Un grupo de tenedores del bono Venezuela por 1.500 millones de dólares y vencimiento en 2034 ha iniciado el costoso camino para reclamar el impago de su inversión, una acción audaz que podría generar un efecto cascada.
El grupo conformado por cinco fondos de inversión, que juntos poseen unos 380 millones de dólares del bono, presentó la notificación ante el Bank of New York Mellon el 6 de diciembre, dijo Mark Stancil, de la firma de abogados Robbins Russell que los asesora, según informó la agencia Reuters.
El contrato del bono permite que un 25% de los inversores tenga derecho a acelerar el reclamo del impago, en este caso por valor de 140 millones de dólares. El 2034 venezolano tiene, sin embargo, uno de los umbrales de CAC más altos dentro de la deuda venezolana (el 85%), lo cual complica un eventual acuerdo sobre el cambio de los términos de la emisión.
Nelson Rangel, chief investment officer en Raven Capital, con experiencia en operaciones de reestructuración de deuda en América Latina, señala que “esun hecho notable desde el punto de vista de que hay acreedores que ya están dispuestos a correr con los gastos legales que implica la aceleración de sus acreencias, tomando en cuenta que no hay un cambio politico en Venezuela y que las sanciones de EE.UU. sobre la deuda venezolana aun están vigentes”.
Los bonos de venezuela representan 60.000 millones de dólares, sobre los cuales Venezuela viene incurriendo en un default selectivo para proteger los intereses de la estatal petrolera PDVSA.
“No me parece un hecho importate desde el punto de vista de la porcion de bonos del total de stock que controlan estos acreedores, los grandes grupos de acreedores siguen observando desde la barrera. Esto ultimo por que quieren ahorrarse incurrir en esos costos legales hasta estar más seguros de que sus acciones en las cortes (el siguiente paso luego de acelerar) tendrán frutos en periodos razonables de tiempo y ese no es el caso con el tablero politico actual y con las sanciones vigentes”, añade Rangel.
La principal incógnita ahora es si la demanda de estos inversores terminarán por acelerar el proceso de negociación con los grandes jugadores de la renta fija venezolana, provocando una cascada de juicios.
