revelar públicamente sus buenas acciones por si se considera que son jactanciosas.
Según relata el experto, en sus encuentros con empresas japonesas ha podido ver cómo ha evolucionado su actitud frente al cambio climático en los últimos años. “A menudo me preguntan qué deben revelar durante las reuniones de compromiso. Debajo de la superficie, muchas empresas se toman el asunto tan en serio, o más, que las empresas de otros países”, aclara.
Por ejemplo, Japón tiene ahora el mayor número de partidarios del Grupo de Trabajo sobre Divulgación de Información Financiera Relacionada con el Clima (TCFD) y de empresas con calificación A del Proyecto de Divulgación de Carbono del mundo. “Por lo tanto, esperamos una mayor divulgación de los planes de estos partidarios para hacer frente al cambio climático en el futuro”, prevé.
El Fondo de Inversión de Pensiones del Gobierno de Japón también informa de que las empresas japonesas tienen los conocimientos tecnológicos necesarios que les permitirían abordar el cambio climático con mayor facilidad que sus homólogas internacionales, basándose en el análisis de las patentes que poseen. “Si esto se despliega y mejora la divulgación, los esfuerzos de las empresas japonesas relacionados con el clima podrían ser más reconocidos, lo que llevaría a una mayor puntuación en materia de ASG y a un mayor capital de los inversores”, vaticina Ikawa.
Mejora de la gobernanza
La gobernanza en Japón también ha cambiado. El código de Gobierno Corporativo de Japón, un enfoque basado en principios de «cumplir o explicar» introducido por primera vez en 2015, ha transformado el panorama empresarial. Según relata Ikawa, el hecho de tener unos principios (en lugar de unas normas) que seguir ha fomentado el diálogo entre las empresas y los inversores, y ha permitido una interacción más constructiva. “De hecho, he observado que, en la última década, la forma en que las empresas japonesas tratan de vender sus perspectivas a los inversores se ha vuelto cada vez más similar a la forma en que operaban las empresas estadounidenses que yo cubría en los años noventa”, resalta.
“Con las nuevas reformas de la gobernanza que se están llevando a cabo, como la reforma de la estructura del mercado de la Bolsa de Tokio y la revisión del índice TOPIX, espero que el entorno de las empresas japonesas sea cada vez más favorable a una mejor relación con los accionistas”, añade.
Persisten los problemas de género
Mientras que las consideraciones medioambientales y de gobernanza han ascendido en la agenda corporativa, las empresas japonesas siguen estando a la cola de sus pares en materia de diversidad de género. En 2018, tal y como relata Ikawa, las mujeres japonesas solo ocupaban el 15% de los puestos directivos, lo que es significativamente inferior al 41% de Estados Unidos y al 36% del Reino Unido. La brecha salarial de género, que puede considerarse un resultado de las desigualdades de género generalizadas en el Japón empresarial, es la segunda por la cola después de Corea del Sur entre los 37 países miembros de la OCDE.
“Una brecha tan grande es un problema para la sociedad en su conjunto, no sólo para las empresas individuales, y el gobierno japonés ha puesto en marcha políticas para solucionarlo. La participación de la mujer en la fuerza de trabajo fue fundamental en la estrategia de crecimiento del ex primer ministro Abe, conocida como Abenomics. Bajo su administración, la tasa de empleo femenino aumentó 11 puntos porcentuales en diez años. La tasa supera ahora el 70%, un nivel comparable al de Europa y Estados Unidos”, relata el experto de Fidelity International.
Sin embargo, según explica Ikawa, en virtud de la Ley de Promoción de la Participación y el Avance de la Mujer en el Trabajo, enmendada en 2020, más de 17.000 empresas han publicado planes de acción para la participación y el avance de la mujer. Keidanren, el grupo de presión empresarial más poderoso del país aspira a que el 30% o más de los puestos ejecutivos estén ocupados por mujeres en 2030. Se espera que estos esfuerzos público-privados se aceleren en el futuro.
Impulsar el mercado del capital humano
El uso de recursos humanos a mitad de carrera es también un tema importante cuando se habla de diversidad. En Japón, los empleados suelen permanecer en las empresas durante toda su vida. Aunque el empleo de por vida tiene ventajas, como los sentimientos de seguridad y lealtad, el experto alerta de que también conduce a una menor competencia por los recursos humanos, a una menor inversión en los empleados y, en última instancia, a una lenta productividad laboral.
La productividad laboral de Japón en 2019 ocupó el puesto 21 de los 37 países miembros de la OCDE, pero se ha mantenido constantemente cerca del puesto 20 desde al menos 1970. Sin embargo, para Ikawa, los cambios en los patrones de trabajo provocados por el COVID-19 pueden resultar un punto de inflexión histórico.
“La expansión del «empleo basado en el trabajo» (es decir, valorar a los empleados por lo que pueden hacer, en lugar de por la duración de su empleo) y las menores restricciones sobre dónde y cuándo trabajar harán que ahora sea más fácil cambiar de trabajo. Esto debería revitalizar el mercado laboral japonés. En consecuencia, se espera que las empresas inviertan más en recursos humanos para retener y atraer a empleados con talento”, prevé.
“La diversidad de pensamiento, así como de formación, se está convirtiendo en algo tan importante para las empresas japonesas a la hora de tomar buenas decisiones como lo es para las de otros países. Sin ella, las empresas pueden tener dificultades para afrontar los extraordinarios retos que plantean fuerzas globales como la pandemia del COVID-19 y el cambio climático”.