Aumentar los ingresos públicos es clave para fortalecer la capacidad de acción de la política fiscal y apoyar en la movilización de recursos para financiar la Agenda 2030. Así lo señala la publicación anual de la CEPAL sobre la materia, disponible en el sitio web de la institución.
El informe, que analiza las tendencias de la coyuntura fiscal, la evolución de las políticas fiscales y sus desafíos futuros, agrega que más que nunca es necesario abordar el alto nivel de incumplimiento tributario y los flujos financieros ilícitos en la región.
Según la última estimación de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), el costo regional de la evasión y elusión fiscal alcanzó un 6,3% del producto interno bruto (PIB) en 2017, lo que equivale a 335.000 millones de dólares. En tanto, los flujos ilícitos producto de la manipulación del comercio internacional de bienes llegaron a los US$ 85 mil millones en 2016, es decir, el 1,5% del PIB regional.
El documento será presentado oficialmente el lunes 25 de marzo por Alicia Bárcena, Secretaria Ejecutiva de la CEPAL, durante el XXXI Seminario Regional de Política Fiscal, que se realizará hasta el martes 26 en la sede central del organismo regional de las Naciones Unidas en Santiago, Chile, y al cual asistirán ministros y autoridades de 10 países, además de destacados expertos internacionales y representantes de organismos como el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y el Banco Mundial, entre otros. El evento cuenta con el auspicio de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID).
Según el “Panorama Fiscal 2019” de la CEPAL, la política tributaria ha tomado mayor relevancia como herramienta para impulsar el progreso hacia el cumplimiento de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. Ésta no solamente tiene un impacto sobre el nivel de recursos disponibles, sino sobre múltiples dimensiones de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) como la desigualdad, la pobreza, y el bienestar de mujeres, ancianos, jóvenes y otras poblaciones vulnerables.
En este sentido, los desafíos que enfrentan los países en este ámbito representan barreras considerables al logro de un desarrollo económico sostenible e inclusivo. Junto con examinar aquellos elementos de la política tributaria que permiten impulsar la Agenda 2030 y la movilización de recursos domésticos, el informe analiza la tributación y fiscalización de la economía digital en la región con el fin de mostrar los puntos débiles que favorecen la erosión de los ingresos fiscales.
En particular, se revisan las medidas unilaterales que países en la región han adoptado que apuntan a cerrar los espacios de elusión y cobrar los impuestos derivados de las actividades de la economía digital.
Asimismo, el documento presenta la situación actual de los impuestos correctivos ambientales para atender cuestiones de salud pública en América Latina y el Caribe, así como el uso de incentivos fiscales y los tratamientos tributarios preferenciales que limitan la movilización de recursos pero que, si fueran orientados de forma efectiva hacia la inversión, permitirían contribuir a las metas planteadas en los ODS.
En materia coyuntural, el “Panorama Fiscal 2019” indica que el proceso de consolidación fiscal en América Latina y el Caribe continuó durante el 2018. El déficit primario para el conjunto de los países latinoamericanos pasó del 0,8% del PIB en 2017 al 0,5% del PIB en 2018. Este ajuste se debe principalmente al recorte registrado en el gasto primario – los gastos totales excluyendo los pagos de intereses – cayendo del 19,0% del PIB en 2017 al 18,6% del PIB en 2018.
A pesar de la mejora en la posición fiscal registrada en América Latina, la deuda pública bruta está al alza y alcanzó un 42,3% del PIB en 2018, frente al 39,4% del PIB registrado en 2017, agrega el documento. En cambio, en el Caribe el nivel de la deuda publica bruta ha bajado, aunque se mantiene elevado, pasando del 74,3% del PIB en 2017 al 72,4% del PIB en 2018.
Por otra parte, y en consonancia con los esfuerzos dirigidos a consolidación fiscal, el aporte del gasto público al crecimiento se ha contraído. Destaca la reducción en los gastos de capital en América Latina, que bajaron del 3,6% del PIB en 2017 al 3,2% del PIB en 2018, su nivel más bajo desde 2007. Se registró también una reducción en el gasto corriente primario en América del Sur, lo que podría poner presión sobre el gasto social, indica el reporte.
En cuanto a los ingresos públicos, el informe advierte que aunque para el conjunto de América Latina se mantuvieron en su nivel del año anterior (18,1% del PIB), esta estabilidad ocultó tendencias opuestas dentro de la región: están reduciéndose en el grupo de países compuesto por Centroamérica y México, mientras que en América del Sur están ganando mayor dinamismo.
En el Caribe, en tanto, un incremento en la recaudación tributaria y en ingresos por otros conceptos -incluyendo de programas de ciudadanía por inversión- impulsó la evolución de los ingresos totales, que alcanzaron un 27,6% del PIB en 2018 frente al 26,3% anotado en 2017.
Por Magdalena Martínez