La revolución digital está transformando nuestro mundo y el mercado laboral no es una excepción. Tanto es así que ya se habla de una nueva economía calificada como “gig economy”, en la que la invasión de la inteligencia artificial y sus diferentes aplicaciones están cambiado de manera radical las relaciones entre las empresas y los empleados.
Según el informe «AI and the future of work” elaborado por Credit Suisse, esta tendencia ha provocado que aparezcan los “giggers”, empleados autónomos contratados temporalmente para realizar tareas específicas en un corto espacio de tiempo. Un ejemplo claro de «giggers» son los conductores de Uber, compañía pionera en establecer este modelo de negocio.
Según este informe, hay básicamente dos tipos de trabajos “gig”. El primero es el trabajo a demanda, al que pertenece Uber, y el segundo se define como «crowdwork» y es aquel que pueden realizar los trabajadores desde cualquier parte del mundo siempre que tengan acceso a Internet. En estos tipos de trabajo, los empleados ejecutan tareas sencillas por las cuales generalmente se les paga pequeñas cantidades de dinero.
¿Cuál es el tamaño de esta economía?
Los expertos admiten que es bastante difícil calcular el tamaño de esta economía, ya que tampoco contamos con una definición exacta de qué es un «gigger». Sin embargo, los autores del informe reconocen su alto potencial y admiten que imaginan con facilidad un futuro en el que las firmas estén compuestas por un grupo de trabajadores que se encargue de comprar talento cuándo y dónde sea necesario.
¿Cuáles son las consecuencias de este cambio en las relaciones laborales para los trabajadores?
Ser autónomo y trabajar en esta clase de empleos “gig” puede traer numerosas ventajas como la amplia flexibilidad horaria, un mayor control sobre el trabajo, horarios y proyectos. Pero la realidad es otra muy diferente y la mayoría de los “gig workers” está muy lejos de obtenerlas. Un ejemplo claro son los trabajadores de Uber, los cuales normalmente tienen que trabajar bastantes horas para lograr un salario razonable.
Sin embargo, la economía gig recibe opiniones econtradas. Los más positivos ven estos trabajos como una manera de que la gente con salarios bajos gane un dinero extra o los trabajadores menos cualificados tengan acceso a determinados empleos. En una sociedad en la que las empresas cada vez demandan perfiles más especializados, estos trabajos crean un hueco para aquellas personas que no cuentan con educación superior y tienen dificultades para encontrar un empleo.
En el lado opuesto, se encuentran los que consideran que estos trabajos solo dan inestabilidad e inseguridad a las familias, y a su parecer eliminan los derechos básicos a los que todo trabajador debe optar, tales como el derecho a la negociación colectiva, la unión sindical, vacaciones, seguros etc. Los “gig workers” reciben salarios bajos que no les permiten ahorrar, detener su actividad por enfermedad o formar una familia.
En este contexto, el informe advierte que la economía “gig” supone al mismo tiempo una oportunidad y una amenaza para la cohesión y la estabilidad social.
La protección social está obsoleta y debe adaptarse a los nuevos tipos de trabajo
Si cada vez este segmento de la población es más numeroso y se reconoce como una tendencia que irá a más, ¿qué pasa con sus derechos? Estos trabajadores no cuentan con el respaldo y la protección social que el Estado debe aplicar y es por ello que surge la idea de que la seguridad social tiene que adaptarse a los nuevos tiempos, ya que, según indican los expertos de Credit Suisse, el sistema se está quedando obsoleto.
El desarrollo de la robótica y la IA ha desembocado en un aumento de «giggers» y la adopción de una renta básica universal ha vuelto a los debates. A pesar de que pueda parecer una solución muy atractiva los autores del informe señalan dos problemas básicos: el primero atañe a la incertidumbre que lo rodea, ya que realmente nadie sabe qué efectos tendría sobre la sociedad. La segunda, es la viabilidad política, ya que, como quedó de manifiesto en la votación llevada a cabo en Suiza en 2016, es difícil encontrar una mayoría que apoye esta medida casi utópica.
Otras soluciones menos ambiciosas pero más realistas podrían ser las ayudas para las familias con hijos o las prestaciones vinculadas al trabajo, siempre con unas cantidades que preserven el incentivo para seguir trabajando.
En definitiva y según concluye Giuliano Bonoli, profesor de política social en la Universidad de Lausana, “la idea de que la protección social debe adaptarse a la naturaleza cambiante del trabajo ahora está firmemente integrada en los debates públicos. El desafío que tenemos ante nosotros es preservar los altos niveles de cohesión social y seguridad económica logrados en el pasado en este nuevo mundo económico y tecnológico emergente”.