Argentina planea vender unos 8.000 millones de dólares en bonos que paguen un interés muy bajo o nulo como una de las opciones disponibles para los evasores fiscales que buscan repatriar el dinero depositado en el extranjero.
Argentina ofrecerá cerca de 3.000 millones de dólares en bonos a tres años que no paguen interés y unos 5.000 millones de dólares en bonos con vencimiento en 2023, que paguen un 1% de rendimiento, a los evasores fiscales con activos no declarados fuera del país, según el boletín oficial del país. Este rendimiento se puede comparar con la tasa de 6,3% que pagan los bonos internacionales de Argentina con vencimiento en 2026.
Los ciudadanos argentinos que quieran declarar sus fortunas en el extranjero pueden elegir también la opción de pagar impuestos y multas por el efectivo depositado en el exterior. El gobierno puede incrementar la emisión de los bonos a tres años si estos llegaran a recibir un exceso de solicitudes, pero no reabrirán un nuevo tramo de emisión para los bonos a siete años.
Los títulos serán vendidos directamente a los individuos a través de la agencia fiscal del país. Los bonos a tres años no pueden ser vendidos en el mercado secundario, mientras que los bonos a siete años no podrán cotizar en el mercado secundario antes de 2020. Estas normas pretenden eliminar el riesgo de que la nueva deuda inunde el mercado de obligaciones argentinas.
No se trata de una emisión de bonos tradicional, sino de un mecanismo para recibir ingresos fiscales. En el largo plazo, si más personas se unen al plan de amnistía, los tenedores de bonos se beneficiarán, ya que se incrementará la base fiscal del país y el país tendrá más recursos fiscales.
El gobierno del presidente Mauricio Macri comenzó su programa de amnistía fiscal para persuadir a los argentinos que han escondido cerca de 500.000 millones en el extranjero sin declarar ni pagar impuestos por ello. En unas declaraciones realizadas en julio, el presidente Macri comentaba que, si cerca de 25.000 a 30.000 millones de dólares fueran declarados, el gobierno no tendría necesidad de emitir deuda internacional.
El monto pendiente de declarar podría ser mayor, los analistas de BNP Paribas estiman que unos 40.000 millones serán reportados y que hay potencial para que la cifra alcance los 60.000 millones. La opción del bono a siete años es probablemente la que más interés despierte dentro de las opciones de repatriación de fondos, ya que la normativa permite a los evasores de impuestos gastar un tercio del dinero que entra en el país desde el extranjero en bonos y mantener el resto para el uso que el propietario desee darle.
El gobierno se ha comprometido a utilizar 5.000 millones de la recaudación de la amnistía en resolver casos de deudas de la administración con pensionistas.
