La Asociación de Consultoras Inmobiliarias ha valorado el impacto que tendrá en el mercado de real estate español el hecho de que los inversores internacionales ya no podrán conseguir la Golden Visa a través de una inversión de este tipo. En su opinión, esta decisión «tendrá nulo efecto en la demanda de viviendas y, en última instancia, su impacto en el mercado inmobiliario será irrelevante».
«Las motivaciones de los inversores extranjeros, a nivel particular, son en su mayoría indiferentes a la obtención de la Golden Visa y se basan más en los fundamentos sólidos de España, como su calidad de vida, su seguridad, su oferta educativa y de ocio, un clima agradable, universidades prestigiosas y una vibrante escena cultural y de entretenimiento, que actúan como un imán para aquellos que buscan un entorno favorable. Madrid es el ejemplo. Los compradores de lujo latinoamericanos no compran por la Golden Visa», explica Mikel Echavarren, CEO de Colliers.
Además, según el informe de Transparencia Internacional España, durante los últimos diez años aproximadamente (hasta septiembre de 2023) han sido concedidos un total de 6.200 visados a inversores de todas las nacionalidades, de los cuales un 96,18% fue concedido en virtud del supuesto de adquisición de bienes inmuebles, explican.
Según los expertos de ACI, para poder dar solución al mercado de la vivienda, es esencial identificar correctamente el problema: «España necesita 1,3 millones de pisos para alquiler asequible, un desafío significativo. Las 650 viviendas de media anual en en una tipología de activo distinto no ofrecen la aproximación necesaria al problema», añaden.
Impacto en la confianza
La combinación de la eliminación de este presupuesto para obtener la Golden Visa con otras medidas adoptadas, como la ley de la vivienda y los topes al precio del alquiler en Cataluña, generan una gran incertidumbre, denuncian. «Esta percepción negativa fomenta la desconfianza en los mercados financieros y desalienta a potenciales inversores extranjeros, lo que podría afectar negativamente el crecimiento económico y desarrollo del país a largo plazo. Desde ACI, vemos con preocupación el impacto acumulativo de estas medidas en el mercado inmobiliario y en la economía en general. Las restricciones y cambios normativos afectan la seguridad jurídica y podría tener graves consecuencias en términos de imagen y reputación de España como destino de inversión, aspectos cruciales que desde el sector privado se promueven y defienden con gran esfuerzo con iniciativas colaborativas, como el «Informe Trinity» entre promotoras (ASPRIMA) y consultoras (ACI)».
Necesaria colaboración público-privada
La regulación de la inversión extranjera y la inmigración son temas complejos que abordan aspectos económicos, sociales y políticos. Es cierto que muchos países implementan políticas para regular la inversión extranjera y controlar la inmigración, con el objetivo de proteger sus economías y mantener la estabilidad social. Sin embargo, es importante encontrar un equilibrio entre la promoción de la inversión extranjera y la gestión adecuada de los flujos migratorios, considerando diversos intereses, incluidos los de los propietarios, los inquilinos, los inversores, las contribuciones culturales y laborales de los inmigrantes y el bienestar económico en general.
«Por ello es crucial adoptar una postura de escucha activa hacia los agentes del mercado que han estado expresando y dimensionando los problemas, así como identificando posibles soluciones a medio y largo plazo. Aunque puede ser demasiado tare para abordar ciertos problemas a corto plazo, es fundamental comprender las preocupaciones y necesidades del mercado para implementar medidas efectivas en el futuro. Organizaciones como ACI pueden desempeñar un papel crucial al proporcionar información, análisis y perspectivas que ayuden a informar el debate público y la formulación de políticas. La colaboración público-privada es la clave para encontrar soluciones que promuevan un mercado de vivienda justo y asequible, al tiempo que fomenten un entorno propicio para la inversión y el crecimiento económico sostenible», añaden.