La Comisión Europea sigue trabajando en su Plan de Acción de Finanzas Sostenibles, como elemento impulsor de la ISR tanto en España como a nivel europeo, y con los objetivos de movilizar los flujos de capital hacia inversiones sostenibles, ayudar a los inversores a gestionar mejor sus activos (reales o financieros) e impulsar la transparencia con un enfoque de largo plazo.
En ese camino, en el que también participan otros reguladores como IOSCO –que cuenta con varios grupos de trabajo-, la Comisión se ha propuesto una meta más allá de Europa: la de coordinar un marco global de finanzas sostenibles. Para ello, la Comisión Europea ha lanzado una plataforma internacional sobre sostenibilidad en la que estarán presentes otros países, con el objetivo de coordinar mejor los marcos internacionales de las finanzas sostenibles.
Esta plataforma supondrá una oportunidad para establecer estándares globales en este tema, según explicó Helena Viñes, deputy head of Sustainability, Head of Research and Policy de BNP Paribas AM, en un encuentro con periodistas previo a la celebración del X Encuentro Anual de Spainsif, que tuvo lugar ayer en Madrid.
Steffen Hörter, responsable global de ASG de Allianz Global Investors, y también miembro del Grupo de Técnicos Expertos en Finanzas Sostenibles de la Comisión Europea, argumentó la necesidad de ser ambiciosos en este aspecto: “Necesitamos ser ambiciosos, puesto que no sirve de nada que un país se esfuerce en aplicar normas si los demás no lo hacen”.
Entre los países que participarían en la plataforma estarían algunos de Latinoamérica, además de China, India, Canadá, y posiblemente Japón, entre otros.
La UE, en cabeza
Los expertos indicaron cómo la Unión Europea lleva la delantera en este asunto, dando señales que se espera contagien a otros mercados. No obstante, será la globalidad del sistema financiero, dice Viñes, la que permitirá que, cuando las entidades tengan que crear productos compatibles con las finanzas sostenibles para Europa, también los extiendan a otros mercados.
Actualmente, la Comisión trabaja en varias propuestas legislativas, entre las que se encuentra la taxonomía (que aún no ha alcanzado la forma de acuerdo político pero ya cuenta con tres textos aprobados), los índices de referencia o el disclosure (estos dos últimos ámbitos, ya con acuerdo político).
De hecho, esos acuerdos obligarán a que cualquier fondo de inversión, no solo los que se declaren ESG sino cualquier fondo, tenga que ser transparente e informar de su desempeño ESG, de forma que se minimizará el riesgo de greenwashing, comentó Hörter. Esta norma de transparencia será aplicable no solo a las gestoras, sino también a otros actores del mundo financiero, como los asesores.
MiFID II y sus implicaciones
Una pata más es la que afectará a MiFID II y a la directiva de seguros, cuyas implicaciones se aclararán en las próximas semanas. Con respecto a MiFID II, la norma se modificará para incluir la obligación de que los asesores financieros incorporen en el test de idoneidad una pregunta sobre las preferencias de los clientes en materia de ESG. Todo indica que será obligatorio preguntar al cliente sobre si prefiere invertir de este modo, pero no obligará a las entidades a ofrecer “exclusivamente” productos sostenibles en caso de respuesta afirmativa.
El otro escollo será la concreción de la pregunta, que aún está por definir, o la posibilidad de que la pregunta no sea homogénea en todos los mercados. Sin embargo, y pese a estos obstáculos, los expertos se muestran positivos, pues una encuesta reciente mostraba que el 70% de inversores en Europa respondería sí, y esa cifra sobrepasaría el 80% en el caso de España. “Aunque aún hay que esperar a ver cómo será el texto final, la iniciativa abre la puerta a la inversión sostenible”, dice Viñes, que cree que, en cuanto los clientes tengan que responder a este tema, es cuestión de tiempo que aumenten su consumo de inversiones sostenibles. “Y en la medida en que los asesores estén mejor formados en este campo, ofrecerán un mayor rango de productos de este tipo”, añade.
La taxonomía también será clave para dar mayor seguridad tanto a los emisores de productos ESG como a los inversores (incluidos los de todos los fondos distribuidos en Europa), destaca la experta, que matiza que la taxonomía es un punto de referencia, no una obligación. Sin embargo, será la base para producir etiquetas ESG, de forma que si los estados miembros quieren producir este tipo de calificaciones, deben usar la taxonomía como base. Aunque el uso de la taxonomía sea voluntario, los expertos creen que como punto de partida tiene un impacto importante para que de ahí se derive legislación en el futuro, ya de aplicación obligatoria.
Por Funds Society, Madrid
