Con un sistema mixto de jubilación que cubre al 95% de los pasivos, un caso único en América Latina, Uruguay se enfrenta a retos demográficos y presupuestarios que plantean la necesidad de reformas. Varios expertos presentaron sus reflexiones durante una conferencia convocada por ANAFAP, la asociación de los fondos de pensiones, en Montevideo.
El evento, llamado “¿Hacia dónde va la Seguridad Social en Uruguay? Desafíos y perspectivas”, contó con las exposiciones de los economistas Gabriel Oddone, socio y responsable del Departamento de Análisis Económico y Finanzas de CPA FERRERE; Pablo Rosselli, socio del Departamento de Asesoramiento Financiero de Deloitte; y Mercedes Comas, senior manager de Consultoría Económica de PwC Uruguay.
Los expertos abordaron distintos temas, entre los que se destacaron el intercambio sobre una posible reforma del sistema seguridad social en Uruguay, la estructura que debería tener y la optimización del monto de las prestaciones finales. Dado que en Uruguay funciona un sistema mixto, algunas de las propuestas planteadas sugirieron la aplicación de reformas en el pilar de reparto.
Por un lado, Odonne explicó que las cuestiones fiscales serán un tema acuciante en los próximos años de la economía uruguaya. “El país ha perdido el ancla de su estabilidad macroeconómica, ha ido deteriorando su situación fiscal. En ese sentido, la seguridad social es un tema bien relevante”, expresó.
El expositor además repasó los motivos que llevaron a que el régimen se haya vuelto insostenible. Entre ellos destacó la esperanza de vida del país, que experimentó un aumento de cinco años desde la reforma realizada en 1996.
“Todas las previsiones muestran que la esperanza de vida seguirá aumentando. Esto es un fenómeno estructural, los cambios demográficos afectan y agregan tensión a los sistemas previsionales a nivel mundial”, dijo.
En ese sentido, enfatizó la necesidad de trabajar para asegurar la sostenibilidad y equidad del sistema. “Debemos intentar aproximarnos a una discusión que nos lleve a un sistema que quede lo más aislado posible de eventos demográficos y que promueva equidad intra e intergeneracional”, indicó.
«También hay que cambiar el sistema de incentivos. Por ejemplo, hoy la tasa de reemplazo en jubilación por incapacidad es mayor que en el régimen general», planteó.
Como otras medidas a tomar, explicó que se debería separar el régimen de seguridad social de los subsidios que se pretenden mantener a ciertos sectores y asegurar el equilibrio financiero del régimen.
Por su parte, Comas destacó la alta cobertura del país en materia de seguridad social. “Tenemos más de 95% de cobertura en lo que tiene que ver con pasivos. Contamos con una de las tasas más altas en América Latina. Queremos mantener este factor, pero tenemos un serio problema financiero”, expresó la experta, quien coincidió con Oddone en que la variable a ajustar es la tasa de reemplazo.
«Los datos de pobreza muestran que en este aspecto la población de mayor edad está bien cubierta. Es algo indispensable al pensar en implementar cambios al sistema”, agregó.
Comas manifestó que la clave está en modificar los incentivos. “No hay que centrarse tanto en aumentar la edad jubilatoria, sino en brindar más incentivos para que la gente continúe trabajando”, explicó.
Los cambios en el mercado laboral y las nuevas modalidades de aportes fueron otros de los elementos destacados por la expositora como desafíos a enfrentar a futuro para crear un sistema que se adapte a las nuevas realidades.
“Existe una necesidad de repensar el sistema y de que exista una solución consensuada y con respaldo social, elementos necesarios para que sea sustentable”, agregó.
Según datos del Banco de Previsión Social (BPS), aproximadamente el 75% de los trabajadores uruguayos se encuentran afiliados a un organismo de Seguridad Social, pero es un sistema obligatorio con fuerte participación de empresas, sindicatos y el Estado.
“En Uruguay no tenemos una cultura del ahorro y planificación del retiro. Los depósitos voluntarios o convenidos son casi inexistentes y representan menos del 0,2% del total. Hay que trabajar para incentivarlos”, comentó.
Además indicó que sería fundamental la creación de un tercer fondo para los más jóvenes con la posibilidad de poder invertir renta variable en el exterior.
Roselli, en tanto, subrayó que el pilar de capitalización individual debería aumentar su relevancia y contar con una tasa de aportación mayor que la que tiene en la actualidad.
En relación a las reformas que se podrían implementar, aseguró que los distintos subsistemas jubilatorios deberían converger en un sistema más unificado y explicó por qué es importante cambiar el régimen jubilatorio de los militares.
“Es insostenible que los militares se jubilen con 45 años y casi con un monto prácticamente igual a su sueldo. También hay que atender la situación de las cajas paraestatales. La Caja Profesional notoriamente necesita una reforma, dado su déficit actuarial”, manifestó.
“Está claro que necesitamos que la gente trabaje más. En Uruguay las personas en promedio se retiran entre los 63 y 64 años. Hay que revisar la jubilación básica, porque desestimula a mucha gente a seguir trabajando», señaló.
El cierre estuvo a cargo del exministro de Relaciones Exteriores y expresidente del Banco Central del Uruguay (BCU) y del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Enrique Iglesias, quien presentó sus conclusiones al respecto.
“Más que a una gran reforma de la Seguridad Social tendríamos que apuntar a un proceso de reforma permanente, bien informada, porque el sistema exigirá cambios permanentes”, reflexionó.
Desde ANAFAP se destacó la importancia de realizar este tipo de eventos para mejorar el desempeño del sistema previsional, así como defender los intereses de los afiliados.
“Como gremial referente en materia de administración de fondos de ahorro previsional, es nuestra responsabilidad y deber invitar a la reflexión del sector político y de la opinión pública sobre un tema vital para el futuro de nuestro país”, expresó Ignacio Azpiroz, presidente en ejercicio de ANAFAP.
Azpiroz llamó a continuar efectuando trabajos e iniciativas que mejoren el desempeño del sistema, ayuden a difundir información sobre su funcionamiento, estructura y objetivos y defiendan los intereses de todos los afiliados.
Por Magdalena Martínez