El presidente de la Cámara Baja, Eduardo Cunha, anunció que ha decidido abrir el procedimiento para un juicio político contra la presidente de Brasil, Dilma Rousseff, según informa Reuters.
Rousseff, que fue reelegida en octubre de 2014, ha estado inmersa en una profunda crisis política y económica en lo que lleva de su segundo mandato. Aunque la presidenta no está bajo investigación por el enorme escándalo de sobornos y precios fijados en la petrolera Petrobras, la mayor parte del caso de corrupción ocurrió cuando ella era presidenta del directorio y sus opositores dicen que debería ser la responsable. Las continuas revelaciones de diputados, banqueros, y empresarios implicados en la trama, no han hecho sino agravar la crisis política del país. Finalmente, las supuestas irregularidades fiscales cometidas para ajustar las cuentas de su gobierno en 2015, han sido utilizadas para iniciar la destitución de la mandataria.
El propio Eduardo Cunha, diputado del Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB) aliado al Partido de los Trabajadores (PT) de Rousseff, está bajo investigación por corrupción y por tener cuentas en el exterior. A su vez, Cunha tiene pendiente un proceso parlamentario iniciado por el Comité de Ética del gobierno para decidir si se le destituye del cargo, lo que podría conducir a su expulsión antes de que pueda concluir el proceso del juicio político.
No está claro cuál puede ser el resultado de la votación. Se trata de un proceso largo que sería iniciado en el 2016, pero podría generar más incertidumbre política, complicando los esfuerzos por conseguir una consolidación fiscal y medidas de austeridad.
Poco después de conocerse que se iniciaba el “impeachment”, el Banco Central de Brasil señalaba que está listo para aumentar los costes de endeudamiento a principios del año próximo, ya que las incertidumbres políticas y económicas amenazan con mantener la inflación por encima de su objetivo durante más tiempo de lo previsto inicialmente. Según el acta de su última reunión, el comité monetario adoptará las medidas necesarias para asegurar que la inflación “va a ser lo más próxima posible al 4,5% en 2016” y “converge hacia la meta de inflación de 4,5% en 2017”.