Elvira Rodríguez, presidenta de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, quiso dar esta mañana un mensaje de optimismo sobre el futuro de la industria de gestión en España, en la clausura del VI Encuentro Nacional de Inversión Colectiva, organizado por la Asociación para el Progreso de la Dirección (APD), Inverco y Deloitte. A pesar de ese “cambio de ciclo” que auguró, ante unos datos de negocio “esperanzadores”, aludió al reto que supone la regulación europea, que España ha traspuesto solo en parte y en lo que está trabajando actualmente.
Rodríguez recordó las posibles implicaciones que podría tener la trasposición de UCITS V, que deberá estar lista antes del 18 de marzo de 2016. La trasposición de nivel II está en consulta pública por ESMA e incluye un tema que puede tener importancia clave en la industria: al buscar la actuación independiente entre gestoras y depositarias, será clave si se permiten participaciones cruzadas, teniendo en cuenta que muchas gestoras europeas pertenecen a grandes grupos financieros que también tienen negocios de depositaría.
“De no permitirse las participaciones cruzadas, el impacto sería muy significativo”, explicó; de ahí que la CNMV crea que el hecho de que gestoras y depositarias puedan pertenecer al mismo grupo es una alternativa “más equilibrada, siempre que se tomen medidas para prevenir los conflictos de interés”. UCITS V traerá cambios en el régimen para los depositarios y la remuneración de los gestores, entre otros temas.
Trasposición de la directiva alternativa
Con respecto a la trasposición de la directiva alternativa europea (que permitirá a los gestores españoles salir fuera y proporcionará a los inversores profesionales «un universo más amplio de inversión»), actualmente está en trámite a través de dos vías: la nueva ley de capital riesgo y la modificación de la ley de IIC.
Según Rodríguez, la normativa en vigor en España de la gestión alternativa ya es bastante completa con lo que la adaptación “no supone retos significativos”. Es más, el proyecto de ley que traspone la directiva es, en algunos aspectos, más flexible que la propia ley española, por lo que es previsible que se eliminen o relajen algunos requisitos actualmente existentes que restan competitividad a la industria –tales como los requisitos de capital a las gestoras-.
Entre las novedades de la ley de capital riesgo, destaca la exigencia de que las gestoras, cuando superen ciertos umbrales, tengan el control de un depositario, así como que ofrezcan información al regulador sobre sus posiciones de inversión. Son normas que introduce ESMA con el objetivo de reducir el riesgo sistémico de los fondos alternativos.
Entre las modificaciones de la ley de IIC, el proyecto de modificación quiere rebajar las limitaciones a los fondos alternativos para que participen en la financiación de las empresas, a través de vehículos como préstamos directos o inversión en facturas o préstamos con el objetivo de ampliar las vías de financiación alternativas a la bancaria, algo que ya anunció Rodríguez.
La presidenta también destacó el impacto que la nueva normativa MiFID II sobre retrocesiones tendrá en el modelo de distribución de las entidades (que solo podrán cobrar si lo hacen de forma transparente y si demuestran que así se produce una mejora de la calidad del servicio), así como las nuevas normas de comercialización de los considerados productos complejos, entre los que incluye los fondos con objetivo de rentabilidad de renta variable, tanto garantizados como sin garantía.