En Argentina no hay una sola deuda ni una sola reestructuración: existen distintos tipos de acreedores, monedas, legislaciones, entre otros. Las actuales negociaciones para la reestructuración determinarán el curso de la economía argentina de los próximos años, por lo que Ecolatina ofrece un análisis de las diversas estrategias de cada frente.
Hacia el cierre del 2019, la deuda pública argebtina total rondaba 320.000 millones de dólares, de los cuales “solo” un 60% era relevante: el 40% restante (128.000 millones de dólares) estaba en poder de otros organismos del sector público, de modo que su refinanciamiento puede descontarse.
Dejando de lado la deuda intra sector público, 70.000 millones de dólares se ubican en manos de Organismos Financieros Internacionales, donde más de la mitad se explica por los 45.000 millones de dólares desembolsados por el FMI. Cabe destacar que estos pasivos deberán devolverse en tres años a partir entre el segundo semestre de 2021, de modo que la mayor parte de su vencimiento quedará dentro del plazo del actual gobierno, pero en la segunda mitad del mandato. Por lo tanto, no es una urgencia tan apremiante. A contramano, este año vencen acreencias por 40.000 millones de dólares en manos del sector privado, a quien se le debe cerca de 120.000 millones de dólares en total.
Tal como se desprende de las sucesivas declaraciones y propuestas, sobre esta porción versará la reestructuración inmediata. En primer lugar, vale destacar que la falta de información sobre quiénes son los acreedores dificulta la negociación: en la última semana se solicitó desde el ministerio de Economía que los tenedores de bonos y letras “se identificaran” para así poder comenzar las negociaciones -y hacer llegar las propuestas-. Por lo tanto, la estrategia según acreedores está en una etapa inicial: conversar con el FMI y elaborar un diagnóstico de quiénes son los tenedores privados.
En el caso del organismo multilateral, las conversaciones parecieran avanzadas o al menos en mejor sintonía. Por caso, el presidente afirmó en la apertura de sesiones que el FMI apoyaba nuestra postura respecto de que la deuda era insostenible y desde la entidad sostuvieron que un mayor ajuste fiscal no era viable económica ni políticamente, ubicándose en línea con lo propuesto desde el poder ejecutivo.
A contramano, con los acreedores privados la negociación viene más tensa. El fallido canje del bono AF20 en pesos y los agresivos comunicados del ministerio de Economía reflejan que la reestructuración en este frente es más compleja. En la última semana, la adhesión de dos tercios de los tenedores al canje del A2M2 luego de la oferta de paridades más atractivas, además del pago completo a quienes no ingresaron -dejando de lado el tono amenazante del comunicado- reflejan el intento de ambas partes por mejorar una relación complicada.
Dentro de la deuda con privados, hay otra particularidad: cerca de 25.000 millones de dólares de compromisos fueron emitidos en moneda local y 95.000 millones de dólares en divisas. Los primeros tienen un menor riesgo de default que los segundos, pero este no es nulo. Esto responde a que el Banco Central podría, en última instancia, emitir pesos si el Tesoro así le pidiera y además a que defaultearlos generaría problemas inmediatos dentro del sistema productivo local: muchas empresas argentinas poseen estos activos, de modo que un incumplimiento tensaría aún más la alicaída cadena de pagos.
Por su parte, la situación de la deuda en moneda extranjera es más compleja: no alcanza con querer pagar, hace falta poder hacerlo. En este sentido, las Reservas Internacionales más el prácticamente nulo superávit de cuenta corriente de 2020 no alcanzarán para enfrentar los vencimientos de este año. En consecuencia, sin financiamiento en divisas habrá que reestructurar, de lo contrario, caeremos en default.
Por último, resta analizar las legislaciones. Aquí también hay una diferencia sustancial: no es lo mismo reperfilar un pasivo emitido bajo la Ley local que hacerlo bajo Ley extranjera. Mientras que en el primer caso el Congreso y la justicia argentina serían el “escollo”, en el segundo lo serán cortes internacionales. Tomando como referencia la experiencia de holdouts y el juez Thomas Griesa, la diferencia no es menor.
Ahora bien, una reestructuración forzosa de los títulos en Ley local no será gratuita. Por un lado, porque muchos acreedores poseen distintos bonos, de modo que podrían bloquear la negociación bajo Ley extranjera si no están de acuerdo con lo realizado en Ley local. Por otro, porque si una resolución de facto en esta porción de la deuda nos bloquearía la posibilidad de volver a emitir pasivos bajo nuestra jurisdicción en el largo plazo. Aunque esto puede parecer lejano hoy, no será indistinto en el mediano plazo.
Dicho esto, vale la pena recordar que los bonos actuales cuentan con Cláusulas de Acción Colectiva (CACs): para poder reestructurar, es necesario acordar con un determinado porcentaje de los tenedores, que varía desde el 66% al 85% según el prospecto de cada bono, y ese acuerdo se extendería a todos los acreedores. Por lo tanto, es más difícil que una porción acotada de acreedores bloquee el proceso o decida no entrar para luego litigar en cortes internacionales.
Antes de concluir, vale resaltar que los bonos emitidos bajo Ley Nueva York en manos del sector privado acumulan cerca de 40.000 millones de dólares. Asimismo, hay casi 25.000 millones de dólares en poder del sector público. Si bien cada bono es un caso particular, un promedio ponderado de las colocaciones marca que con un 75% de adhesión se podría reestructurar los pasivos. Dado que los bonos en manos del sector público adherirán automáticamente a las propuestas que se realicen desde el Palacio de Hacienda, será necesario alcanzar aprobaciones del sector privado por casi 24.000 millones de dólares, es decir, un 60% de los tenedores. Aunque no será nada fácil, es un número más cercano que el inicial (75%).
De este repaso se desprende que, aunque haya un solo deudor, el Estado Nacional, existe un espectro de pasivos, y, por lo tanto, de estrategias y acuerdos a los cuales arribar. En consecuencia, la reestructuración no será una sola: habrá varias etapas.
Por Magdalena Martínez