El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, anunció que enviará al Congreso una reforma que buscará profundizar cambios en el sistema previsional.
En 2020 el sistema de pensiones mexicano impulsó su primera reforma de gran calado en 23 años por iniciativa de López Obrador. Ese primer texto modificó los montos por aportación vigentes desde que iniciara el sistema de cuentas individuales, en julio de 1997.
Pese a que la reforma se realizó en la presente administración, el presidente la asume como insuficiente y por esa razón enviará antes de octubre, cuando termina su mandato, la reforma para que apruebe el Congreso.
La esencia de lo que el presidente calificó como «una reforma profunda», consiste en que los trabajadores perciban como pensión el 100% del salario que tenían al momento de jubilarse.
Sin embargo, un cambio constitucional es poco viable debido a que el oficialismo carece de votos suficientes en el Congreso para lograrlo. A fines de 2020, el partido gobernante, Morena, y sus aliados aprobaron una reforma legislativa menos ambiciosa para el sector, que redujo el número de semanas cotizadas e incrementó la aportación a la cuenta de retiro de los trabajadores por parte de los empresarios. Sin embargo, la coalición perdió la mayoría calificada en las elecciones intermedias de 2021.
Actualmente, el ahorro para el retiro de aproximadamente 73,9 millones de mexicanos asciende a 5,8 billones de pesos, según datos de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (Consar). Esos recursos son administradoras por las diez Afore que operan en el mercado, mismas que cobran una comisión anual.
La reforma de 2020 busca impulsar las pensiones a partir de 2023 y en un horizonte de siete años con el aumento de las aportaciones de 6,5% a 15% del sueldo de los trabajadores, mismo que recayó principalmente en el sector empresarial. Estas aportaciones son tripartitas (gobierno, trabajadores y patrones) y se calcula que hacia el año 2030 la tasa de reemplazo llegue al 80% del salario percibido al momento de la jubilación, desde un previo de 45%.
Sin embargo, el mandatario mexicano ha sorprendido con el calificativo de «reforma insuficiente» al asegurar también que, de no hacerlo, «las repercusiones más drásticas se sentirán a partir del próximo sexenio». Se calcula que, a partir del año 2025, millones de mexicanos de la generación de la transición empiecen a jubilarse, pero con tasas de reemplazo que el mandatario calificó como «insuficientes».
«Lo que yo quiero es que el que se jubile reciba una pensión digna, lo mismo que recibe cuando decide jubilarse», dijo López Obrador. Sin embargo, la oposición en el Congreso calificó las declaraciones del presidente como «oportunistas y electoreras», de cara a las elecciones de junio próximo cuando se elegirá a su sustituto.
Por su parte, a pesar de que, en un inicio, el presidente de la Asociación Mexicana de Administradora de Fondos para el Retiro (Amafore), Guillermo Zamarripa, declinó hacer comentarios sobre las declaraciones del presidente, posteriormente en entrevista radiofónica señaló que el mandatario mandó un mensaje claro de que quiere mejorar el sistema de pensiones y no va por las Afores.
«Con lo dicho hoy por el presidente López Obrador se disipa esta idea de que van por el dinero de las pensiones, fue muy claro en decir que no. Él pone énfasis en las tasas de reemplazos, para que éstas sean mejoren», aseguró el representante del sector privado.
Otras fuentes cercanas de la Amafore y de la Consar siguen sorprendidas por las declaraciones y aseguran que, hasta el momento, no conocen detalles del plan de reforma al sistema de pensiones mexicano.
El gobierno asumiría costo inicial
En la mañana de este miércoles, el presidente López Obrador ha señalado que el gobierno federal podría asumir el costo inicial que implicaría la reforma que pretende impulsar en las pensiones de los trabajadores, para que aporte parte de los recursos requeridos y no sea mayor carga para el sector empresarial, aunque no proporcionó detalles específicos.
El mandatario señaló que «es viable en virtud de la política fiscal, que puso fin a los privilegios de algunos sectores que encontraron la vía de no pagar impuestos, lo que ha permitido que en este sexenio la recaudación pasara de 3 billones de pesos anuales a 4,5 billones de pesos sin aumentar gravámenes, con las mismas tasas».