A veces las grandes revoluciones son tan graduales que pasan casi desapercibidas. Así, después de quince años de debates y de estar en el centro de la pugna política, el sistema de pensiones chileno, que sirvió de modelo en toda la región, entra en una fase de cambios que incluyen la creación de un sistema mixto con un pilar solidario, un pilar estatal y la cotización individual. Las AFPs, es decir, los fondos privados, se mantienen en el corazón del sistema.
Una reforma lista para convertirse en ley
El debate en torno al sistema de pensiones en Chile –que se ha extendido por más de una década– por fin llegó a puerto al finalizar enero, dándole tregua a 20 años de incertidumbre estructural. El Congreso despachó a ley el proyecto impulsado por el gobierno el viernes pasado, con 110 votos a favor y 38 en contra. Al margen de las críticas del gremio de AFP, desde la industria financiera local destacan que esta iniciativa –que incluye una subida gradual en la cotización y la instalación de un sistema mixto– refuerza la posición de las AFP en el sistema y podría traer flujos a los activos locales.
Las intenciones iniciales de reformular a las AFP actuales en sólo gestoras de inversiones quedaron en el camino y las administradoras privadas se mantendrán en el corazón del sistema, aunque con la competencia de un nuevo actor estatal en la industria. Además, se aprobó un aumento en la cotización y el seguro social, un aumento en la Pensión Garantizada Universal (PGU), licitaciones de carteras de afiliados, la creación de fondos generacionales y un seguro de lagunas previsionales.
Así, la reforma quedó lista para ser promulgada como ley, creando un sistema que combina un pilar solidario, un pilar estatal y la cotización individual administrada por las gestoras previsionales.
Visiones de la industria financiera
Desgranando el asunto, desde otras aristas de la industria financiera local enfatizan en los puntos fuertes y débiles de la iniciativa del Ejecutivo liderado por Gabriel Boric.
“Más allá de algunos elementos que provocarán distorsiones en el mercado laboral y mayor presión en las cuentas públicas, refuerza el rol de las AFP, mejora pensiones actuales y próximas, al tiempo que incorpora un componente de reparto para compensar a las mujeres”, recalcaron desde Bci Estudios en un informe tras la aprobación. En el largo plazo, agregaron, contribuirá a profundizar el mercado de capitales y “llevará a un incremento en torno a 0,5% en el crecimiento tendencial de la economía”.
Es más, desde Fynsa, el economista jefe Nathan Pincheira recuerda la necesidad de reformar el sistema de pensiones. “El incremento en la esperanza de vida, las lagunas previsionales, la evolución de los salarios, las diferencias de los mercados laborales femeninos y masculinos, los retiros, etc., hacían urgente tomar medidas que pudieran —por lo menos— subsanar estos aspectos, tanto para los actuales jubilados como por los futuros”, escribió en un comentario previo a la luz verde legislativa.
Uno de los factores que ha impulsado a la bolsa chilena a las alturas que ha alcanzado recientemente –acumulando una escalada de 20% en los últimos 12 meses– es la conclusión de la saga previsional local. En el último mes, marcado por las negociaciones en la esfera política y protagonizado por los ministros Jeannette Jara, de Trabajo, y Mario Marcel, de Hacienda, el benchmark accionario S&P IPSA ha subido 7,5%, superando los 7.200 puntos.
El tema de los flujos
“La industria de pensiones en Chile ha jugado un rol crucial en el desarrollo de los mercados de capitales locales, entregando inversiones de largo plazo en distintas clases de activos”, indicó el banco de inversiones de JPMorgan en un reporte días antes de la aprobación de la reforma. A diciembre de 2024, el sistema gestionaba 186.400 millones de dólares en ahorros.
“Según nuestras estimaciones, bajo el sistema actual con una contribución de 10%, los fondos de pensiones reciben aproximadamente 710 millones de dólares mensuales, mientras que alrededor de 390 millones de dólares salen del sistema todos los meses por pagos de pensiones”, indicaron en el documento, firmado por Diego Celedón, Emy Shayo y Adrián Huerta. Esto deja el flujo mensual neto en torno a 320 millones de dólares.
Así, mirando hacia delante, la expectativa es que estos números aumenten. “Aunque el incremento final en la tasa de contribución todavía no se determina, estimamos que un aumento de 1% generaría flujos netos adicionales sobre los 70 millones de dólares al mes, sumando más de 850 millones de dólares anuales”, explicaron. Para alzas de 4% y 6%, acotaron, los flujos mensuales aumentarían a 284 millones y 426 millones de dólares, respectivamente.
En el caso de la renta variable, en particular, la expectativa de Credicorp Capital es que los primeros tres años de la reforma traigan una fuerza compradora de acciones locales menor, “dado el carácter gradual de las contribuciones a las cuentas individuales”, que alcanzaría el 1% en el cuarto año. “Para entonces, dicho flujo neto adicional podría alcanzar los 60-70 millones de dólares (alrededor de 100 millones de dólares acumulados)”, acotaron.
En el largo plazo –y asumiendo que las AFP mantienen el posicionamiento en renta variable local en torno a 7%–, el flujo neto llegaría a 300 millones de dólares en el noveno año, una vez que la contribución incremental a cuentas individuales alcance al 4,5%. “Esta cifra es equivalente al 35% del promedio de 10 años de inversión neta en renta variable local observada antes del estallido social y los retiros de fondos de pensiones”, destacaron.
Las críticas de las AFP
“Valoramos que esta nueva ley busque aumentar el ahorro en las cuentas de capitalización individual de los afiliados, recogiendo atributos altamente valorados por la ciudadanía como la propiedad y heredabilidad de los fondos de pensiones, y la libertad de elegir quien administra sus ahorros”, indicó la Asociación de Administradoras de Fondos de Pensiones (AAFP) en una declaración.
Sin embargo, identificó una serie de medidas en la reforma que, en su opinión, “debilitarán las pensiones de los trabajadores de hoy y del futuro”. Entre estas destacaron la incorporación de un 1% de reparto para financiar beneficios definidos; destinar 1,5% de la remuneración a un préstamo obligatorio; el ingreso del Estado al negocio de ahorro previsional –lo que podría generar un escenario de competencia desleal, dada la participación del Instituto de Previsión Social (IPS) como actor–; un mecanismo de licitación enfocado en comisiones, “sin conocer la voluntad expresa de los afiliados, ni establecer incentivos efectivos que estimulen la búsqueda de mayor rentabilidad”; y niveles de respaldo más relajados para los administradores.
“Reiteramos que la solidaridad, si bien es deseable y necesaria, debiera hacerse con impuestos generales, o bien con un endeudamiento estatal transparente y en los mercados financieros”, recalcó la entidad gremial, que agrupa a las AFPs Capital, Cuprum, Habitat, Modelo, Planvital y Provida. Para la AAFP, “la solidaridad no debe financiarse con la remuneración de los trabajadores ni con la incorporación de reparto, ya que se termina perjudicando las pensiones de aquellos que, con mucho esfuerzo, cotizan y trabajan formalmente”.
El impacto político
“Es importante señalar que, según diversos analistas políticos, la eventual aprobación en el Congreso de la reforma previsional podría tener consecuencias políticas”, indicó Credicorp Capital en un reporte publicado justo antes de la aprobación de la reforma.
Mirando hacia delante, con la próxima carrera presidencial en el horizonte, “la pregunta es quién capitalizará mejor este escenario, considerando que una reciente encuesta reveló que más del 60% de los encuestados valoran positivamente un acuerdo sobre la reforma de las pensiones durante la administración del Presidente Boric”, escribieron Samuel Carrasco y Rodrigo Godoy en el documento.
La encuesta Cadem respalda esta visión. Su sondeo semanal Plaza Pública indica que el 65% de las personas están de acuerdo con la aprobación de la reforma y que un 52% cree que representa a todos los sectores por igual.
En cuanto a los aspectos específicos de la nueva ley, Cadem detalló que un 83% de los encuestados está de acuerdo con aumentar la PGU, un 66% está de acuerdo con que los cambien a una AFP que cobre una menor comisión, manteniendo la libertad de cambiarse a gusto, y un 65% está de acuerdo con aumentar las cotizaciones a cargo del empleador. Es más, 62% se manifestaron de acuerdo con que 0,5% de las cotizaciones vayan a un fondo de reparto que compense a las mujeres.
Otro punto relevante de las conversaciones es el impacto en el mercado de capitales chileno. Considerando el proyectado aumento en las cotizaciones, la expectativa de las casas de inversiones es que esto lleve flujos a los activos locales, que han resentido las retiradas de fondos previsionales aprobadas entre 2020 y 2021.
Por Funds Society
