La reforma tributaria de finales de 2017 en Argentina aumentó el tope para la evasión fiscal de 400.000 pesos (unos 20.000 dólares) a 1,5 millones (unos 75.000 dólares), pero ahora el procurador de la nación ha transmitido instrucciones a los fiscales para que sigan reclamando condenas a partir de los montos previos al cambio legislativo.
La publicación iProfesional ha publicado la resolución por la cual el jefe de los fiscales, Eduardo Casal, se opone a la aplicación retroactiva de la Ley Penal Tributaria.
«Instruir a los señores fiscales con competencia en materia penal para que asuman la interpretación señalada en la resolución PG 5/12 y, en consecuencia, se opongan a la aplicación retroactiva de la ley 27.430 en cuanto dispone aumentos de las sumas de dinero que establecen un límite a la punibilidad de los delitos tributarios y de contrabando», indica la resolución.
De este modo, los procesados no podrán beneficiarse del principio de la ley penal más benigna, lo que ha causado malestar entre los abogados tributaristas argentinos.
La Administración Fiscal de Ingresos Públicos (AFIP) seguirá el criterio de la fiscalía en sus investigaciones, pudo saber el diario La Nación.
