La inversión sostenible está madurando, al igual que la regulación, la divulgación y los debates que la rodean. En opinión de Andrew Howard, responsable global de inversiones sostenibles de Schroders, nos encontramos en un contexto donde el creciente escrutinio normativo a nivel mundial afecta a todas las partes de la cadena de valor. En particular, destaca aquellas áreas que afectan al cambio climático, la biodiversidad y las limitaciones de los recursos naturales.
“La inversión ESG se ha convertido en un tema principal para los inversores. Según un análisis de Bloomberg, los activos ESG se dispararon hasta alcanzar la cifra sin precedentes de 37,8 billones de dólares a finales de 2021 y se prevé que crecerán hasta los 53 billones de dólares en 2025, lo que supondría un tercio de todos los activos mundiales gestionados. Este aumento se ve reflejado en un mayor de interés por la ASG en general. Por ejemplo, el número de búsquedas en Google del término ESG ha crecido exponencialmente en los últimos dos años”, explica.
En su opinión, este mayor interés se refleja en las exigencias a los gestores de activos, poniendo el foco en cómo se hace, cómo se aplica y cómo se informa de lo que se ha hecho. “Por eso esperamos que se intensifique el debate sobre cómo debe ser un proceso de inversión sostenible sólido”, señala.
Prioridades ESG que hay que vigilar
Según el experto de Schroders, hay tres prioridades clave que se deben vigilar: el cambio climático, la biodiversidad y las limitaciones de los recursos naturales. “El cambio climático ha sido durante mucho tiempo un punto importante para la inversión sostenible y es, sin duda, una preocupación crucial. Sin embargo, el aumento exponencial de la presión sobre los recursos medioambientales no renovables está poniendo de manifiesto grietas en todo un espectro de dimensiones medioambientales, lo que hace que se preste atención a una gama más amplia de cuestiones relacionadas con el capital natural”, apunta.
A corto plazo, la cumbre COP15 de la ONU, que fue la mayor cumbre sobre biodiversidad en una década, enfocada en la elaboración de un plan para frenar y revertir el daño a la naturaleza, volverá a reunirse en abril de este año en China tras los retrasos del COVID-19. Por ello, habrá que estar atentos a sus resultados.
Por su parte, la cumbre del clima COP 26 del año pasado en Glasgow puso de manifiesto las crecientes expectativas de que el sector privado asuma la responsabilidad de actuar. Así, ahora son las empresas, y no los gobiernos, las que asumen compromisos en materia de sostenibilidad, como las emisiones de carbono, la deforestación y el metano. De hecho, un número cada vez mayor de empresas han adoptado objetivos de acción climática a través de la iniciativa Objetivos Basados en la Ciencia (SBTi por sus siglas en inglés), en consonancia con los objetivos del Acuerdo de París de limitar el calentamiento global muy por debajo de 2, preferiblemente a 1,5 grados centígrados, en comparación con los niveles preindustriales.
Escrutinio regulatorio
Para Howard, mientras que las prácticas y las ambiciones de sostenibilidad de las empresas están siendo objeto de un mayor escrutinio por parte de los gestores de activos, las prácticas de sostenibilidad de los propios gestores también se encuentran cada vez más bajo el prisma regulatorio.“La regulación de las finanzas sostenibles sigue evolucionando a un ritmo vertiginoso y 2022 no será diferente al año pasado. De hecho, un patrón que observamos es que lo que solía ser un fenómeno predominantemente de la UE se está extendiendo cada vez más a otras regiones, y más notablemente a Asia. La transparencia y la solidez de las declaraciones de sostenibilidad son los elementos centrales de este fenómeno”, afirma.
Y reconoce que no son sólo los gestores de activos los que se ven sometidos a un mayor escrutinio, sino que todos los integrantes de la cadena de valor de las inversiones se enfrentan a niveles similares de cambios normativos en relación con las prácticas de sostenibilidad. Por ejemplo, actualmente, los propietarios de activos, como los fondos de pensiones y las compañías de seguros, están sometidos a obligaciones de transparencia y gestión de riesgos iguales o similares a las de los gestores de activos.
“Vemos esto no sólo en la normativa SFDR de la UE, sino también en Reino Unido, que ha puesto en marcha los requisitos de la Task Force on Climate-related Financial Disclosures (TCFD por sus siglas en inglés) para los fondos de pensiones ocupacionales el pasado mes de octubre, y en los planes del Departamento de Trabajo de EE.UU. para proporcionar una actualización sobre el uso de ESG en la gestión de activos o planes de jubilación”, señala.
En este sentido, añade que los intermediarios, como los asesores, también están en el punto de mira: “Lo vemos en el nuevo requisito dentro del marco legislativo de la UE MiFID II para que los asesores incluyan las preferencias de sostenibilidad de los clientes en su evaluación de idoneidad, que entrará en vigor este agosto. El pasado mes de octubre se hizo referencia a la posibilidad de adoptar una medida similar en la hoja de ruta para la ecologización de las finanzas del Reino Unido”.
Así como los proveedores de datos y calificaciones ESG. Según matiza, cada vez se pide más transparencia en las metodologías de calificación y una mejor gestión de los conflictos de intereses. “Las normativas europeas y mundiales, como la Organización Internacional de Comisiones de Valores (OICV), también han expresado su preocupación por la creciente concentración del mercado y la falta de coherencia en las calificaciones ASG”, explica.
Por último, aunque no menos importante, recuerda que las empresas pueden estar al final de la cadena de valor de la inversión, pero la información de las empresas está sin duda en el centro de toda la transparencia relacionada con la sostenibilidad. “Todos los demás integrantes de la cadena de valor, desde los gestores de activos hasta los proveedores de datos y calificaciones ESG, dependen de las empresas para obtener datos sobre sostenibilidad. El desarrollo más esperado en este espacio va a ser el resultado del recientemente lanzado Consejo de Normas Internacionales de Sostenibilidad por la Fundación IFRS”, argumenta
En su opinión, un reto clave para el mercado en 2022 es cómo hacer frente a las regulaciones que “no están secuenciadas en el orden correcto”. Según apunta, una cuestión específica es cómo tratará el mercado las divulgaciones de productos de inversión sostenible que hayan entrado en vigor antes que los correspondientes requisitos de divulgación para las empresas. “La prueba más inmediata en 2022 va a ser las cifras que se derivarán de la alineación de los productos de inversión con la Taxonomía de la UE. Dado que la Taxonomía de la UE sigue siendo incompleta y que las empresas aún no han empezado a informar sobre su alineación con la Taxonomía, es probable que muchos productos informen del 0% o de cifras que pueden no ser muy significativas en ausencia de datos subyacentes. Además, dado que las diferencias entre las normativas nacionales ya son evidentes, es probable que veamos un panorama normativo cada vez más complejo en el sector, a pesar de las ambiciones declaradas de alineación global”, concluye.
Por Funds Society, Madrid