La inversión responsable ha experimentado un sólido crecimiento en los cinco últimos años. No obstante, la trayectoria se ha revelado mucho más acelerada en los seis últimos meses. Según Google Analytics, las búsquedas mundiales sobre “ASG” (factores ambientales, sociales y de gobierno corporativo) alcanzaron su nivel máximo en marzo de 2021.
Este crecimiento, según apuntan Ingrid Edmund, gestora de carteras sénior en inversiones en infraestructuras, y Benjamin Kelly, analista sénior en investigación mundial en Columbia Threadneedle, también resulta evidente en las transcripciones de eventos corporativos, en lo que respecta al creciente uso de la temática ASG. Uno de los principales catalizadores de este impresionante crecimiento ha sido el robusto apoyo político, especialmente en Europa. El compromiso europeo con el desarrollo de la infraestructura ecológica es cuando menos ambicioso.
La Unión Europea fue una de las primeras regiones en establecer un objetivo de neutralidad de carbono (de aquí a 2050) y se sitúa a la cabeza en cuanto a la publicación de planes de inversión para facilitar la transición a una economía verde.
Algunos observadores estiman que, para lograr los objetivos marcados por la UE, será necesario un gasto en infraestructura de 7 billones de euros en los 30 próximos años, de los cuales alrededor de 3 billones de euros procederán de fuentes privadas.
Aunque el horizonte de 2050 puede parecer distante, la UE no tiene previsto comenzar su transición de manera pausada. El Pacto Verde, que representa la piedra angular del proceso de transición del Viejo Continente a un futuro de bajas emisiones de carbono, pretende lograr una reducción del 50%-55% de las emisiones de carbono de aquí a 2030 con respecto a los niveles de 1990.
Esto no solo se conseguirá a través de nuevos proyectos: la recuperación de zonas industriales abandonadas y degradadas ofrecerá un apoyo fundamental a la inversión sostenible.
El insaciable apetito europeo por las inversiones en infraestructura ecológica se traducirá inevitablemente en significativas oportunidades de inversión. En vista de los objetivos del Pacto Verde, el déficit de inversión ronda los 470.000 millones de euros al año hasta 2030.
Para colmar esta laguna se necesitarán importantes inyecciones de capital privado que complementen el gasto público y los incentivos gubernamentales, lo que generará enormes oportunidades de inversión a lo largo de varios años.
Además de las ventajas ambientales, la inversión en infraestructura ecológica también puede proporcionar ventajas económicas mediante el estímulo de la actividad económica: según un artículo reciente del FMI, cada dólar destinado a actividades de emisiones netas cero genera más de un dólar de actividad económica; además, este positivo efecto multiplicador persiste cuatro años como mínimo y el impacto en la actividad económica es entre dos y siete veces mayor que el impacto asociado a medidas perjudiciales para el medioambiente.
Políticas que impulsan la transformación
Europa pisa el acelerador para estimular la recuperación económica tras la COVID-19, al tiempo que refuerza sus planes de inversión en infraestructura ecológica.
Al Pacto Verde se une el Plan de recuperación de la UE, que sitúa la transición climática en el centro de su hoja de ruta para la recuperación y el crecimiento de la economía y tiene como objetivo crear los puestos de trabajo del futuro, así como tener un impacto climático y de sostenibilidad positivo a través de medidas como la reducción de las emisiones, el aumento de la autosuficiencia energética y disminución de las facturas.
Para respaldar el programa del Pacto Verde, la UE pretendía inicialmente movilizar al menos 1 billón de euros en inversiones públicas y privadas de aquí a 2030; ahora bien, esta cifra se ha visto impulsada por el paquete de estímulos diseñado para abordar el impacto económico de la COVID-19. Se prevé que los estímulos adicionales del Plan de recuperación de la UE para el periodo 2021-2027 asciendan en total a 1,85 billones de euros aproximadamente, de los cuales alrededor de una cuarta parte podría destinarse a inversiones relacionadas con la transición climática.
Por otro lado, en el marco del Pacto Verde, se ha acordado un Fondo de Transición Justa con una dotación de 17.500 millones de euros para atenuar las consecuencias económicas y laborales de la transición climática europea. La Taxonomía Verde de la UE ayudará a impulsar las inversiones privadas en la infraestructura ecológica. Este ambicioso intento de clasificar las actividades económicas en función de su sostenibilidad pretende influir en las modalidades de asignación del capital privado, lo que se persigue junto con el marco menos prescriptivo de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas (ODS).
A escala global, el esfuerzo por lograr los ODS podría crear oportunidades valoradas en más de 12.000 millones de dólares en cuatro ámbitos clave del mercado: salud y bienestar, ciudades, energía y materiales, y alimentación y agricultura.
Cuatro temas de inversión principales
En el ámbito específico de las infraestructuras europeas, los cuatro temas de inversión más destacados representan elementos centrales del programa del Pacto Verde.
1. Energías renovables
El plan aboga por duplicar la generación de electricidad a partir de fuentes renovables de aquí a 2030 con el fin de cumplir sus objetivos de reducción de emisiones. Para las compañías de servicios públicos, esto supone un aumento considerable de las actuales tasas de inversión en capacidad renovable y red eléctrica. Según el estudio realizado por la consultora AT Kearney, la inversión anual en energía renovable en Europa se incrementará de los 60.000 millones de euros en 2020 hasta los 90.000 millones de euros en 2022. De aquí a 2030, la inversión total en capacidad eólica y solar en Europa ascenderá como mínimo a 650.000 millones de euros y podría alcanzar 1 billón de euros.
Esto debería impulsar notablemente las valoraciones de los servicios públicos en Europa, especialmente si tenemos en cuenta el enorme aumento de la demanda que se derivará de la sustitución de los combustibles fósiles por electricidad en el sector del transporte. Otra consecuencia será el incremento de los beneficios de los fabricantes de equipos, como en el caso de la firma danesa especializada en aerogeneradores Vestas, que anunció una rentabilidad del capital empleado cercana al 20% el año pasado
2. Movilidad ecológica
La transición a la energía eléctrica para el transporte constituye un elemento central del Pacto Verde, el cual establece que, de aquí a 2030, al menos 30 millones de vehículos de emisión cero circularán por las carreteras europeas, que se duplicará el tráfico de trenes de alta velocidad en todo el territorio europeo y que los desplazamientos colectivos programados inferiores a 500 km deben ser neutros en carbono.
En el caso de algunas compañías, estos objetivos presentan oportunidades inmediatas para generar rentabilidades atractivas. Los fabricantes de equipos ferroviarios se hallan bien posicionados para beneficiarse del Pacto Verde, aunque una transición acelerada a los vehículos eléctricos planteará importantes desafíos para los fabricantes de coches que necesitan desarrollar nuevos vehículos y garantizar una capacidad suficiente de la batería.
3. El hidrógeno como futura fuente de energía
Existe un creciente interés por el hidrógeno como fuente de energía limpia, aunque todavía resulta caro con respecto a otras fuentes. El coste del denominado “hidrógeno verde” (que se produce a través de la electrólisis del agua utilizando energía eléctrica renovable) ha disminuido gracias al drástico abaratamiento de la energía renovable, aunque sigue siendo siete veces más caro que los combustibles fósiles.
El almacenamiento y el transporte del hidrógeno también resultan complicados. No obstante, el hidrógeno presenta un importante potencial en segmentos donde la electrificación no es viable, como la industria pesada, los camiones, el transporte marítimo y el almacenamiento de energía estacional; asimismo, la UE pretende aumentar la cuota de hidrógeno en la combinación energética de la región desde menos del 2% actual hasta el 13%-14% de aquí a 2050.
Para materializar ese potencial, será necesario un importante apoyo político a efectos de alentar la inversión. La Comisión Europea estima que el precio del carbono del Régimen de Comercio de Derechos de Emisión de la UE tendrá que aumentar desde alrededor de los 30 euros actuales hasta los 55-90 euros por tonelada.
Entre los proyectos que se están poniendo en marcha cabe mencionar la construcción por parte de la compañía de energía renovable Ørsted de una planta de hidrógeno verde de 1 GW en el mar del Norte de los Países Bajos, que debería estar operativa antes de 203016, así como el proyecto “HyNet North West” del proveedor de gas británico Cadent, que ha recibido fondos por valor de 72 millones de GBP, procedentes en parte del Gobierno del Reino Unido, para financiar un proyecto de captura y almacenamiento de carbono y producción de hidrógeno. Se espera que los recientes fondos inyectados aceleren la evolución del proyecto hasta la “decisión final sobre inversión” antes de 2023, lo que permitiría que la fase inicial entre en funcionamiento antes de 2025.
4. Parque de viviendas
Se considera que alrededor de tres cuartas partes de los 220 millones de edificios en la UE son ineficientes desde un punto de vista energético. El plan de recuperación COVID-19 de la UE destinará considerables fondos a la renovación de los edificios, a los que se atribuye un 36% de las emisiones de gases de efecto invernadero de la UE y un 40% del consumo energético. En concreto, el plan aboga por una reducción del 60% de las emisiones de gases de efecto invernadero procedentes de los edificios de aquí a 2030 y una disminución del 18% del consumo energético para calefacción y refrigeración. Para lograr estos objetivos clave, se pretende duplicar la tasa de renovación de los edificios hasta el 2% en los diez próximos años, lo que exigirá una inversión de 275.000 millones de euros al año. Las normas de eficiencia energética también se endurecerán.
Estos temas concuerdan con las oportunidades que estamos detectando en el universo de las infraestructuras; en concreto, en los 12 últimos meses, cabe destacar los temas ligados a los métodos de descarbonización, como la captura de carbono, y a las soluciones de descarbonización (tanto en zonas industriales abandonadas y degradadas como en terrenos vírgenes), especialmente el hidrógeno y la compensación de carbono.
Por lo tanto, el favorable entorno político está ofreciendo oportunidades orientadas a la sostenibilidad en el segmento de pequeña y mediana capitalización.
¡No olvidemos los asuntos sociales!
Esta rápida evolución hacia la neutralidad del carbono podría provocar la exclusión de algunas personas: aquellas que no tienen la oportunidad de adquirir nuevas competencias para trabajar en los sectores de bajas emisiones de carbono o aquellas que no pueden acceder a las ventajas del nuevo sistema energético.
La Plataforma de Transición Justa reconoce las consecuencias sociales que implica la neutralidad de carbono, desde el empleo y la formación hasta el trabajo con comunidades, y tiene como finalidad garantizar que nadie se quede atrás.
Para Columbia Threadneedle resulta primordial colaborar con las compañías incluidas en la cartera, presentes y futuras, con el fin de asegurarse de que crean una transición justa para los empleados; asimismo, incorporan en sus planes empresariales estrategias que garantizan unos resultados sociales positivos.
De cara al futuro, el impulso europeo hacia una economía verde aportará un nuevo abanico de oportunidades de inversión en infraestructuras. En efecto, los responsables políticos europeos son conscientes de que no pueden lograr sus objetivos de neutralidad climática sin el apoyo de las inversiones privadas. Dada el ambicioso calendario del Pacto Verde durante los diez próximos años, ahora es el momento de explorar los principales temas de inversión.
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Por Meritxell Sedo