La fundadora y presidenta del grupo GVC Gaesco, María Àngels Vallvé i Ribera, compareció recientemente en la sesión de la Comisión Económica de Asuntos Económicos y Transformación Digital celebrada en el Congreso de los Diputados, donde puso en valor el Proyecto de Ley de los Mercados de Valores y los Servicios de Inversión, aprobado el pasado 28 de junio, y resaltó algunas mejoras técnicas, jurídicas y económicas que supone.
En su intervención, la presidenta destacó “la mejora que este proyecto de ley supone para la regulación de los mercados de valores y las empresas de servicios de inversión (ESI), ya que incorpora una regulación marco global, llamada a dar una mayor estabilidad a nivel legal; también traspone definitivamente directivas que estaban pendientes, con la consiguiente mejora a nivel de seguridad jurídica; y define un esquema de relación entre ley y reglamento, que permitirá dotar de mayor agilidad los procesos de transposición de la directivas europeas, lo que también contribuirá a la seguridad jurídica y al sosiego de los agentes implicados”.
La fundadora del grupo GVC Gaesco contextualizó que “la tardía transposición de las directivas europeas ha supuesto sustanciales perjuicios en la competitividad de las empresas de servicios de inversión (ESI) de nuestro país, en relación con nuestros colegas europeos”. En este sentido, destacó que “España es el cuarto país con más procedimiento de infracción de transposición tardía incoados por la UE».
En este contexto, Vallvé apuntó que el proyecto de ley da respuesta a este retraso. “Por un lado, el proyecto de ley traspone cinco directivas de los años 2019, 2020 y 2021. Por otro lado, propone una regulación marco o global, llamada a una mayor estabilidad a nivel legal, complementada con tres desarrollos reglamentarios”, explicó.
Asimismo, la presidenta destacó los aspectos más relevantes que introduce el proyecto de ley, como los relativos al procedimiento de admisión a cotización, la eliminación de los Post Trade Information (PTI), y otros especialmente interesantes para los inversores como la introducción de las Special Purpose Adquisition Companies (SPAC), o la nueva regulación de los criptoactivos y los llamados TDR (Tecnología de Registro Distribuido).
Así, respecto de las SPAC, la presidenta subrayó que “por primera vez se regulan las sociedades cotizadas, con el propósito de adquirir la participación en el capital social de otras sociedades. Su regulación era imprescindible en nuestro país, con la vista puesta en nuevos y mejores ciclos bursátiles”, aclaró.
En relación con los criptoactivos y los TDR (teconología de registro distribuido), Vallvé expuso que el proyecto prevé que la Comisión Nacional del Mercado de Valores sea la autoridad competente para la supervisión, emisión, oferta y admisión a cotización de determinados criptoactivos que no sean instrumentos financieros, introduciendo asimismo un régimen de infracciones y sancionador que ofrecerá mayores garantías.
Continuó señalando que el proyecto introduce también las reglas necesarias para lograr la seguridad jurídica de la representación de valores mediante TDR, sistema sustitutivo de las anotaciones en cuenta, destacando que su uso ni altera ni puede alterar la naturaleza jurídica del instrumento financiero.
Por último, destacó la nueva regulación de las empresas de servicios de inversión. “Su adaptación al nuevo marco de la UE les ayudará a solucionar las dificultades derivadas de la exigencia de que este tipo de empresas se ajustasen a los requisitos de solvencia propios de las entidades de crédito. Con la regulación de las ESI nos encontramos ante un nuevo capítulo de transposición, ya que esta directiva no se llevó a cabo a tiempo”, explicó.
Las empresas de servicios de inversión de nuestro país, concluyó, se beneficiarán de la mejora de la competitividad que supone la transposición de la directiva 2021/338, de 16 de febrero, que formó parte de un conjunto de medidas adoptadas tras la pandemia para facilitar la recuperación económica.
La presidenta de GVC Gaesco celebró la presentación de este proyecto de ley que “llena un vacío normativo, lo cual era sumamente importante para el desarrollo del sector financiero, la seguridad jurídica de su actividad y la protección del inversor”, y se mostró esperanzada en que la nueva regulación, unida al trabajo honesto del conjunto de los agentes de la industria financiera, contribuya a fomentar el objetivo prioritario del sector, que no es otro que la preservación del patrimonio de los inversores y su rentabilización según el perfil personal de cada uno de ellos.