Álvaro Navarro, analista de renta variable en Mirabaud Research España, ha valorado las implicaciones para el sector eléctrico español del plan de choque presentado por el Ejecutivo para mitigar las subidas del precio de la electricidad y del gas mediante un nuevo Real Decreto-ley.
Desde el mes de julio el precio medio del pool eléctrico español se ha disparado hasta alcanzar los 170€/MWh, máximos históricos y más que triplicando la media de la última década. Ante esta situación, el Gobierno ha anunciado varias medidas para mitigar el impacto sobre la factura eléctrica así como evitar fuertes subidas en la factura gasista. De todas las medidas, desde Mirabaud Research destacan la limitación de precios a la hidráulica y nuclear derivada del elevado precio del gas (clawback del gas), advirtiendo de muchas dudas acerca de su legalidad puesto que podría ir contra el sistema marginalista de fijación de precios en la UE. ¿Litigio judicial a la vista? Lo que está claro es que disparará el riesgo regulatorio en el sector, analiza Navarro.
Hidráulica y nuclear en el punto de mira
Desde la entidad valoran negativamente el impacto para todo el sector utilities. «El clawback del gas tendrá un impacto estimado de 2.600 millones de euros en el próximo semestre según el Gobierno y se suma al Proyecto de Ley del clawback del CO2 (con un impacto que estimamos de unos 800 millones de euros anuales)», señala Navarro.
Así, se observa un doble efecto negativo. Por un lado, el ataque directo a las tecnologías no emisoras de carbono: se introducen límites a la retribución de la energía nuclear e hidráulica (y a algunos activos eólicos), que implican un “techo” de ingresos cuando los precios suben por precios del gas y del CO2 a partir de unos niveles. Esto implica un riesgo regulatorio, especialmente para las compañías propietarias de estos activos (ELE, IBE y NTGY, principalmente).
Por el otro lado, se alarma sobre un problema estructural para el desarrollo de las renovables: la penetración de las renovables sigue requiriendo de gas, hidráulica y nuclear, pudiendo estas medidas afectar al adecuado funcionamiento del sistema eléctrico español y generar dudas para la futura rentabilidad de los nuevos proyectos dentro del sistema marginalista de fijación de precios.
«Dudamos de la temporalidad y excepcionalidad», afirma el experto. El Ministerio destaca que son medidas temporales (salvo algunas) de cara a proteger a los consumidores y mantener la recuperación económica además de “respetar la rentabilidad de las empresas”. Sin embargo, el acuerdo Podemos-PSOE del 30 de diciembre de 2019, partidos que conforman el gobierno actual, proponían un nuevo impuesto sobre la hidráulica y la nuclear (windfall profits) que parece tomar forma en esta ley.
Endesa e Iberdrola son las más afectadas
El mayor impacto del clawback es para Endesa (ELE SM) e Iberdrola (IBE SM), por ser las compañías con mayores cuotas de generación hidráulica y nuclear. Naturgy también estaría afectada y, en menor medida, Acciona Energía y EDP.
Así pues, «no consideramos que este impacto se materialice en rebajas de estimaciones, puesto que entendemos que el mercado no anticipaba unos precios del gas y del pool tan elevados. En cualquier caso, el riesgo crece y las alarmas crecerán para los inversores», concluye Navarro.
Por Funds Society, Madrid
