El escándalo de las emisiones de Volkswagen parece que va a impulsar la inversión ambiental, social y de buen gobierno (IRS, por sus siglas en español o ESG, por sus siglas en inglés), pero los fondos de pensiones que adopten este enfoque se enfrentan a posibles conflictos de intereses, advierte el último número de The Cerulli Edge – Global Edition.
«Las posibles implicaciones legales de mirar más allá de los rendimientos puros a la hora de tomar decisiones de inversión deben ser analizadas,» dice Barbara Wall, directora de investigación en Europa de Cerulli Associates. La Comisión de Derecho del Reino Unido, por ejemplo, dice que los gestores no deben proceder con una decisión motivada por factores no financieros si se corre el riesgo de causar un perjuicio financiero significativo al fondo. Sin embargo, como señala Cerulli, esto puede reducirse a una cuestión de grado: en un caso, un tribunal dictaminó que «se había actuado dentro de la ley al decidir que la exclusión de 13% del mercado sería aceptable, mientras que excluir el 37% no lo sería».
Al afectar a millones de vehículos a nivel mundial, la acción fraudulenta de Volkswagen puede incluso poner en peligro la existencia de la automotriz alemana. Cerulli dice que los fondos de pensiones con exposición a Volkswagen tienen derecho a sentirse ofendidos; no sólo por la pérdida causada en las valoraciones de sus carteras, sino también por el daño a la salud y al medio ambiente causados a la sociedad en general.
«¿Un enfoque en la ESG habría evitado invertir en Volkswagen? Probablemente no, porque ningún gestor de fondos podría haber previsto el fraude en una empresa como la automovilística», dice Wall. «Pero al sondear las estructuras de gobierno de las empresas y tener una comprensión completa de sus incentivos de gestión, los inversores deberían estar en mejores condiciones de identificar a los más vulnerables a eventos sorpresa», dice.
En los últimos 10 años la iniciativa de las Naciones Unidas sobre Principios para la Inversión Responsable (UNPRI) ha pasado de alrededor de 100 signatarios con 4 billones de dólares (3,7 billones de euros) en activos bajo gestión a 1.260 firmantes con 45 billones en AUM. Cerulli cree que esta tendencia de crecimiento continuará.
Durante mucho tiempo, diversos inversores han tenido exclusiones específicas dentro de sus directrices de inversión; entidades basadas en la fe, por ejemplo, o no invertir en armas y tabaco. Sin embargo, la inversión sostenible se ha movido mucho más allá, desde la exclusión pasiva hacia un enfoque activista que abarca cuestiones fundamentales, entre las que, el día de hoy se incluyen las relacionados con emisiones de dióxido de carbono y sus efectos en el cambio climático. El fondo de pensiones holandés ABP anunció en octubre que pedirá a todas las empresas en su cartera de inversiones que detallen cómo operan responsablemente y qué tan sostenibles son.
«Esperamos que más fondos de pensiones empiecen a considerar las inversiones sostenibles, pero los antecedentes culturales y el nivel de sofisticación de los inversores van a ser factores determinantes de cualquier compromiso. Por ejemplo, los fondos de pensiones en los Países Bajos y Dinamarca serán mucho más propensos a hacerlo que, por ejemplo los de Alemania», dice Justina Deveikyte, analista internacional en Cerulli.